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¿Qué balance puede hacer sobre los recientes informes que entregaron el PNUD y la ONU en los que se evidencia que hubo violaciones de derechos humanos durante las protestas en 2020 y 2021?
Primero, sea señalar que este año hubo mucho debate relacionado con el papel de la Policía y las manifestaciones pacíficas. En Colombia, este año, entre el 28 de abril y julio, se desarrollaron más de 15.500 manifestaciones pacíficas, todas ellas acompañadas por la fuerza pública. En 1.700 oportunidades, se presentaron hechos violentos de vandalismo o de bloqueo en las que tuvo que actuar la Policía. Nuestros uniformados respetan la manifestación pacífica tal y como está establecido en la Constitución, pero tiene que actuar en los momentos donde hay vandalismo, bloqueo o violencia que genera disturbios o desórdenes. Sobre los dos informes que se presentaron la semana pasada, el primero, de un consultor independiente que es candidato al Senado, es un informe que consideramos que presenta y plantea algunas acciones que pueden definirse como tendenciosas.
¿Por qué tendenciosas?
En primer lugar, porque es inaceptable que se califique que la Policía ha cometido masacres. Nadie puede atribuirse las funciones que tiene la Fiscalía, que es la que termina diciendo, desde el punto de vista judicial, quiénes son los responsables de diferentes delitos y esto es hoy materia investigación. No puede un informe afirmar categóricamente que eso sea así y es inaceptable utilizar la palabra masacre para una actuación de la Policía. En segundo término, por supuesto, porque en este informe, a pesar de que se presentan varias conclusiones, no se presenta el contexto de lo que sucedió el 9 y 10 de septiembre del año 2019
¿Por qué considera que era importante mencionar esas dos fechas?
Porque esos días no hubo una manifestación pacífica, sino, por el contrario, actos premeditados de ataques a los CAI en Bogotá. De 136 que hay en la ciudad, esa noche fueron atacados 76. Por lo tanto, esa noche fue de violencia, no de una manifestación pacífica. Fueron atacados y agredidos los policías y los colombianos y bogotanos vimos cómo buscaban incinerar a uniformados dentro los centro de atención inmediata, cómo eran agredidos con bombas molotov y con piedras. Nosotros entendemos que, claramente, si hubo hechos que van en contra de la ley o en contra de la Constitución, deben ser investigados. De hecho, en los días siguientes a lo que sucedió el 9 de septiembre, la misma Inspección de la Policía abrió procesos de investigación y en los casos más graves, la Fiscalía y la Procuraduría están encima. Lo que se pide es un debido proceso y no prejuzgar. Nuestra Policía ha venido adelantado, a lo largo de este año, proyectos de reforma como el de la ley de profesionalización que fue aprobado la semana pasada en el Congreso y el del régimen disciplinario.
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Más allá de si es tendencioso el informe o si hay un candidato en su autoría, este informe muestra una clara evidencia de violaciones de derechos humanos, ¿qué puede decir el Ministerio de Defensa ante estos hechos que nada tienen que ver con lo político?
Las evidencias se materializan en procesos judiciales donde se puede indicar que sí hubo violación de derechos humanos. En este momento, los procesos de investigación complejos relacionados con los potenciales homicidios están en proceso. En la Fiscalía hay material probatorio que será el que determine si hubo responsables o no. Frente a las afectaciones oculares, hay procesos de investigación en curso. Es claro que donde hubo actos irregulares, que vayan en contra la ley o de los derechos humanos, serán investigados. Donde tuvo que tomar decisiones la Policía, se tomaron decisiones al respecto.
¿Cómo en qué caso?
Dónde hubo hechos graves que lamentamos profundamente, como el caso de Javier Ordóñez, ya hay un policía que está pagando su condena y hay otro que está en juicio. Entonces, un informe puede hacer una aseveración, pero no puede decir que un material es probatorio de violación de derechos humanos, porque eso es materia de investigación y le corresponde a las autoridades judiciales correspondientes determinar que ese hecho fue un delito. Creo que en este primer informe, hubo unos señalamientos que nosotros no compartimos. Siempre hay espíritu de mejora y de escucha. Pero cuando uno ve que ese documento se presenta el mismo día que se presenta una candidatura al Senado, pues realmente le resta legitimidad.
Días después de esa publicación, la ONU publicó el suyo. Y el panorama ahí no cambió nada respecto al uso desproporcionado de la fuerza pública frente a la protesta. ¿Cuál es su opinión sobre este?
En el caso del documento de la ONU, nosotros compartimos los comentarios de ese informe, se hicieron sugerencias y algunas de las recomendaciones que se habían hecho ya las habíamos planteado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras viene siendo implementadas. Lo que rescato del segundo informe es el reconocimiento sobre decreto 003, donde se establecen procedimientos y protocolos para aplicación frente a manifestaciones pacíficas y el manejo de la protesta. Ese decreto fue implementado por el Gobierno en diciembre pasado y se le dio aplicación específicamente en todas las manifestaciones que se presentaron del 28 de abril al 1 de julio de este año.
Pero, incluso con ese decreto, la violencia policial se recrudeció durante el paro de este año. ¿De qué sirve si pasa lo que pasa?
En el caso de los hechos presentados entre el 8 de abril al 1° de julio, también se abrieron investigaciones al interior de la Inspección de la Policía. Y, donde hubo actos que fueron en contra de la ley y podrían considerarse faltas gravísimas por homicidio, esos están siendo investigados por la Fiscalía. De hecho, ya hay imputaciones y esperamos que se surta el proceso. Hay otros hechos que son materia de investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría, también frente de algunos de los policías que estuvieron involucrados en esos actos.
Con todas las denuncias por abuso de fuerza que tuvo la Policía este año, se volvió a la discusión si debería pasar al Ministerio del Interior. ¿Usted qué opina de esa posibilidad?
Colombia es un país atípico. Históricamente la Policía estuvo en ese Ministerio hasta mitad del siglo pasado. Después del Bogotazo, desafortunadamente, se encontró a una Policía que tomó color político y eso afectó a la violencia en Colombia. Desde ahí se tomó la decisión de tenerlo en el Ministerio de Defensa. Yo creo que es la mejor decisión frente a las realidades de Colombia por varias razones. La primero, porque dentro del Ministerio de Defensa no se permite que la Policía pierda su carácter civil y eso lo estableció claramente la Constitución del 1991. Segundo, porque la Policía, es muy diferente frente a otras del mundo porque es polivalente y multifuncional.
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¿A qué se refiere?
La Policía colombiana combate el narcotráfico, el contrabando, tiene protección a la niñez, servicio de Policía urbana y de seguridad ciudadana, además de ciberseguridad. Si tuviéramos un país que no tuviera las amenazas que tiene Colombia, uno diría que la Policía puede tener otro rol, pero hoy aún tenemos amenazas. El papel de la Policía en la lucha contra el Clan del Golfo y la captura de Otoniel fue muy importante, porque contó con la vinculación de todas las fuerzas: Policía, Ejército, fuerzas especiales, Armada y Fuerza Aérea. Esa integración es muy importante para tamañas amenazas que tiene Colombia desde el punto de vista de seguridad.
Pero quien esta sugiriendo el cambio de ministerio no es una institución recien llegada al país. Es la ONU, que sí conoce las características del país y la que documentó toda una serie de abusos por parte de la fuerza pública...
Yo creo que se desconoce la realidad de seguridad de Colombia frente a esa afirmación porque, de hecho, la reforma que nosotros planteamos es una reforma que va de fondo frente al papel de la Policía. Es un cambio para tener un mejor desempeño y seguridad ciudadana. Y eso inicia con el mismo Ministerio de Defensa. Esta reforma ha hecho que tengamos un observatorio de derechos humanos al interior del Ministerio y se creará una dirección de Seguridad Ciudadana para la coordinación y el desarrollo de las políticas con la Policía. Lo segundo, es una reforma que incluye los dos proyectos de ley: la profesionalización de todos los patrulleros para que tengan mejores competencias en derechos humanos, en uso de la fuerza, en procedimientos policiales y en servicio de Policía, y que los que no tengan esas competencias tendrán que salir. También se propone un nuevo régimen disciplinario que hace más exigentes las investigaciones y los resultados para que no haya impunidad.
¿Y qué van a hacer con la imagen negativa que se tiene de la Policía en este momento?
Yo creo que en Colombia, la Policía ha sido cimiento de la democracia. Es una institución que siempre ha sido respetuosa y protectora de las instituciones y de los ciudadanos. Cuando ha tenido que enfrentar desafíos de mejora, los ha enfrentado, como durante la época de los carteles de droga, como durante la época del narcoterrorismo y ahora está comprometía con su propio mejoramiento. Está construyendo sobre lo que en el pasado ya había logrado y proyectándose hacia el futuro. Los colombianos pueden tener la certeza de que vamos a tener una mejor Policía.
Otro informe fue el que presentó la organización Transparencia por Colombia, donde exponen a la Policía y al Ejército como unas de las instituciones con mayor corrupción en el país. ¿Qué acciones va a tomar el Ministerio para combatir la corrupción dentro de la fuerza pública?
La política del gobierno del presidente Duque, y por supuesto de nosotros, es cero tolerancia con la corrupción. Qué evidencia y qué hemos venido trabajando, en especial con esta administración, dos hechos muy importantes. Primero, certificaciones de calidad. Tenemos hoy procesos y procedimientos certificados en ISO 9.000, en OHSAS 18.000 y, adicionalmente, en seguridad ocupacional. ¿Por qué es importante tener un sistema de certificación de calidad? Porque con eso se tiene todos los procesos regulados, con indicadores, rendición de cuentas. Eso quiere decir que frente a esos hechos, hoy hay estándares estipulados que cualquier persona puede vigilar y que permiten hacer rendición de cuentas y seguimiento a indicadores que son públicos.
¿Y lo segundo?
Hemos procedido inmediatamente a hacer investigaciones de control interno, que son puestos en contexto y conocimiento de la Contraloría o de la Procuraduría. Este año, especialmente, hemos desarrollado una acción por parte de los procesos de contratación, donde todas las contrataciones que hemos desarrollado tienen una vinculación directa con procesos abiertos que permiten la sana y libre competencia. Adicionalmente, utilizando los mecanismos de Colombia Compra Eficiente que es la mejor forma de garantizar procesos competitivos.
Pero esa herramienta de Colombia Compra Eficiente ha estado activa en el Ministerio desde hace muchos años...
Sí, pero lo que hicimos fue ampliar la posibilidad para todos los procesos que estuvieran desarrollándose.
Cambiando de tema, en Cúcuta se presentaron este año más de cuatro ataques, incluido el atentado contra el presidente Duque, ¿qué es lo que pasa en esa zona del país y qué está haciendo el Ministerio para garantizar la seguridad?
Sobre este tema, es muy importante entender el contexto de lo que es Cúcuta, dentro de Norte de Santander. En este departamento, desafortunadamente, tenemos el mayor índice de cultivos ilícitos, casi 32.000 hectáreas y la presencia de varios grupos armados organizados: Eln, disidencias de las Farc, Clan del Golfo y Los Pelusos. Esto genera un contexto de violencia complejo porque el narcotráfico es la fuente principal que alimentan la violencia y el número cultivos ilícitos, número de laboratorios y la disputa de esas redes criminales, es lo que más genera violencia. A este panorama hay que agregarle un factor adicional.
¿Venezuela?
Sí. La frontera con Venezuela. Está absolutamente claro que, del otro lado, el régimen de Maduro protege a esas organizaciones criminales. Desde Venezuela, están planeando y financiando acciones terroristas en contra de Colombia. Por lo tanto, ese contexto es importante entenderlo. Además, hay que mencionar al Catatumbo. La presencia de cultivos ilícitos y los pasos ilegales que se abren en la frontera han permitido que se convierta en un territorio donde se cultiva y se procesan las sustancias ilícitas y los grupos ilegales buscan utilizar rutas para desarrollar esa actividad. Este año hicimos el lanzamiento del Comando Específico de Norte de Santander, de 13.000 hombres agregados específicamente en tres zonas de Norte Santander, para poder combatir y desmantelar esas organizaciones criminales, con resultados importantes.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, con los Pelusos. Hoy están bastante disminuidos. Ya quedan unos reductos que no se consideran como grupo armado organizado, sino más como un grupo delincuencial. En el caso del Clan del Golfo, era vital la neutralización y la captura de alias Otoniel porque ya tenía plan de expansión en el Norte Santander, que complicaba más el proceso.
¿Cuáles son los dos grupos más complejos hoy?
Las disidencias de las Farc y el Eln. En el caso del Eln, la mayoría de sus cabecillas tienen hoy presencia en territorio venezolano. El único cabecilla principal que quedaba en Colombia era alias Fabian, pero ya fue neutralizado y con eso se evitaron los planes de expansión, pero sobre todo en la zona del Pacífico colombiano. Y las disidencias de las Farc, las que más operaciones han recibido en zona del Catatumbo.
Es clara la distribución de estos grupos en el departamento. Pero esa violencia está llegando a la ciudad…
El caso de los atentados terroristas del área metropolitana de Cúcuta, revisamos que, de los siete últimos atentados, en cinco de ellos, y aparentemente en el último (el del aeropuerto), son responsabilidad de las disidencias de las Farc. En específico, del Frente 33 de alias John Mecha. Ya creamos un Consejo de Seguridad, una estructura especial de investigación y de inteligencia para enfocarnos mucho en el área metropolitana porque la situación está generando mucho terror. Sólo hace tres días hubo cuatro falsas llamadas de potenciales afectados.
¿Cuáles son las medidas que ha tomado frente a esta situación?
La responsabilidad de la Policía y de la Fuerza Pública es judicializar y capturar a los explosivistas que están allí. Por eso la burbuja de inteligencia especial. Pero también es prioridad generar tranquilidad y hacer presencia en la zona. ¿Qué hicimos? Se creó el plan San José y llegaron 2.100 policías nuevos esta semana para reforzar el pie de fuerza, sobre todo en época de Navidad. También se fortaleció el plan Muralla, especialmente para controlar el tema de los pasos ilegales con Venezuela.
¿Cómo quedan organizados los grupos armados en el país?
Uno podría decir que los grupos armados organizados, en el 2010, podrían llegar a tener 25.000 hombres entre armas y redes de apoyo. Después del Acuerdo de Paz, o poco antes de él, podrían llegar a ser 22.000. Después de 2016, quedaron básicamente siete grupos al margen de la ley consolidados, con aproximadamente 16.000 hombres en armas. A hoy, podemos decir que hemos eliminado a los Caparros, con la captura de alias Flechas, a los Pelusos, que ya están muy disminuidos, y a los Puntilleros. Hoy tenemos aproximadamente 13.000 hombres en armas y los grupos consolidados son el Eln, las disidencias de las Farc, que tienen dos ramas, una manejada por Iván Mordisco y Gentil Duarte, y la otra, la Segunda Marquetalia, que opera también desde Venezuela principalmente. Y el tercero: el Clan del Golfo, que con la captura de alias Otoniel, más de 200 miembros han sido capturados o han entrado a procesos de sometimiento en este último mes y medio.
El gobierno y las fuerzas militares han insistido una y otra vez que los líderes de estos grupos están en Venezuela. ¿Qué han hecho para resolver este problema que se traduce en el recrudecimiento de la violencia en Colombia?
Uno esperaría que los gobiernos extranjeros, especialmente el de Venezuela, hicieran cumplir las circulares de Interpol. Mientras tanto, nuestra responsabilidad es proteger las fronteras y a los colombianos en nuestro país. Por eso, las acciones que se adelantan contra las disidencias de las Farc. Nuestro reto más importante es combatir esas organizaciones con unas campañas ofensivas que hemos tenido en todas las zonas del país. Primero, lo logramos con el Eln con la neutralización de alias Fabián y su plan de expansión que tenía en el Pacífico. Lo logramos con Otoniel, con su plan de expansión en el Catatumbo y también en el Pacífico. El énfasis del próximo año es combatir esos grupos armados organizados.
Al gobierno Duque le quedan siete meses. ¿Cómo se avanzó en el tema de erradicación de cultivos ilícitos en su último año?
El año pasado se logró bajar a 143.000 hectáreas los cultivos ilícito y este año ya hemos erradicado 100.000 hectáreas. Ya cumplimos con la meta del cuaternio que eran unas 238.000 hectáreas, pero vamos a llegar a más de 350.000. Es un esfuerzo muy grande de erradicación manual, pero además complementado con todos los esfuerzos. Siguen los programas de desarrollo alternativo que hace la oficina del alto comisionado Emilio Archila, cambiando coca por cacao, y siguen los programas de erradicación manual. Por eso, este año, nos concentramos en las principales regiones donde hay cultivos ilícitos como en el caso de Nariño, Catatumbo y de Putumayo. Además, este año decidimos fortalecer y profundizar el desmantelamiento del laboratorios de coca.
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Usted recibió esta cartera casi que al final del Gobierno Duque, aun así, ¿cuál es el legado que quiere dejar de su Ministerio?
Hay un tema con el que le estamos trabajando con alma y sombrero. Queremos cambiar la lógica de las fuerzas militares en términos de protección ambiental. Por primera vez, el Plan de Desarrollo señaló que la biodiversidad y los bosques son un activo estratégico que debe proteger la fuerza pública. Por eso, la campaña Artemisa comenzó a enfocarse en cómo evitar la deforestación, y la instrucción del presidente es que sea parte de la doctrina de las fuerzas militares y de la Policía, para que se avance en el control de la deforestación terrestre. Vamos a iniciar con la Armada el control de la deforestación de arrecife de coral que es el principal punto de biodiversidad en nuestros océanos.
¿Esta tarea incluye una capacitación muy específica para los hombres de la fuerza pública?
Vamos a preparar y a dejar un pie de fuerza que, hacia el futuro, no solo proteja el medio ambiente para Colombia, sino que proteja ese medio ambiente de Colombia que es el mejor servicio que podemos dar a la humanidad en el planeta. Es una forma de contribuir también a que no se desarrollen esos efectos nocivos del cambio climático, pero con resultados concretos.
En el desarrollo de la operación Artemisa algunos campesinos han terminado involucrados por solamente seguir órdenes de sus capataces y la fuerza pública y la Fiscalía los incluye en sus cifras de éxito. ¿Qué están haciendo para dar con los que reamente están detrás de la deforestación?
En el caso de Artemisa, comenzamos a encontrar que las primeras operaciones son muy locales y quienes fueron capturados fueron los que tenían los instrumentos para hacer el corte en los árboles. A partir del proceso investigativo, estamos llegando a los cabecillas principales y también buscamos llegar al fondo de quién está financiando esta actividad. Eso hace parte de las investigaciones que viene desarrollando la Fiscalía. Por su puesto, esto es una cadena que va desde el campesino que hace el corte del árbol, hasta aquellos que la financian y que se apropian después de los títulos de tierra, como las intenciones que tienen Iván Mordisco y Gentil Duarte.
¿En esto tiene que ver la nueva ley de delitos ambientales?
Sí, porque es mucho más estricta. Lo que venimos encontrando es que, por ejemplo, se capturaban a estos campesinos y después tenían que dejarlos libres porque eran delitos excarcelables. Hoy, con la nueva ley, Colombia tiene una legislación que va a permitir llegar a esos autores intelectuales de ese delito global que es el de la deforestación.
*Esta entrevista se realizó antes de que el Congreso aprobara la nueva ley de seguridad ciudadana.
