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El pasado 14 de mayo, durante una audiencia pública en las instalaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organizaciones de víctimas escucharon a diferentes actores del sistema judicial y ejecutivo sobre los avances que han adelantado para dar con el paradero de personas desaparecidas. La diligencia se llevó a cabo en el marco de una medida cautelar que busca proteger los derechos a la memoria y verdad de víctimas de desaparición forzada. No obstante, luego de la audiencia, algunas organizaciones citadas emitieron un comunicado, en el cual rechazan la organización de la diligencia.
Según el documento, firmado por 14 organizaciones, desde el 21 de noviembre de 2023, ante el despacho del magistrado Raúl Eduardo Sánchez, presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SAR), las organizaciones habían presentado una serie de peticiones que, dicen, no fueron acogidas por el despacho. Por ejemplo, dejaron sobre la mesa un oficio con propuestas de lugares, fechas, metodologías y opciones de participación de las víctimas que, sin embargo, “no fueron tenidas en cuenta por parte de la JEP”. También solicitaron reuniones previas “con el propósito de articular con los demás despachos que tienen bajo su conocimiento medidas cautelares y hacer más óptimo y público el propósito de la audiencia nacional”.
Las organizaciones de víctimas señalaron que tampoco se tuvo en cuenta las peticiones de medidas cautelares en diferentes zonas de interés forense, donde, se presume, existen cuerpos no identificados o cuerpos identificados no reclamados y que fueron víctimas de desaparición forzada. También argumentan que para la audiencia, la Jurisdicción “limitó la participación de solo dos vocerías de las organizaciones peticionarias, de víctimas y buscadoras, lo que no garantiza una participación efectiva y central de las víctimas. Ante el rechazo y negativa de esta posibilidad, han abierto dos espacios más de participación, pero de una manera desordenada, sin consenso y de manera tardía”, anotan.
La audiencia que busca otorgar una medida cautelar nacional para las víctimas de desaparición forzada continuará el de 16 de mayo en Barrancabermeja (Santander). Ante esta continuación también se refirieron las víctimas: “La segunda fecha de la audiencia escogida por la JEP en la ciudad de Barrancabermeja coincide con la conmemoración número 26 de la Masacre de Barrancabermeja (16 de mayo de 1998), esto ocasionará el desvío de la atención para dicha conmemoración y centrarse en la audiencia nacional, las organizaciones de víctimas de esta región de Santander expresan su descontento por no haber contemplado esta situación. Además, la convocatoria de las organizaciones que hacen parte del colectivo 16 de Mayo se hizo a pocos días de la audiencia y sólo ante el reclamo de las mismas”.
De acuerdo con las organizaciones, se debe tener en cuenta el principio de centralidad de las víctimas, por lo que deberían ser parte fundamental para la coordinación de la metodología, así como la preparación, organización y participación durante las audiencias. Así mismo, señalaron que “se debería garantizar la posibilidad de ser escuchadas, sin la premura de tiempos y espacios limitados para que conozcan sus necesidades y expectativas, lo cual representa un pilar fundamental del Sistema Integral de Paz y de la JEP”.
Al final de la diligencia, la JEP subrayó algunas órdenes que tendrían que ser tenidas en cuenta en el marco de la medida cautelar nacional. No obstante, el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda presentó recurso de reposición y tendrá tres días para sustentar esa solicitud. Entre las conclusiones de la audiencia está la creación de mesas técnicas entre entidades y ministerios para diseñar planes operativos que busquen acelerar los procesos de búsqueda de desaparecidos. Además, pidió vincular al Dane al trámite cautelar. La audiencia continuará el próximo jueves 16 de mayo en Barrancabermeja.
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