Organismos de control advierten que la Ley de Víctimas está desfinanciada
La Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas señaló que para cumplir con los objetivos trazados, entre el 2018 y el 2021, esta política pública necesitaría $192.29 billones. De no ser así, se necesitarían al menos 10 años para alcanzar las metas propuestas.
-Redacción Judicial
El más reciente informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas 1448 (Csmlv) reveló que los recursos actualmente asignados para el cumplimiento de esta ley resultan insuficientes, y que, de seguir así, se necesitarían al menos 10 años adicionales para cumplir con los objetivos trazados.
De acuerdo con la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría, entidades que conforman la Csmlv, el financiamiento de la 1448 debería ser de $129.29 billones en el período comprendido entre 2018 y 2021, lo cual excede por $28.4 billones el presupuesto que había estimado el gobierno nacional.
Lea: "Recursos para reparación no se han entregado indebidamente": Unidad de Víctimas
El tiempo de 10 años que estiman estas entidades es el resultado de analizar el valor ejecutado para esta política pública en el 2017, que fue de $13.5 billones.
“Resulta imperativo que el Gobierno nacional realice un análisis presupuestal riguroso y detallado de la Ley y los Decretos Leyes Étnicos frente a su cumplimiento, en consideración a su vigencia, de modo que se garantice un escenario real de financiamiento y una mayor eficiencia financiera y administrativa, en procura de la satisfacción de los derechos de las víctimas”, señalaron los órganos de control en un comunicado conjunto.
Además de revelar los problemas de financiación de la Ley de víctimas, la Comisión, encabezada por el procurador general, Fernando Carrillo; el contralor general, Edgardo Maya; y el defensor del pueblo, Carlos Negret; presentó balances negativos sobre otros temas que atañen a esta ley. Por ejemplo, que el componente étnico de la 1448 se encuentra atendido de manera muy precaria. “Se encontró retraso en la reparación colectiva de las comunidades étnicas, de 382 sujetos solo 18 están en fase de implementación”, afirmaron los organismos.
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Situación similar se identificó en relación con la restitución de tierras. “De 283 casos de restitución étnica identificados, tan solo 11 cuentan con sentencias judiciales y en ninguno se ha dado cumplimiento total y efectivo de las órdenes impartidas”, se lee en el comunicado.
Respecto a la situación de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, la Comisión condenó el asesinato de 333 líderes sociales ocurridos entre el 1 de enero del 2016 y el 3 de agosto de 2018. Para estos organismos, esa situación revela la limitada capacidad de la Unidad Nacional de Protección para garantizar la seguridad de víctimas. Esta entidad señaló que “del total de las víctimas que tienen nivel de riesgo de seguridad extraordinario, solo el 24% tiene medidas de protección implementadas”.
La Csmlv señaló que aún falta por indemnizar al 88% de las víctimas, por lo cual hizo un llamado al Gobierno para que analice la capacidad presupuestal y administrativa para poder cumplir con la meta trazada.
Las cifras reveladas en este informe dejan un panorama bastante pesimista para la reparación a víctimas en el país. “En conclusión, tras siete años de implementación de la Ley de Víctimas y los Decretos Leyes, los resultados obtenidos no se han dado a un ritmo que permita estimar que se cumplirá con los objetivos reparadores en los tres años que quedan de vigencia. Para la CSMLV la estrategia para asumir los desafíos planteados deberá incluirse en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, previendo una revisión exhaustiva de la política pública dirigida a la población víctima”, puntualizaron los organismos.
El más reciente informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas 1448 (Csmlv) reveló que los recursos actualmente asignados para el cumplimiento de esta ley resultan insuficientes, y que, de seguir así, se necesitarían al menos 10 años adicionales para cumplir con los objetivos trazados.
De acuerdo con la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría, entidades que conforman la Csmlv, el financiamiento de la 1448 debería ser de $129.29 billones en el período comprendido entre 2018 y 2021, lo cual excede por $28.4 billones el presupuesto que había estimado el gobierno nacional.
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El tiempo de 10 años que estiman estas entidades es el resultado de analizar el valor ejecutado para esta política pública en el 2017, que fue de $13.5 billones.
“Resulta imperativo que el Gobierno nacional realice un análisis presupuestal riguroso y detallado de la Ley y los Decretos Leyes Étnicos frente a su cumplimiento, en consideración a su vigencia, de modo que se garantice un escenario real de financiamiento y una mayor eficiencia financiera y administrativa, en procura de la satisfacción de los derechos de las víctimas”, señalaron los órganos de control en un comunicado conjunto.
Además de revelar los problemas de financiación de la Ley de víctimas, la Comisión, encabezada por el procurador general, Fernando Carrillo; el contralor general, Edgardo Maya; y el defensor del pueblo, Carlos Negret; presentó balances negativos sobre otros temas que atañen a esta ley. Por ejemplo, que el componente étnico de la 1448 se encuentra atendido de manera muy precaria. “Se encontró retraso en la reparación colectiva de las comunidades étnicas, de 382 sujetos solo 18 están en fase de implementación”, afirmaron los organismos.
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Situación similar se identificó en relación con la restitución de tierras. “De 283 casos de restitución étnica identificados, tan solo 11 cuentan con sentencias judiciales y en ninguno se ha dado cumplimiento total y efectivo de las órdenes impartidas”, se lee en el comunicado.
Respecto a la situación de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, la Comisión condenó el asesinato de 333 líderes sociales ocurridos entre el 1 de enero del 2016 y el 3 de agosto de 2018. Para estos organismos, esa situación revela la limitada capacidad de la Unidad Nacional de Protección para garantizar la seguridad de víctimas. Esta entidad señaló que “del total de las víctimas que tienen nivel de riesgo de seguridad extraordinario, solo el 24% tiene medidas de protección implementadas”.
La Csmlv señaló que aún falta por indemnizar al 88% de las víctimas, por lo cual hizo un llamado al Gobierno para que analice la capacidad presupuestal y administrativa para poder cumplir con la meta trazada.
Las cifras reveladas en este informe dejan un panorama bastante pesimista para la reparación a víctimas en el país. “En conclusión, tras siete años de implementación de la Ley de Víctimas y los Decretos Leyes, los resultados obtenidos no se han dado a un ritmo que permita estimar que se cumplirá con los objetivos reparadores en los tres años que quedan de vigencia. Para la CSMLV la estrategia para asumir los desafíos planteados deberá incluirse en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, previendo una revisión exhaustiva de la política pública dirigida a la población víctima”, puntualizaron los organismos.