El escándalo de los “Panama papers” (los papeles de Panamá) consistió en la revelación de listados de personas que habían acudido a la firma panameña Mossack Fonseca para crear empresas que, gracias a las características del sistema financiero de ese país, fácilmente se podían ocultar a los ojos de las autoridades de hacienda e impuestos en los países de origen de los interesados. Fue un escándalo de talla mundial y desde que reventó, hacia abril de 2016, generó consecuencias en varios lugares. Por ejemplo, el primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, y el de Islandia, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, tuvieron que salir de sus cargos tras conocerse que ellos o sus familias tenían compañías en Panamá.
En Colombia, sin embargo, no había pasado nada hasta ayer, que la Fiscalía anunció que 15 personas serán investigadas formalmente por hechos relacionados con la conformación de sociedades en Panamá cuyo propósito, al parecer, era no registrarlas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y así esconder ganancias. De todos los nombres que divulgó la Fiscalía, el que más resonó fue el de Luz Mary Guerrero, gerente de las empresas Servientrega y Efecty. De hecho, de las cuatro personas capturadas este miércoles, tres estaban todas vinculadas a esas empresas: Guerrero, Sara Guavita (representante legal suplente de Servientrega) y Jorge Sánchez Amado (revisor fiscal de Efecty).
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Guerrero ha alcanzado reconocimiento en la medida en que la empresa de su familia ha crecido. En los últimos años, sin embargo, el tema ha girado en torno a la disputa por un porcentaje de la compañía que protagonizan ella y sus tres hermanos, Carlos Julio, Purificación y Jesús Guerrero. Antes de llegar a la Fiscalía, Néstor Humberto Martínez fue abogado de los dos primeros, quienes demandaron en 2008 a Luz Mary y Jesús Guerrero por la supuesta transferencia fallida del 5% de las acciones de Servientrega S.A. Quien dio la rueda de prensa notificando las capturas no fue él, sino el fiscal delegado para las Finanzas Criminales, Andrés Jiménez.
En esa pelea, inicialmente, Luz Mary y Jesús Guerrero estaban en la misma orilla. Pero luego terminaron también distanciados. Al punto que Jesús Guerrero, quien anunció una candidatura a la presidencia por firmas, envió un comunicado a los medios aclarando que la comunicación entre los dos “está cortada desde hace varios años, a raíz de las divergencias conocidas por todo el país del manejo de nuestras empresas. Espero que todo se solucione a la luz de la verdad y la justicia colombiana”, señaló. Por último, está el cuarto arresto del día: Juan Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia.
Fuentes de la Fiscalía le revelaron a este diario que los demás investigados habrían ocultado en cuentas o sociedades en el exterior unos US$10 millones. Luz Mary Guerrero, en cambio, habría alcanzado a gestionar hasta US$4.5 millones (unos $13.000 millones) de esa manera. "Su método fue a través de empresas fachada en Panamá y Costa Rica, de donde Mossack Fonseca le devolvió el dinero a cuentas personales en Estados Unidos y Panamá. Los dineros los sacó de las dos empresas pero para aumentar su patrimonio, por eso le van a imputar el delito de administración desleal. Básicamente estaba 'tumbando' a los socios y familiares", señaló uno de los investigadores del caso.
Los cargos más graves que se van a imputar, se los llevan los de Servientrega: falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir. Son seis en total para cada uno de ellos. En el caso de Arellano, le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir. Se espera que todas las audiencias se realicen este miércoles, sobre todo teniendo en cuenta que va a haber otras 12 personas imputadas, aunque no se hayan efectuado capturas previas.
En esa docena figuran, por ejemplo, Elaine Abuchaibe Auad, Beder Bernardo Pinto Mejía y María Fernanda Fadul Pineda: se trata de la representante legal, el contador y la revisora fiscal de la sociedad El Heraldo S.A., a la cual pertenece el diario El Heraldo, uno de los más importantes de la Costa Caribe. Igualmente fueron llamados a imputación de cargos el representante legal, el contador y el revisor de tres organizaciones más: Inversiones Zambrano Pinzón Asociados S.A.S., Artextil S.A., y Medicina Nuclear Diagnostica S.A.S. Según le indicaron fuentes a El Espectador, en toda la lista de gente a investigar por el escándalo de “Panama papers”, los verdaderos “pesos pesados” aún están por fuera.
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“La investigación de la Fiscalía General de la Nación documentó que la oficina en Colombia de Mossack Fonseca ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 y 2016 un elaborado entramado financiero y societario, el cual tenía por objeto vender de facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior”, señaló la Fiscalía. “Si bien las sociedades fachada que expedían las facturas se encontraban radicadas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra, el seguimiento al dinero hecho por la Fiscalía evidenció que los giros correspondientes al pago de las facturas iban a una misma entidad financiera en las Bahamas”.
De acuerdo con el organismo investigativo, Mossack Fonseca Colombia se quedaba con valores que iban del 2,5% al 4% con base en lo facturado. “Una vez cobrada su comisión, Mossack Fonseca enviaba los recursos a otros países según las instrucciones de sus clientes. Esto permitía ocultar el verdadero destino de los recursos e intenciones de los clientes de Mossack”, explicó el fiscal Andrés Jiménez, quien agregó que hay evidencia de que al menos 14 sociedades colombianas habrían recurrido a este método para manejar irregularmente sus recursos por fuera del país. En la lista de los “Panama papers” figuraban más de 1.200 colombianos. Es decir, hasta ahora, la Fiscalía ha encontrado razones para investigar al 1,1% de ese listado.
Historia del escándalo "Panama papers"
El escándalo estalló el 3 de abril de 2016. Ese día, varios medios de comunicación en todo el mundo comenzaron a contar la historia de cómo presidentes, deportistas, actores y políticos habrían tenido negocios con una firma de abogados en Panamá quienes se encargaban de crear empresas offshore para lavar dinero o evadir impuestos. Como evidencia, periodistas de todo el mundo tuvieron acceso a 11,5 millones de archivos digitales que, en un principio, recibió diario alemán Sueddeutsche Zietung, pero después compartieron con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés).
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El escándalo de hace un año fue comparado con las reacciones que ocasionó la filtración de millones de cables diplomáticos confidenciales en 2010, y cuyo protagonista fue Edward Snowden. Pero en el caso de los "Panama papers", el revuelo estuvo enfocado en los casos de corrupción que se empezaron conocer a raíz de la investigación periodística del ICIJ. Los más de once millones de documentos tenían la firma de del bufete de abogados con sede en Panamá, Mossack Fonseca. La decantación de la información de los archivos filtrados mostró que por lo menos 200 mil empresas y cerca de 72 presidentes, expresidentes, deportistas, actores y empresarios, habían creado este tipo de empresas.
Desde el Reino Unido, por ejemplo, la BBC explicó que en la lista de personas involucradas en el escándalo estaba el presidente de Siria, Bashar al-Asad, el expresidente de Egipto Hosni Mubara y el exlíder de Libia Muamar Gadaffi. Pero también estaba el exprimer ministro británico, David Cameron, el futbolista Lionel Messi, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, el cineasta español Pedro Almodóvar, ente otros. Todavía con el escándalo a todo furor, en 79 países se abrieron por lo menos 150 investigaciones para determinar cuáles personajes habían evadido el pago de impuestos y quiénes habían utilizado estas empresas offshore para lavar dinero.
En Colombia, los "Panama papers" también causaron polémica. En la lista que divulgó el ICIJ al que tuvo acceso este diario, en alianza con Connectas, se encontraron los nombres de por lo menos 1.200 colombianos. Entre ellos estaba: Carlos Gutiérrez Robayo, hijo de Luis Eduardo Gutiérrez Méndez, un empresario que llegó a acumular más de 5.000 hectáreas cultivadas con papa; Luis Alberto Ríos Velilla, un poderoso empresario del sector de los servicios públicos, dueño de las empresas de aseo Servigenerales y Aseo Capital; el senador del Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya; Roberto Hinestrosa Rey, hijo de uno de los fundadores de la Universidad Externado, Roberto Hinestrosa Rey, ente otros. La Dian aseguró que, nombre por nombre, verificaría si todos habían declarado sus cuentas en el exterior.
*Nota de la Editora: la versión original de este artículo decía en el título US$4.500 millones, pues era la información que fuentes de entera confianza de la Fiscalía, que conocían el proceso, nos habían dado. La cifra, diría luego el fiscal del caso, eran US$4,5 millones.