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En un evento que duró cerca de dos horas, la rama judicial realizó un homenaje a las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurridas el 6 y 7 de noviembre de 1985. En el holocausto murieron un centenar de personas, entre ellas, 11 magistrados. Al menos otras 11 fueron desaparecidas.
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Los cinco presidentes de las altas cortes cargaron en sus manos cinco arreglos de flores blancas. Los depositaron frente a la placa conmemorativa que tiene grabados los nombres de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia. El homenaje le dio paso a una serie de discursos que giraron alrededor de la memoria y la deuda con la verdad que sigue latente.
El abogado Gabriel Andrade fue el primero en intervenir. Su papá, el magistrado auxiliar Julio Cesar Andrade, tenía 36 años al momento del holocausto. Fue una de las víctimas de la toma y retoma por parte del M-19 y las fuerzas militares. Su cuerpo, o lo que quedaba de él, fue entregado el 8 de noviembre de 1985. Pero, más de 30 años después, su familia supo que en su tumba no estaban los restos del magistrado Andrade. En su lugar estaban los restos de Héctor Jaime Beltrán, mesero del restaurante del Palacio de Justicia, a quien su esposa, Pilar Navarrete, buscó durante más de tres décadas.
“Cuarenta duros años, particularmente para los que la tragedia nos tocó dos veces a la puerta. Primero un muerto y luego un desaparecido (…) Su desaparición no fue un accidente, sino un desenlace silenciado (…) el victimario, sin haber saldado su deuda con la justicia, hoy está en el poder. No es venganza, exigimos que la verdad no se someta a las prerrogativas del poder actual”, señaló en su discurso el abogado Gabriel Andrade, quien agregó que asisten a un evento que tiene “mucho de obligaciones morales”.
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A su turno, el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Mauricio Fernando Rodríguez, recordó a otras víctimas del holocausto, como el personal de vigilancia y los ciudadanos que transitaban la calle. Además, en orden cronológico, explicó lo sucedido ese 7 y 8 de noviembre. “Los guerrilleros llegaron hasta el piso 4, a la oficina del presidente Reyes Echandía, y lo llevaron a la oficina de Serrano. Nadie sobrevivió del cuarto piso. Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, estudiantes que estaban en el Palacio, testificaron que muchas personas fueron sacadas vivas, llevadas a la Casa del Florero, interrogadas y torturadas”, detalló.
El presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo, se tomó unos minutos para hablar sobre la memoria y las nuevas generaciones, así como las deudas que siguen pendientes con las víctimas del Palacio. “¿Qué piensa la Colombia de hoy? ¿Qué piensan los menores de 40 años? ¿Acaso el holocausto interesa a las generaciones de la era digital? Rememorar es dignificar, corregir y actuar. No constituye un anquilosamiento en un pasado yerto, sino un compromiso con un futuro colectivo”, señaló.
Asimismo, explicó que esas deudas deben quedar saldadas. “El fuego no se ha extinguido. Mientras no haya verdad, justicia ni reparación, el Palacio arde en sus entrañas”.
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A su turno, el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez manifestó que “los días 6 y 7 de noviembre de 1985 son un recordatorio perpetuo para todos los colombianos de las consecuencias que causó la violencia para los servidores judiciales que sirvieron a Colombia en 1985, a nuestros ciudadanos inocentes, estudiantes, abogados y trabajadores, cuyas vidas fueron arrebatadas o afectadas en este lugar tanto en un acto demencial y terrorista como en hechos que desbordaron el ejercicio del poder, y al funcionamiento de nuestra administración de justicia, que desde entonces, ha hecho un esfuerzo notable por recuperarse de un evento que dejó dolor, tristeza, angustia y una gran deuda con la verdad y con la propia justicia”.
El magistrado agregó que en esos trágicos hechos, el Palacio de Justicia “fue atacado a sangre y fuego por un grupo que los jueces en sus sentencias calificaron como terrorista, que pasó por encima de la Constitución y de la ley y que violó el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”. Asimismo, Ibáñez resaltó que no puede haber “duda alguna que aquí se profanó violentamente el templo de la justicia, se tomó como rehenes a magistrados del más alto nivel y a otros servidores judiciales, al igual que a civiles que se hallaban en el Palacio, el cual se convirtió en campo de batalla en el cual murieron cerca de 100 personas, otras terminaron desaparecidas y otras 242 que fueron rescatadas en todo caso fueron afectadas en su integridad física o psicológica”.
Durante su intervención, Luis Alberto Álvarez Parra, presidente del Consejo de Estado, apuntó que el primer responsable de la toma del Palacio fue el M-19. “Es inaceptable que se exalte el heroísmo porque eso ofende a las víctimas y humilla la memoria de nuestros muertos. La justicia ha actuado, pero aún quedan capítulos por responder. Mientras todos los responsables no declaren ante la justicia, no habrá paz ni reconciliación”, dijo.
Finalmente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Augusto Tejeiro, hizo un llamado a mantener la memoria. “Es necesario que la memoria se proteja, se mantenga y se alimente para evitar que estos hechos vuelvan a suceder. Las tragedias se evitan si nuestros corazones las mantienen vivas. Actos como este deben servirle al país para la reflexión, el pensamiento y la introspección”.
Durante el homenaje también se presentó un libro conmemorativo de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Durante su presentación, Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Rodríguez, desaparecido en el holocausto del Palacio, habló sobre la justicia, la verdad y la memoria. Junto a ella también hablaron otros nietos e hijos de las víctimas. “Hoy, nuestras voces se unen (…) La memoria es resistencia y es futuro. No hablamos solo por quienes llevamos en la sangre, sino por todas las víctimas (…) los errores del pasado no deben repetirse y la verdad es indispensable para la paz”, leyeron al unísono el manifiesto.
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