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Masacres, asesinato de líderes sociales, violencia política, discursos de odio en redes sociales, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores de edad y más control territorial por parte de los grupos armados. Estas son algunas de las realidades en el país que documentó el reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) correspondiente al periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.
Una de las principales preocupaciones plasmada en el documento de 15 páginas tiene que ver con el control territorial de los grupos armados y las estructuras criminales. Según detalló el informe, los grupos ilegales continuaron durante todo el 2025 afianzando su presencia en los territorios del país y alertaron por la posibilidad de “retroceder a la grave situación de derechos humanos experimentada antes de la firma del Acuerdo Final de Paz”.
A ese contexto se le suma el recorte de presupuesto para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que condujo a la reducción de casi el 50% de su personal en Colombia y el cierre de tres oficinas en Medellín, Neiva y Villavicencio. Esto impactó la capacidad de monitoreo de las violencias en los territorios, la capacidad de asistencia técnica y de incidencia.
Otra de las preocupaciones que resalta el informe tiene que ver con el aumento de violencia política, un panorama que se arraiga en 2026, justo en época electoral. El informe registró 18 casos de homicidio y 126 casos de ataques y amenazas en contra de lideresas y líderes políticos. Además, la ONU hizo énfasis en una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo que identificó 649 municipios que requerían acción inmediata, urgente y prioritaria por sus niveles de riesgo.
La violencia en los espacios digitales también fue un punto de discusión en el informe, pues según se pudo documentar, incrementaron los discursos de odio y discriminatorios a través de redes sociales.
Seguridad y derechos humanos en Colombia
En primer lugar, el ACNUDH señaló que la violencia entre grupos armados y organizaciones criminales, así como entre estos y la Fuerza Pública, ha afectado principalmente a las regiones del Catatumbo, Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta, además de un total de 11 departamentos, entre ellos Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó y Guaviare.
Siguiendo esa línea, el informe indicó que estos grupos armados y organizaciones criminales son los responsables de “desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos, privaciones arbitrarias de la libertad, daños por artefactos explosivos, violencia sexual y reclutamiento y utilización de niños y niñas, particularmente entre la población étnica”.
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En cuanto a masacres, el ACNUDH recibió reportes de un total de 87 hechos ocurridos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. De estos, 53 fueron verificados, 16 se encuentran en proceso de verificación y 18 fueron considerados no concluyentes. En estos casos se registró un total de 174 víctimas: 147 hombres, 20 mujeres, cuatro niños y tres niñas. El informe señaló que los departamentos más afectados por masacres fueron Antioquia, Atlántico, Norte de Santander y Valle del Cauca.
Asimismo, indicó que en el 95 % de las masacres verificadas la presunta responsabilidad recayó en organizaciones criminales y grupos armados no estatales. “En el 75 % de los casos, la presunta motivación estaría relacionada con disputas por el control de economías ilícitas”, señaló el ACNUDH.
Entre otros temas, el informe también menciona el denominado “Plan Pistola” y advierte que las organizaciones criminales continúan recurriendo a este mecanismo de persecución contra las autoridades, principalmente en Antioquia y la región Caribe. “De acuerdo con el Ministerio de Defensa Nacional, en 2025 murieron 173 integrantes de la Fuerza Pública y 765 más resultaron heridos” indicó el informe.
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Reclutamiento de menores
ACNUDH mencionó la nota informativa publicada en junio de 2025, titulada “Atrapados en las redes del conflicto: aumento del reclutamiento de niñas y niños en Colombia”, en la que identificó un agravamiento de la situación de la niñez en el conflicto armado y un aumento progresivo de víctimas entre 2022 y 2024. En 2025, la oficina verificó 150 casos de reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos armados no estatales. En total, se trataría de 98 niños y 52 niñas.
El informe verificó la muerte de 17 niños y 13 niñas que habían sido reclutados en Amazonas, Arauca, Caquetá, Guaviare, Huila y Norte de Santander. Adicionalmente, el ACNUDH incluyó los fallecimientos de menores ocurridos en al menos cuatro bombardeos realizados en el marco de operaciones militares, en los que murieron ocho niños y siete niñas.
Situación de las personas defensoras de derechos humanos
El ACNUDH señaló que en 2025 recibió 207 reportes de homicidios de defensores de derechos humanos: “En 99 casos verificó que la persona era defensora de derechos humanos y que los motivos de su homicidio se relacionaban con su labor, y en 39 casos las personas eran defensoras, pero no se pudo determinar un nexo causal entre el homicidio y su labor”.
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Por otro lado, 69 de estos casos fueron considerados no concluyentes. En cuanto al género, de los 99 casos verificados, 81 correspondían a hombres, 16 a mujeres, una a una mujer trans y uno a un hombre gay. Según el ACNUDH, los grupos armados siguen siendo los presuntos perpetradores de estos crímenes en el 70% de los casos.
Entre otros temas, en cuanto a la política de Paz Total, el ACNUDH señaló que, durante el período que abarca el informe, estos procesos “en la mayoría de los casos no lograron prevenir violaciones y abusos, como homicidios de personas defensoras o el reclutamiento de niños y niñas”. Asimismo, indicó que tampoco consiguieron generar espacios de diálogo con participación libre y segura de las comunidades involucradas ni colocar los derechos de las víctimas en el centro de las negociaciones.
Recomendaciones
Entre las 26 recomendaciones entregadas por el ACNUDH a Colombia se encuentra el garantizar la plena implementación del Acuerdo de paz, así como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y su Subcomisión técnica “orientando sus resultados hacia el desmantelamiento del fenómeno criminal y garantizando su articulación territorial e interinstitucional”.
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Asimismo, recomendó adoptar medidas para evitar un deterioro de los derechos humanos, aprobar la política nacional de garantías para personas defensoras de derechos humanos y el plan de acción en derechos humanos. La ACNUDH también instó a fortalecer las estrategias de prevención, investigación y respuesta frente al reclutamiento y utilización de niños y niñas.
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