Detalles de la condena histórica contra Iván Ramírez Quintero, un símbolo militar

Doce años, seis meses y tres días fue el tiempo que le tomó al Tribunal Superior de Bogotá decidir sobre la responsabilidad del general (r) Iván Ramírez Quintero frente a las desapariciones forzadas que se cometieron en noviembre de 1985, tras la toma del M-19 al Palacio de Justicia. De un listado de once víctimas, que se estima salieron con vida de ese edificio para no volver a ser vistos, una de ellas ha sido declarada por la justicia colombiana irrefutablemente como desaparecida a la fuerza: la integrante del M-19 Irma Franco. Y para el Tribunal, el general (r) Ramírez, contrario a lo que lleva años alegando, tuvo todo que ver con ese crimen.

De manera unánime, tres magistrados tomaron la decisión histórica en el ya largo expediente del holocausto, pues es la primera vez que la justicia condena a este exalto uniformado de dos soles. Según el fallo de 413 páginas, Ramírez Quintero, como comandante del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici), conoció y controló actuaciones criminales que no solo terminaron en la desaparición forzada de Irma Franco, sino que también llevaron a las retenciones ilegales y torturas de los estudiantes Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, aunque solo fue condenado por el caso de la guerrillera.

De manera cronológica, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá recordó los pormenores de la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 y la retoma violenta de la fuerza pública. Explicó que la respuesta del Estado fue desmedida y que la identificación de los restos estuvo plagada de errores que podían poner en duda la existencia de desaparecidos. Sin embargo, aclaró lo que las víctimas llevan años insistiendo: no hay duda alguna de que sí hubo desaparecidos y, en uno de esos casos, hay pruebas suficientes para condenar a quien fuera el símbolo de la inteligencia militar a 31 años, 10 meses y 15 días de prisión.

Pese a que durante décadas se impuso la idea de que los hombres del Coici al mando de Ramírez Quintero tuvieron un papel “accidental y accesorio” entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, esta nueva decisión judicial prueba todo lo contrario. Lo que sostiene la inédita condena en este expediente es que militares de este comando de inteligencia, de la mano del B2 de Inteligencia de la Brigada XIII, se encargaron de perfilar a las personas que salieron vivas del Palacio de Justicia y fueron llevadas a la Casa del Florero, a pocos metros del edificio. Bajo estricta custodia militar, todos los sobrevivientes fueron entrevistados y, bajo cualquier sospecha de que se trataba de guerrilleros, eran rotulados y separados.

Ese fue el caso de los estudiantes Santodomingo y Matson, y de Irma Franco. Según varios testimonios y pruebas resaltadas por el Tribunal, uniformados de inteligencia del Ejército los señalaron como “especiales”. Pese a que Ramírez Quintero siempre dijo que sus hombres hicieron presencia en el centro de Bogotá, pero no pudieron acceder a ninguno de los lugares claves, en la condena en su contra hay evidencias de que no fue cierta su versión. Por ejemplo, hombres bajo su mando le dijeron a la Fiscalía que a la Casa del Florero llegaron con un álbum de fotos para identificar a posibles guerrilleros y que, incluso, varios participaron de los interrogatorios para identificar a los civiles.

Uno de ellos fue el entonces teniente coronel Fernando Blanco Gómez, segundo al mando del Coici. Él mismo confesó que estuvo en la Casa del Florero haciendo entrevistas, pero le quitó cualquier importancia a ese hecho. En contraste, la justicia colombiana e internacional han insistido en que en ese escenario de interrogatorios es que se cometieron graves hechos criminales, como la desaparición de al menos once personas, las tortura de al menos dos civiles y hasta la ejecución extrajudicial de un magistrado, Carlos Horacio Urán. Por su participación en los hechos, Blanco Gómez también fue condenado en esta sentencia a la misma pena que Ramírez Quintero.

El hombre de la inteligencia

Ramírez Quintero le dedicó toda su vida al Ejército. En concreto, a la inteligencia militar. Según su hoja de vida, pasó por los más importantes grupos de este tipo de estrategias que ha tenido Colombia: el Batallón Charry Solano, el Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército y la Brigada XX. “La inteligencia ha sido la razón de mi vida en la carrera militar”, explicó él mismo en la revista Inteligencia Militar, publicada el 2 de noviembre de 1996. “Si no fuera por la inteligencia militar, que se inició oficialmente en 1962, el país se hubiera acabado a finales de los años 60 o en los 70″, agregó.

Su carrera no tuvo mancha. Fue ascendiendo en los escalafones como pez en el agua, acumulando medallas y felicitaciones a donde iba, hasta conseguir los dos soles que lo convertían en brigadier general. Él mismo se ufanaba de haber sido el único militar que duró más de cuatro años como comandante de la Brigada 20 del Ejército. Pero en el mundo de la defensa de los derechos humanos, la versión era otra. Hace más de 30 años se decía que era parte de la Alianza Anticomunista Americana, señalada de cometer atentados contra medios como Voz Proletaria, aunque nunca se comprobó nada. Sin embargo, su nombre salió mencionado en cables diplomáticos en su contra de organismos de inteligencia de Estados Unidos.

Para 1998, la situación se puso negra para el entonces general Ramírez. El 15 de mayo, el gobierno de Estados Unidos canceló su visa. Un gesto diplomático que era, a todas luces, una cachetada a quien había comandado la Brigada XX, pues su trayecotría había quedado bajo el fuego de un escándalo que apuntaba a que ese comando estaba detrás de cientos de violaciones de derechos humanos, como secuestros, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Cinco días después de esa cancelación de visa, el gobierno de Ernesto Samper le puso fin a la Brigada XX. Pese a que quedó sin ese permiso, nada le impidió seguir su carrera ligada al mundo militar.

De allí salió para ser designado en Chile como agregado militar “y ahí sí me retiré porque se me acabó el techo”, aseguró el propio oficial. Ese techo, sin embargo, aguantó un poco más: luego fue contratado como asesor del DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe, justamente durante la administración en la que ese departamento de inteligencia interceptó ilegalmente a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, congresistas y periodistas. Por toda su trayectoria, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha pedido que cuenta su versión, por ejemplo, sobre los asesinatos y persecución contra integrantes de la Unión Patriótica.

Es más, el general (r) ya había pedido pista en esa instancia de justicia transicional, precisamente por su papel en el caso del Palacio de Justicia. Sin embargo, en agosto de 2022, la JEP le cerró sus puertas porque incumplió de forma sistemática los requerimientos de jurisdicción y no hizo ningún aporte de verdad para poder ganarse un cupo. La apuesta de las autoridades es que fuera en ese escenario de paz en el que Ramírez Quintero aportara detalles de la responsabilidad que tuvo durante y después de la remota del Palacio de Justicia, pues vinculación al caso llevaba años en el radar de la Fiscalía. Solo fue hasta 2006 que el ente investigador decidió llamarlo a indagatoria y, dos años después, capturarlo.

Una decisión que causó revuelo porque se trataba del militar de más alto rango en quedar vinculado a la investigación por el papel del Ejército durante y después la retoma del Palacio de Justicia. Precisamente, por su carrera militar y haberse convertido en un símbolo militar es que la reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá es tan significativa para el proceso que este año cumple 39 años. “No somos amantes de que una persona vaya a estar 30 años en una cárcel porque también son seres humanos y tienen familias. Pero es una penalización que se debe aplicar, más cuando no colaboran para decir la verdad y para saber dónde escondieron los restos de Irma”, expresó Jorge Franco, hermano de la víctima al conocer la decisión.

¿Qué encontró el Tribunal después de tanto tiempo?

Para llegar a esta decisión, la Fiscalía y las víctimas no la tuvieron fácil, pues las tácticas de inteligencia de hombres como los dos condenados en esta inédita sentencia se encargaron de borrar y ocultar cualquier rastro de sus andanzas criminales. Sin embargo, hubo dos sobrevivientes: los estudiantes del Externado que ese 6 de noviembre estaban de visita en el Palacio de Justicia. Lo que ha probado la justicia es que ambos fueron retenidos de manera ilegal, bajo la sospecha de que se trataba de dos guerrilleros. Bajo custodia militar, fueron llevados a las instalaciones de la Dijín de la Policía, en donde fueron reseñados, pero sin dejar ningún registro por escrito.

De allí fueron conducidos a las instalaciones del Batallón Charry Solano, justamente donde estaban las oficinas del Coici. Los testimonios de ambos estudiantes dan cuenta de que fueron maltratados, amenazados y torturados, al punto de llevar a Yolanda Santodomingo a pensar que, bajo esas circunstancias de terror, viviría sus últimos minutos de vida. Ella y Matson se salvaron por un oportuno lazo de sangre: cuando estaban presos en una celda del Charry Solano, un militar le pidió referencias al estudiante de quién podía aclarar si él era un guerrillero o no. La respuesta fue: el entonces gobernador de Bolívar, Álvaro Luna Gómez, tío de Matson.

Con esa referencia, los militares frenaron en seco y los dejaron libres. Para el Tribunal, el caso de los estudiantes es la piedra angular para el caso de Irma Franco, pues a ella le ocurrió exactamente lo mismo. Fue perfilada, conducida a guarniciones militares, posiblemente torturada y, al ser una guerrillera confesa, fue desaparecida. Todo sucedió, dice el Tribunal, bajo las órdenes de los comandantes Ramírez Quintero y Blanco Gómez. Después de 38 años del holocausto, las víctimas aplaudieron la decisión, aunque saben que todavía hay un largo camino para verla en firme, pues todavía pueden apelar. Y, como ambos tienen más de 70 años, se abre la puerta a que esta decisión jamás quede en firme y, en cambio, la sentencia se quede más bien como un hito para la historia.

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