Odebrecht: seis años de prisión para Orlando Fajardo por contrato Tunjuelo-Canoas

Empresario Orlando Fajardo. Pagará su sentencia en casa.

El Juzgado 20 de Conocimiento de Bogotá acaba de leer el fallo contra el contratista Orlando Fajardo, quien se sometió a sentencia anticipada buscando beneficios judiciales, reconociendo su responsabilidad por el expediente Tunjuelo-Canoas. Se trata de un millonario proyecto de saneamiento del Río Bogotá, que terminó repartiendo millonarios dividendos a terceros, con la participación de la Constructora Norberto Odebrecht SA, sucursal de la multinacional brasilera investigada por entregar sobornos en Colombia.

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Orlando Fajardo fue sentenciado a seis años de prisión, sin embargo, en el acuerdo suscrito entre las partes se decidió que purgará su condena en casa. Además, pagará una multa de $317 millones y no podrá contratar con el Estado nunca más. Asimismo, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), de donde salieron los recursos para el contrato, recibirá una indemnización de $800 millones, a través de un reembolso parcial ordenado por el Juzgado 20 de Conocimiento.

Los delitos por los cuales fue condenado Fajardo son cohecho (soborno) por dar u ofrecer, abuso de confianza agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Todo inició en 2009, cuando Fajardo se interesó en un proceso contractual de licitación pública, que terminó en el acuerdo firmado entre la EAAB y el Consorcio Canoas, para la planeación, construcción y puesta en operación del Interconector Tunjuelo-Canoas. El contrato se firmó entre el 29 y 30 de septiembre de 2009, por un valor de $243 mil millones.

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El Consorcio Canoas estaba conformado por la Constructora Norberto Odebrecht SA, representada por Luis Antonio Bueno, y CASS Constructoras, representada por Carlos Alberto Solarte. Según quedó en el expediente, Orlando Fajardo se concertó con altos funcionarios como Jorge Enrique Pizano, gerente de la EAAB, quien le suministró información confidencial y privilegiada para elaborar los términos para concursar en la licitación, para que el Consorcio Canoas fuera el exclusivo receptor del contrato.

Según explicó el Juzgado, la EAAB giró un anticipo por $48 mil millones, que habrían terminado en los bolsillos de las empresas Fabrica Latinoamericana Instrumentos Financieros, cuyo propietario era Federico Gaviria, y ACC Ingeniería -hoy Azacan SAS-, representado entonces por Andrés Cardona Laverde. Parte del pastel quedó en la empresa Fajardo Nieto Limitada, constructora propiedad de Orlando Fajardo.

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“Fajardo Castillo dirigió y participó en la estructuración del Consorcio Canoas, junto con los antes mencionados, además de Luis Gabriel Nieto y Paola Fernanda Solarte Enríquez, haciéndose miembro de la Junta Directiva, para desde allí realizar toda una serie de conductas delictivas”, agregó el Juzgado. Según aceptó Fajardo, se le realizó un ofrecimiento económico al abogado Manuel Hernando Sánchez, quien representaba a la Unión Temporal Cartellone en el proceso licitatorio, para que mantuviera una actitud favorable a los intereses del Consorcio Canoas.

Sánchez habría sido representante de una empresa que no hizo mayor cosa por quedarse con el proyecto Tunjuelo-Canoas, por lo cual habría recibido $255 millones a través de la empresa de Orlando Fajardo, Constructora Fajardo Nieto LTDA. Según aceptó el condenado, de la constructora Norberto Odebrecht SA se habrían beneficiado los funcionarios Jorge Barragán Ortiz y Teódulo Álvarez. Por último, en la investigación se tiene que Fajardo, con ayuda de otros dos empresarios, habría logrado que $1.000 millones llegaran directamente a los hermanos Iván y Samuel Moreno Rojas, el primero entonces senador y el segundo entonces Alcalde Mayor de Bogotá, “con ocasión de la adjudicación de dicho contrato”.

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Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Samuel Moreno en octubre de 2017, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho impropio, sin embargo, a la fecha no se han anunciado más avances. Sobre Moreno pesa una condena, de 2016, por un contrato para la prestación de servicios de ambulancias que se firmó en 2009 y por el cual varios exconcejales, exfuncionarios y contratistas aceptaron su responsabilidad de desviar el 9% de $69 mil millones a sus bolsillos. Moreno fue sentenciado como el cerebro de esa corrupción y fue castigado con 18 años de prisión.