Judicial

4 Jun 2021 - 11:00 a. m.

¿Para qué una justicia transicional?: la experiencia de Justicia y Paz

Hasta abril de 2021, el sistema creado para juzgar a los exparamilitares, Justicia y Paz, ha emitido cerca de 80 sentencias condenatorias. A pesar de lo que implica ese trabajo, las decisiones de estos Tribunales permanecen, en gran medida, desconocidas para la opinión pública y no son tomadas en cuenta por quienes diseñan las políticas públicas del país.

Ángela P. Aguirre J.

A lo largo de su historia Colombia ha experimentado diversas fórmulas para alcanzar la paz, casi todas mediadas por acuerdos políticos y la creación de instituciones propias de la justicia transicional. Sin embargo, la utopía de un país libre de violencia ha sido elusiva. Por esta razón vale la pena preguntarse: ¿por qué a pesar de las diversas leyes de sometimiento a la justicia y los exagerados aumentos en el presupuesto público de defensa y seguridad, este conflicto no se detiene? ¿Por qué cuando creemos que amaina la violencia esta vuelve a resurgir? ¿Qué le permite reciclarse? ¿Es el narcotráfico la causa principal de la aparición de estos ejércitos ilegales, o más bien son la expresión de las hondas fracturas de la política colombiana?

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Quizá la respuesta a estos interrogantes esté en lo que constituye el verdadero sentido de la justicia transicional. De acuerdo con el marco de la Organización de Naciones Unidas, la Justicia Transicional es el conjunto de procesos y mecanismos relacionados con los esfuerzos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de violencias a gran escala, graves vulneraciones a los Derechos Humanos y al Derechos Internacional Humanitario, con el objetivo de que los responsables comparezcan por sus actos, sirvan a la justicia, aporten al esclarecimiento de la verdad, reparen a las víctimas, se propicien las condiciones para una reconciliación e instauración de una convivencia pacífica en aras de la no repetición. Estos mecanismos pueden ser judiciales y no judiciales. En Colombia, y a propósito de la implementación de los acuerdos de paz, ambos criterios están representados por tres instituciones: la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Sin embargo, vale la pena recordar que actualmente en el país funcionan de manera simultánea dos de estos mecanismos, el proceso especial de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005, y Ley 1592 de 2012) y la Jurisdicción Especial para la Paz. Para efectos de esta columna, me centraré en el análisis del primero, debido a que cuenta con un recorrido temporal más amplio y también avances muy significativos, lecciones aprendidas en relación con la investigación y judicialización tanto de graves crímenes de guerra y de Lesa Humanidad, como de una magnitud de hechos violentos de los cuales jamás conoceremos una cifra exacta, pues la barbarie cometida por el paramilitarismo no conoció límites.

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Pese a las limitaciones a las que se ven enfrentados estos procesos, es importante tener en cuenta que el fin último de la justicia transicional es el de dar cuenta de las causas estructurales que originaron el conflicto armado interno, poner en evidencia los factores subyacentes que permitieron su continuidad y perpetuación, conocer los repertorios de violencia o patrones de macrocriminalidad de los que miles de personas han sido víctimas, construir una verdad con la cual los diferentes actores de la sociedad se sientan reconocidos, identificar los daños ocasionados, mostrar posibles caminos para una reparación, tanto individual como colectiva, pero sobretodo crear garantías de no repetición, es decir, forjar las condiciones para que los ciudadanos lleven una vida libre de violencia. Las garantías de no repetición tienen como finalidad transformar las circunstancias que incubaron la violencia, como la no satisfacción de las necesidades básicas, el abandono estatal, las limitadas oportunidades para el desarrollo de la población más vulnerable, la corrupción en las entidades del Estado, entre otras.

Con el fin de contribuir y alcanzar este objetivo de la Justicia Transicional, las Salas de Justicia y Paz han emitido, hasta abril de 2021, cerca de 80 Sentencias condenatorias en contra de excombatientes y máximos responsables de grupos paramilitares; algunas de ellas macrosentencias, las cuales dan cuenta de la violencia ejercida por estos grupos en diferentes regiones del país, y los factores que facilitaron las condiciones para ello, a saber, el reclutamiento de menores en el Urabá antioqueño y medio Atrato chocoano (Tribunal Superior de Bogotá, sala de Justicia y paz, sentencia condenatoria en contra de Fredy Rendón Herrera, 2011); o el ejercicio de la violencia sexual en contra de mujeres, hombres y población LGTBI en Arauca (Tribunal Superior de Bogotá, sala de Justicia y paz, sentencia condenatoria en contra de Orlando Villa Zapata y otros, 2012); el interés por utilizar y aniquilar algunas comunidades indígenas a través de la desestructuración de su cultura para beneficio del grupo armado ilegal (Tribunal Superior de Barranquilla, Sala de Justicia y Paz, Sentencia condenatoria en contra de Hernán Giraldo Sierra, 2018); o la facilidad con la que estos grupos se expandieron por todo el país a través de un sinnúmero de hechos violentos entre desapariciones forzadas, masacres, homicidios-algunos de ellos selectivos-, e incluso, como el conflicto armado logró desatarse en algunos centros penitenciarios, o ponerse al servicio de terceros (Tribunal Superior de Bogotá, sala de Justicia y paz, Sentencia condenatoria en contra de Iván Roberto Duque y otros 273 miembros del BCB, 2018).

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Pese a este gran avance, que ha tomado cerca de 12 años de arduo trabajo, las decisiones de estos Tribunales permanecen, en gran medida, desconocidas para la opinión pública y no han sido tomadas en cuenta por los hacedores de políticas públicas; y aunque algunas medidas de reparación han podido implementarse y resarcir parte de los daños ocasionados, aún estamos muy lejos de garantizar la no repetición de eso que María Teresa Ronderos denomina guerras recicladas, porque nos encontramos ante un circulo vicioso en el cual se reproducen las mismas dinámicas en cabeza de diferentes actores; i) un Estado ausente en las regiones y centralizado en la capital; ii) la existencia y relacionamiento entre guerrillas, grupos armados organizados al margen de la ley de diversa índole y narcotráfico; y iii) una Fuerza Pública que sigue siendo responsable por graves violaciones a los derechos humanos, entre otros factores.

Pese a los esfuerzos de los jueces por entregarle a la sociedad y al Estado una narración de la violencia ejercida por los grupos paramilitares, de las causas estructurales y los escenarios que propiciaron la ocurrencia del conflicto, resulta fundamental que las decisiones emitidas por los diversos mecanismos de justicia transicional constituyan una brújula para la adopción de medidas de no repetición. Sin la adopción de políticas públicas que respondan a dichas causas estructurales, resulta casi imposible experimentar esa transformación que nos permita construir una paz estable y duradera, para utilizar el mote de moda, pues la justicia transicional no puede generar dichos cambios por sí sola.

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