Más de 3.500 desplazados. Al menos 2.000 personas confinadas. Una treintena de poblaciones sitiadas. Cerca de 2.000 niños sin escuelas. Minas antipersonal. Enfrentamientos armados. Despliegue de militares. Esto es solo un fragmento del panorama en el Chocó, donde este martes 19 de febrero inicia el paro armado de 72 horas anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el décimo que vive ese departamento en los últimos dos años. A la disputa por el control territorial entre el Frente de Guerra Occidental de esa guerrilla y el Clan del Golfo, se suman las alertas por una posible llegada de las disidencias de las Farc al territorio. Las autoridades, como vienen haciéndolo desde hace meses, exigen medidas de atención urgentes.
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El paro armado de 72 horas hace parte de una serie de hechos violentos que ha vivido la región durante las últimas semanas. Desde el pasado 4 de febrero se han presentado al menos tres enfrentamientos en la subregión del San Juan. Hombres armados al mando de alias Jerson, líder del ELN en la región del Medio San Juan, y Pablo Antonio Borja Ortiz, alias Piernas Limpias y líder de la subestructura Baudó del Clan de Golfo, se disputan el control de las economías ilícitas. Según cifras del Ministerio de Defensa, solo desde Istmina más de 500 personas han salido desplazadas como consecuencias de esos combates durante las últimas dos semanas.
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La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, ha dicho que el principal interés de estas estructuras es controlar las rutas del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando de madera. A la acción de estos dos grupos se suma un llamado reciente de la Defensoría de Pueblo, que advirtió sobre la incursión de las disidencias de las FARC de la región. “Por primera vez tenemos reportes de la presencia de las disidencias al mando de alias Mordisco, que estarían actuando en alianza con el Clan del Golfo para enfrentar al ELN”, alertó la defensora Iris Marín. Si bien todo el departamento está sitiado por la amenaza del paro armado, en al menos cinco municipios la situación es más crítica: Istmina, Medio San Juan, Litoral del San Juan, Sipí y Nóvita.
A la acción armada, que deja en el medio a la población civil, se suma el aumento en las cifras de minas antipersonal sembradas en el territorio. La gobernadora Córdoba acudió a la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 15 de febrero para denunciar que el 80% del territorio de su departamento está minado. “La crisis humanitaria que hoy está viviendo el Chocó, no tiene precedentes”, expresó la mandataria regional. Solo en 2024, registros de la Gobernación señalan que se presentaron 160 incidentes en 22 municipios que tienen presencia de este tipo de artefactos, usados especialmente por el ELN para cercar a las comunidades y mantener el control territorial.
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Por su parte, el secretario de Gobierno del Chocó, Francisco Vidal, aseguró que en los últimos tres meses han muerto al menos tres personas en incidentes con minas sembradas por la guerrilla. El estado de crisis permanente en el Chocó ha hecho que la administración departamental tenga que postergar proyectos y concentrar sus esfuerzos y recursos ($1.1 billones para 2025) para atender los efectos de la guerra. “No podemos invertir en desarrollo porque debemos responder a la crisis con ayuda humanitaria, albergue y alimentación para los desplazados”, dijo la gobernadora Córdoba. Por eso insiste en un llamado para que el Gobierno Nacional ponga la mirada sobre las dinámicas de la guerra en la región.
Su petición, sin embargo, parece no lograr aún el eco necesario, ni siquiera durante el último viaje del presidente Petro al departamento, en noviembre pasado. La visita se dio cuando el Chocó enfrentó una doble situación de crisis: los efectos de la ola invernal y un paro armado del ELN que dejó confinadas al menos a 50.000 personas de 85 comunidades. Jorge Mantilla, investigador sobre conflicto y crimen organizado, le dijo a El Espectador que los recursos son insuficientes para garantizar una mayor presencia de las Fuerzas Militares allí y lograr una acción integral del Estado. “El Chocó es una asignatura pendiente de la institucionalidad”, dijo. Y explicó que no es una falla exclusiva del gobierno Petro, sino una brecha histórica.
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Mantilla agregó que las regiones del Catatumbo y del norte del Cauca, donde hay grandes ofensivas en contra de los grupos armados, demandan una alta cantidad de recursos y ponen en jaque la capacidad de atención de la crisis en el Chocó. No obstante, el Ministerio de Defensa informó sobre el despliegue de 1.540 uniformados del Ejército y la Armada que harán control terrestre, fluvial y aéreo ante el inicio de paro armado del ELN. Los primeros 340 militares ingresaron desde antes de que la guerrilla anunciara el paro. Entraron por los corregimientos de Negría, San Miguel y Panamá, en el municipio de San Juan, para atender los enfrentamientos que han dejado una cifra de 3.600 desplazados, aun sin iniciar el paro armado.
Organismos internacionales como la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también pidieron acciones urgentes al Estado para proteger a las comunidades y prevenir la incidencia de hechos violentos. La gobernadora Córdoba exigió “medidas extraordinarias” que permitan, no solo entregar ayuda humanitaria, sino que sirvan para mejorar los índices de desarrollo. “No se puede responder ante las crisis que vive el Chocó solo cuando los grupos delincuenciales anuncian paro o tienen enfrentamiento”, puntualizó la mandataria. Con el inicio del paro, los ojos del país están sobre el departamento, a la espera de la respuesta del gobierno Petro.
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Por Gustavo Montes Arias
