Oneida Pinto creó una “empresa criminal” en la Alcaldía de Albania: Fiscalía
La Fiscalía General le imputó cinco delitos relacionados con las irregularidades que rodearon la celebración de un contrato que buscaba reducir la mortalidad infantil en el municipio.
Redacción Judicial
La Fiscalía General le imputó los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento público y privado a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, dentro de las irregularidades que rodearon la celebración de un millonario contrato para disminuir las muertes de menores de edad en el municipio de Albania. (Lea: Las millonarias adiciones al contrato que tiene en líos jurídicos a Oneida Pinto)
El ente investigador sostiene que la entonces alcaldesa conformó una "empresa criminal" direccionando la entrega de millonarios contratos con el único fin de beneficarse económica y políticamente. Mediante la adición de 12 mil millones de pesos a los convenios interadministrativos números 008 y 006, Pinto utilizó recursos públicos con el único fin de garantizar un apoyo a su candidatura a la Gobernación en 2014.
"Sólo tenía el objetivo de conseguir dineros para su campaña política", precisó el fiscal de la unidad anticorrupción durante la audiencia de imputación de cargos. Consideró que ella misma seleccionó a los 1.600 subcontratistas para ejecutar los convenios pese a que estas personas no tenían ningún tipo de experiencia en temas de atención a menores de edad.
Lo único que tenían en común era que tenían cédula inscrita en el municipio de Albania. Con esto buscó directamente que estas personas apoyaran su candidatura a la Gobernacíón. "Ella creó una empresa criminal al interior de la alcaldía de Albanía con el único fin de ser dueña, ama y señora de los contratos para la reducción de la mortalidad infantil".
Debido a la gravedad de los hechos la Fiscalía General le solicitará al juzgado 39 de control de garantías que cobije a la exmandataria departamental con medida de aseguramiento en centro carcelario argumentando que representa un peligro para la comunidad y debido a su influencia puede manipular los elementos materiales probatorios y presionar a los testigos de la investigación.
La Fiscalía General le imputó los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento público y privado a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez, dentro de las irregularidades que rodearon la celebración de un millonario contrato para disminuir las muertes de menores de edad en el municipio de Albania. (Lea: Las millonarias adiciones al contrato que tiene en líos jurídicos a Oneida Pinto)
El ente investigador sostiene que la entonces alcaldesa conformó una "empresa criminal" direccionando la entrega de millonarios contratos con el único fin de beneficarse económica y políticamente. Mediante la adición de 12 mil millones de pesos a los convenios interadministrativos números 008 y 006, Pinto utilizó recursos públicos con el único fin de garantizar un apoyo a su candidatura a la Gobernación en 2014.
"Sólo tenía el objetivo de conseguir dineros para su campaña política", precisó el fiscal de la unidad anticorrupción durante la audiencia de imputación de cargos. Consideró que ella misma seleccionó a los 1.600 subcontratistas para ejecutar los convenios pese a que estas personas no tenían ningún tipo de experiencia en temas de atención a menores de edad.
Lo único que tenían en común era que tenían cédula inscrita en el municipio de Albania. Con esto buscó directamente que estas personas apoyaran su candidatura a la Gobernacíón. "Ella creó una empresa criminal al interior de la alcaldía de Albanía con el único fin de ser dueña, ama y señora de los contratos para la reducción de la mortalidad infantil".
Debido a la gravedad de los hechos la Fiscalía General le solicitará al juzgado 39 de control de garantías que cobije a la exmandataria departamental con medida de aseguramiento en centro carcelario argumentando que representa un peligro para la comunidad y debido a su influencia puede manipular los elementos materiales probatorios y presionar a los testigos de la investigación.