Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Se mueve de nuevo el escándalo de corrupción relacionado con la empresa Odebrecht y sus contratos en Colombia. Esta vez, por cuenta de una solicitud de la Fiscalía General de la Nación, para que precluya la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia en contra de Cecilia Álvarez, exministra de Transporte del gobierno de Juan Manuel Santos, por su presunta participación en el entramado de corrupción.
Por medio de una solicitud formal enviada al despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, el ente investigador pidió la preclusión de la investigación y retiró el escrito de acusación en contra de la exfuncionaria por su presunta responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contratos. La diligencia de acusación formal había sido programada para miércoles 13 de agosto.
Lea también: Estos son los hechos por los que la Corte Suprema va a condenar a Rodolfo Palomino
La investigación en contra de la exfuncionaria está relacionada con la firma y ejecución, al parecer irregular, de dos otrosíes, los 3 y 6, al contrato para la construcción del proyecto Ruta del Sol II. Según las pesquisas de las autoridades, esas adiciones le dieron luz verde a la construcción de un tramo vial entre Ocaña (Norte de Santander) y Gamarra (Cesar). “La exfuncionaria habría desconocido las normas contractuales, la jurisprudencia y un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado”, señaló la Fiscalía en su momento.
La exministra Álvarez también fue señalada por presuntamente haber dado el aval para que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), adjudicara esas dos adiciones al contrato de Ruta del Sol II sin que la contratación surtiera el respectivo trámite, según la ley.
Le puede interesar: El director de la UNP se pronuncia sobre el esquema de seguridad de Miguel Uribe
La exfuncionaria también había estado en su momento en el radar de la Procuraduría General de la Nación por el mismo caso relacionado con la firma Odebrecht, pues había pistas de que habría beneficiado a familiares suyos en la contratación. En 2017 el Ministerio Público inició una investigación por la que fue llevada en 2018 a juicio disciplinario. Pero, finalmente, en 2022 fue absuelta.
En este último movimiento judicial, el magistrado Caldas Vera aceptó que la Fiscalía retirara el escrito de acusación, argumentando que aún no se habría formalizado ni presentado de manera pública. Para el 25 de septiembre quedó programada la audiencia en la que se solicitará formalmente a la Corte Suprema de Justicia la preclusión de la investigación.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
