Todavía con la indignación viva por el caso del niño Gabriel Esteban González, quien fue asesinado por su padre, como aceptó ante la justicia, el pasado 2 de octubre en Melgar (Tolima), en Bogotá, hay una historia con características muy similares: violencia intrafamiliar y vicaria (hacerle daño a los niños para afectar a su madre), evidencias de los atropellos en manos de autoridades y la ineficacia de un aparato judicial y de protección de derechos que fracasa en su objetivo. La gran diferencia es que todavía hay tiempo para evitar un desenlace mortal. Los hechos quedaron en evidencia en una tutela que ya hace su trámite en un juzgado de Bogotá.
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La historia comienza así: el pasado miércoles 5 de octubre, la mamá de dos niños, que llamaremos Camila Montes para proteger su intimidad, pues la mujer se encuentra en un serio riesgo de un feminicidio, acudió al Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) para que le ayudaran a establecer formalmente la entrega de una cuota de alimentos. Lo hizo porque su expareja estaba incumpliendo desde varios meses atrás con esa obligación, cuyos únicos beneficiarios son sus dos hijos menores de edad, quienes, gracias al trabajo de ella, están afiliados a una EPS, están matriculados en un colegio del barrio y tienen todas las condiciones dignas para vivir en la casa de su mamá.
Según la tutela, los líos con la cuota de alimentos arrancaron hace unos meses, cuando el hombre se enteró que Camila Montes había iniciado otra relación sentimental. Pero, además de no responder con las obligaciones de sus hijos, su expareja le dejó bien clara una advertencia: “De no salir de la casa para hablar con él, le rompería los vidrios de la casa donde vive”. La amenaza quedó guardada en un audio de voz que él mismo le envió a la mujer. En esos archivos, quedó otra intimidación de peor calibre: el hombre le rompería la dentadura a Montes: “para que seas seria y te organices”. La respuesta de la madre de los menores siempre fue certera y le dejó claro que, si la seguía amenazando, lo denunciaría.
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Aunque el hombre dejó de intimidarla, no volvió a pagar la cuota de alimentos. Por eso, Montes acudió al ICBF para buscar ayuda. La sorpresa fue que allí encontró todo lo contrario. De acuerdo con el recurso judicial, cuando arrancó la conciliación entre ambos, funcionarias del Instituto desconocieron abiertamente las órdenes que ha impartido la Corte Constitucional, que en retiradas ocasiones, ha dicho que en casos como el de Camila Montes se debe aplicar un enfoque de género. Según la abogada que representa a la madre de familia, Catalina Sánchez Daniels, quienes atendieron el caso no tuvieron en cuenta que se trataba de una “relación asimétrica entre un hombre y una mujer”.
Lo primero que ha debido establecer el ICBF, continua la jurista, es que Montes había pedido una conciliación, pues el padre de los niños no estaba respondiendo con la cuota y, a continuación, “lo mínimo que han debido indagar es si había otros antecedentes de violencia intrafamiliar. Al no hacerlo, la entidad cometió un error y es que facilitó una situación en la que la víctima tuvo que enfrentar a su victimario y hoy en día existen todo tipo de protocolos para evitar esos encuentros. Si el ICBF hubiera indagado por los otros antecedentes, en esa misma conciliación hubieran podido identificar que sí los había, pues mi representada tenía los audios de las amenazas en su celular”.
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Lo que pasó después, dice la abogada, le partió el corazón a Camila Montes: a su expareja le preguntaron si ella era una buena madre. La respuesta del hombre fue que ella tenía problemas con el alcohol y que descuidaba a sus hijos por estar con su nuevo novio, en referencia a un incidente registrado entre mayo y abril de este año en el que, por falta de comunicación de ambos, los niños pasaron una noche solos. Así quedó evidenciado en un informe policial, pues Montes tuvo que llamar a la Policía. Ella les explicó a las funcionarias del ICBF que él era quien abusaba del alcohol, pues se la pasaba consumiendo en un local en el primer piso de su residencia y no estaba en la capacidad de cuidar a sus hijos.
El siguiente desenlace dejó a la madre completamente petrificada: las funcionarias le dijeron que, a su parecer, ambos eran malos padres y, por eso, lo que correspondía era que los menores pasaran a custodia del ICBF. Ante esa advertencia, Montes frenó en seco y, con tal de que sus niños no quedaran en manos de la entidad, quedó muda. Las funcionarias llamaron a la hermana de su expareja para indagar si podían ayudarlo a él a cuidar de los niños, a lo que ella contestó que sí. A Montes le explicaron que el hombre iba a mantener la custodia de los menores hasta tanto ella demostrara que no era alcohólica. Todavía muda, Montes firmó el acta de conciliación.
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Allí quedó estipulado que la entrega de los niños se deberá realizar el próximo el 8 de octubre. Montes solo pudo concluir la cita con estas palabras: “Él está haciendo esto para perjudicarme, pero ni así voy a regresar con él”. Tras llamadas y activar todos los recursos jurídicos posibles, hoy el caso está ante un juzgado de Bogotá, en el que además se busca que el ICBF frene de inmediato la entrega de los dos menores a su padre. No solo porque se trata de un hombre que, según el expediente, tiene antecedentes de violencia intrafamiliar, sino porque el Instituto no verificó el lugar donde van a vivir los niños. Según su mamá, él sí tiene una residencia, pero la comparte con un hombre y no es claro si sus hijos pueden vivir seguros allí.
El caso, además, ya llegó a oídos de la Defensoría del Pueblo y, según pudo establecer este diario, en las próximas horas van a acompañar a Montes a radicar formalmente la denuncia por violencia intrafamiliar para que haya otra evidencia más de que su expareja no debería tener la custodia de los niños. “Esta situación, de por sí, muestra un riesgo: la violencia vicaria, que recientemente culminó con el asesinato de un menor en Melgar. La expareja de mi representada es un hombre violento, que ha violentado a Camila, que no soporta ver a Camila con otra pareja, la ha amenazado y no ha mostrado interés en tener la custodia ni garantizar los derechos de sus hijos. Su señoría, estamos clamando por la vida e integridad física de los menores”, agregó la abogada Sánchez Daniels en la tutela.
En ese recurso, la jurista y su representada no solo buscan impedir la entrega de los niños, sino también evidenciar unas presuntas irregularidades por parte de las funcionarias que recibieron el caso. “Es evidente que las funcionarias tomaron la decisión de ‘asesorar’ a mi prohijada con fundamento en un estereotipo de género, pues se espera que las madres renuncien a rehacer su vida con otra persona una vez se separan del progenitor de sus hijos. Así, de acuerdo con esa visión retrógrada de las mujeres, es totalmente inaceptable que las madres solteras jóvenes salgan a citas, consuman licor, etc.”, se lee en la tutela, en la que además explican que el caso se trató desde una perspectiva machista.
“El mal manejo dado por las funcionarias del ICBF derivó en que Camila diera un consentimiento viciado al haber sido intimidada, fue revictimizada por la Institución y, por lo tanto, se le vulneraron los derechos a la igualdad, a la no discriminación en el acceso a la administración de justicia, a la dignidad y no revictimización”, concluye el recurso. Aunque el caso ya está en revisión en un juzgado de Bogotá y priorizado en la Defensoría del Pueblo, la historia de esta mujer y sus dos hijos también quedó registrada en redes sociales. Ante las diversas denuncias y recursos, El Espectador consultó al ICBF para conocer su posición frente al caso de Camila Montes y sus hijos.
“Los trámites de conciliación de custodia son acompañados por un Defensor o Comisario de Familia y buscan que los progenitores lleguen a acuerdos voluntarios según el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. En caso de que no se llegue a un acuerdo, la autoridad administrativa será quién determine tanto el cuidado permanente, el régimen de alimentos, así como las visitas. Debe aclararse que estas decisiones, bien sean adoptadas por los progenitores de común acuerdo o por autoridad administrativa, siempre son revisables y no hacen tránsito a cosa juzgada si las circunstancias fácticas de los niños, niñas y adolescentes ameritan una modificación de lo acordado”, explicó la entidad.
En este caso particular, agregó el ICBF, “en una revisión preliminar se ha identificado que el acuerdo de custodia fue firmado por parte de los progenitores, sin indicios de constreñimiento. Sin embargo, por la denuncia presentada por la madre, el ICBF designó un equipo de Defensoría de Familia que realizará verificación de derechos de los menores de edad para garantizar que todas las decisiones correspondan a su interés superior y su protección integral”. Mientras que el juzgado revisa la tutela, la madre hace las diligencias para presentar formalmente la denuncia por violencia intrafamiliar y la entidad que ordenó quitarle la custodia revisa sus propias decisiones, en vilo está la vida de dos niños.
Si ninguna de las anteriores entidades interviene, el próximo sábado 8 de octubre la suerte de los menores será puesta en manos de un hombre con antecedentes de violencia ante la mirada de quienes han podido evitarlo.
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