Mientras se define si el exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) Salvatore Mancuso regresa a Colombia para responder ante la justicia o termina siendo enviado a Italia -país del que es ciudadano-, en la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá acaba de iniciar una macroimputación de cargos en su contra y de otros 87 paramilitares. La Fiscalía empezará este proceso por los asesinatos y las desapariciones forzadas contra miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica, líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos. Entre los “paras” que forman parte de este proceso están alias Cuco Vanoy, Julián Bolívar, HH, el Alemán, Hernán Giraldo, entre otros.
El Espectador conoció información de cómo la Fiscalía construyó este enorme proceso y habló con los abogados de víctimas del partido político que sufrió un exterminio entre los años ochenta y noventa, y del que participaron paramilitares y agentes del Estado. Según archivos de la Fiscalía, conocidos por este diario, la investigación empezó a ser priorizada en noviembre de 2016, cuando en el interior del búnker se creó un grupo especial de trabajo, a quienes se les encomendó elaborar el contexto, la documentación, la investigación e identificación de los responsables de más de 6 mil crímenes, según cifras del propio movimiento político nacido en mayo de 1985.
Después de conformado ese grupo en la Fiscalía, el 26 de enero de 2017, la Corporación Reiniciar, organización defensora de derechos humanos que representa a las víctimas de la UP, presentó una solicitud al entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, para que se iniciara una investigación con enfoque en contexto que permitiera el esclarecimiento de lo ocurrido y pidiendo la concentración de diversas investigaciones. Además, se anexó un listado de las 6.528 víctimas pertenecientes a la UP. El 27 de julio de ese año, la Dirección de Justicia Transicional designó como coordinador del grupo de trabajo a Iván Gómez Celis, fiscal delgado ante el Tribunal Superior de Bogotá y quien aún está a cargo del caso.
Luz Stella Aponte, abogada de Reiniciar y miembro del equipo jurídico en los casos de la UP, señala que mientras los procesos de la este partido estuvieron dando vueltas en varios despachos de Justicia y Paz, los casos no se movieron. “Los primeros que se adelantaron en Justicia y Paz no avanzaron o lo hicieron muy poco. Nosotros siempre hemos sostenido que si se adelantan de manera individual no se va a esclarecer. Afortunadamente, este fiscal (Gómez) ha sido uno de los que mejor ha comprendido el caso UP. Con él nos hemos sentado a trabajar los contextos y los años de recopilación de información que hemos hecho”, asegura Aponte.
Por ejemplo, uno de los casos que han pasado por varios despachos de Justicia y Paz y su investigación ha sido poca es el de Leonardo Posada, representante a la Cámara de la UP y primera víctima fatal del partido político. Otro de los tantos es el del asesinato del diputado del Meta Carlos Julián Vélez y su familia, perpetrado en septiembre de 1991 en ese departamento. O la desaparición forzada del alcalde encargado de Riosucio (Chocó), Benjamín Arboleda, en diciembre de 1996, un caso casi desconocido e inexplorado por las autoridades y en el que habrían participado hombres del bloque Élmer Cárdenas y ganaderos del Urabá.
Luego de esta labor investigativa, la Fiscalía concluyó que hay algunos paramilitares que no han terminado de referirse sobre algunos crímenes contra miembros de la UP. Sin embargo, aquí es donde, según la penalista, aparece la primera incertidumbre del caso: que aún no se sabe qué casos van a ser parte de esta macroimputación, pues desde un principio hubo diferencias de criterio con el ente investigador sobre cuáles son las víctimas del exterminio. Para Reiniciar, todas las víctimas tienen en común que eran de la Unión Patriótica y tenían una doble condición de sindicalistas y líderes sociales. El Espectador se contactó con el fiscal del caso, pero prefirió no referirse al tema.
El listado de víctimas presentado por Reiniciar fue socializado el 23 de noviembre de 2018, con la entonces vicefiscal María Paulina Riveros y las direcciones especializadas de Derechos Humanos y Criminalidad Organizada, y se determinó que no todas las víctimas enlistadas tenían relación directa o indirecta con la UP. “Algunas de ellas si bien no eran simpatizantes ni militantes, se identificaron como defensores de derechos humanos, líderes sociales y sindicalistas, y otras no ejercían actividad en favor de partidos políticos u organizaciones sociales. La vicefiscal determinó que el contexto de la victimización hacia esta población se presentaría como ‘Victimización asociada a posiciones ideológicas. Militantes UP, organizaciones sindicales, campesinas y defensores de derechos humanos’”, se dice en un documento del caso UP de la Fiscalía.
Otro de los temas que están en veremos es depurar de la extensa lista de imputados a los exparamilitares que murieron -como alias Ernesto Báez- o que ya aceptaron su responsabilidad y fueron condenados en algunos casos (alias HH, Pirata, el Zorro, entre otros). “Sobre los demás exparamilitares uno espera que vayan más allá de aceptar la responsabilidad de los hechos y cuenten quiénes dieron la orden de cometer los asesinatos en cada caso. También ya muchos de ellos, a estas alturas condenados, les da lo mismo aceptar 10 o 100 asesinatos, y no se trata de aceptar crímenes que no cometieron”, señala la abogada de la corporación Reiniciar.
Mientras esta macroimputación da sus primeros pasos, hace más de un año, en marzo de 2019, la JEP abrió el Caso 006, denominado “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP)”, en el que se indaga la participación del exterminio del partido político, que incluyó los asesinatos de Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Pedro Nel Jiménez, Manuel Cepeda, José Antequera, entre otros. En ese proceso se indaga la participación de agentes del Estado en los múltiples homicidios. Una fuente cercana al proceso de la UP en Justicia y Paz señala que no habrá un choque de jurisdicciones, porque se están procesando actores distintos.
Para la abogada Aponte, sin embargo, lo ideal hubiera sido que el caso se quedara en la Fiscalía y se abriera uno especial en el que “se indague el caso en el marco de un genocidio político. Ese sería el escenario ideal. Aquí se está fragmentando el caso”. Desde inicios de septiembre de 2020 se han surtido dos diligencias, en las que la Fiscalía sustentó la macroimputación contra los 88 exparamilitares y aún no se tiene prevista una nueva fecha para reanudar este proceso. Este diario supo que en las próximas audiencias se empezarán a detallar los perfiles de los paramilitares (o postulados) que forman parte de la macroimputación. Es decir, aún queda un largo camino.