A través de una solicitud radicada el pasado 23 de enero ante la Corte Suprema de Justicia, el abogado Augusto Alfonso Ocampo solicitó a la Sala Plena del alto tribunal revocar la decisión por medio de la cual se nombró a Néstor Humberto Martínez cómo actual fiscal general. Dicho requerimiento se dio por su involucramiento en el caso Odebrecht antes de su nombramiento como jefe del ente investigador.
En el documento, el abogado Ocampo señaló que, para el 2012 Néstor Humberto Martínez, en su calidad de abogado privado, trabajó para la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. en la elaboración de un contrato de estabilidad jurídica y posteriormente en 2014 Martínez Neira, también en su calidad de abogado privado, trabajó para la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. en la elaboración de un concepto legal que apoyaba la solicitud de la Concesionaria de adicionar la vía Ocaña – Gamarra a las obras inicialmente pactadas con el Estado colombiano, empresa vinculada posteriormente con el escándalo de Odebrecht.
Posteriormente, según señala el documento firmado por el abogado Ocampo, hacia marzo del 2016 cuando se integró la terna para escoger a un fiscal general, Néstor Humberto Martínez no mencionó los impedimentos que podía llegar a tener en casos que ya estuvieran en conocimiento de la justicia, como lo fue el escándalo de Odebrecht que estalló en Brasil para el 2014. “Ni durante su intervención inicial, ni en las preguntas formuladas al ternado Néstor Humberto Martínez Neira hubo mención alguna a los conflictos de interés en que podría verse envuelto durante la investigación penal del escándalo de corrupción relacionado con la multinacional Odebrecht”.
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Por consiguiente, según el documento de solicitud de revocatoria, “se le pide a la Honorable Corte Suprema de Justicia en su Sala Plena sin necesidad de contar con el consentimiento de Néstor Humberto Martínez Neira revoque directamente el acto administrativo de nombramiento en el cargo que hoy, pese a la contundencia de las pruebas conocidas por el país entero con todo y los plantones de rechazo de la sociedad civil sigue desempeñando”.
Sin embargo, frente a estos cuestionamientos, el fiscal general ya se había referido anteriormente. Los hizo en diálogo con El Espectador, el pasado 17 de noviembre, cuando fueron revelados los audios de una conversación entre el fallecido excontroller Jorge Enrique Pizano y Martínez Neira, en ese entonces abogado privado, en los que se hablaba de los delitos cometidos en el caso Odebrecht.
Frente al cuestionamiento de por qué no había iniciado con las investigaciones debidas del caso al empezar su cargo como fiscal general, Matínez Neíra contestó que ese tipo de información la conoció cuando era abogado y por ello esa información estaba cubierta por un secreto profesional, “cuando uno es abogado tiene un secreto profesional y no puede llegar con los secretos de la profesión a empezar a hacer investigaciones penales. Eso es clarísimo”.
De igual forma, reiteró a este diario ,en su momento, que no presentó un impedimento por que “La Corte Suprema de Justicia ha dicho una y cien veces que el fiscal se declara impedido sobre los negocios que lleguen a su despacho y ese negocio, en ese momento, no había llegado a mi despacho”.
Sin embargo, esta no es la primera demanda interpuesta contra la elección del hoy fiscal general. El 12 de enero, mismo día en el que se realizó un plantón en frente del Bunker de la Fiscalía por estos hechos, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y la Comisión Colombiana de Juristas, radicaron una demanda ante el Consejo de Estado en la que sostenían que el acuerdo por el cual Néstor Humberto Martínez había sido designado como fiscal general, debía ser anulado.
En el recurso de 53 páginas, los querellantes aseguran que Martínez, en su condición de ternado, junto a Yesid Reyes y Mónica Cifuentes, omitió información “grave y relevante” sobre su conocimiento en el escándalo de corrupción de Odebrecht y el enredo en el mismo de las empresas y personas que él había representado. Es decir, de Luis Carlos Sarmiento Angulo y del Grupo Aval. La falta de información, según la demanda, llevó a que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia “no contara con información sustancial que podría haber afectado su decisión”.
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Dejusticia y la Comisión Colombiana de Juristas consignan 36 hechos que consideran relevantes. Algunos de ellos son los audios divulgados por El Espectador y Noticias uno, y entrevistas que Martínez concedió a varios medios de comunicación. Por ejemplo, Caracol Radio entrevistó el 10 de mayo de 2016 a los ternados para ocupar el cargo de fiscal general. Cuando le preguntaron a Martínez en qué procesos se declararía impedido, en caso de llegar a ser elegido, este contestó: “no conozco ningún familiar próximo o cliente que esté involucrado en alguna investigación penal en la Fiscalía. Tampoco cursa actualmente ningún proceso vigente en la Fiscalía en el que yo haya actuado como apoderado judicial. Así que a la fecha no veo impedimentos”.
Un fiscal ad hoc para el caso Odebrecht
El 13 de diciembre de 2018, Leonardo Espinosa Quintero fue elegido como nuevo fiscal ad hoc designado para asumir las investigaciones que se llevan a cabo en el escándalo de Odebrecht. Esta figura de fiscal ad hoc, precisamente se planteó debido a una recusación contra la vicefiscal María Paulina Riveros en la que se argumentaba que la funcionaria no podía actuar de manera independiente en las investigaciones por los sobornos de la multinacional Odebrecht debido a que estaba subordinada por el fiscal Néstor Humberto Martínez.(Lea: Leonardo Espinosa, nuevo fiscal ad hoc para el caso Odebrecht)
Espinosa fue elegido con 17 votos a favor de una terna conformada por Clara María González, secretaria jurídica de Presidencia, y el exmagistrado Gilberto Orozco Orozco. El alto tribunal aseguró que tras la evaluación hecha a las entrevistas realizadas a los ternados concluyó que el jurista era el facultado para asumir las investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht.
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