Paro Nacional: el fantasma de la insurgencia en las protestas

En los últimos días, desde varias entidades del Estado colombiano como la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y la propia Presidencia han dicho que las protestas del paro nacional fueron infiltradas por grupos al margen de la ley como el Eln, las disidencias de las Farc y el narcotráfico. El primero en dar esta versión fue Diego Molano, quien llegó a esa cartera ministerial luego de que el exministro Carlos Holmes Trujillo falleciera en enero de 2021 tras contagiarse de COVID-19. Molano, citando información de inteligencia militar, aseguró el sábado pasado desde Cali que tenía pruebas de que en los hechos vandálicos en esa ciudad participaron grupos disidentes de la extinta guerrilla.

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El segundo que atribuyó los desmanes en la capital del Valle del Cauca a esos grupos criminales fue el presidente Iván Duque el lunes pasado, luego de que un día antes anunciara que retiraría el proyecto de reforma tributaria que provocó las multitudinarias marchas ciudadanas en distintas ciudades del país. Por último, el fiscal general, Francisco Barbosa, señaló el pasado martes también desde Cali que el Eln y las disidencias tuvieron que ver en los choques con la Fuerza Pública. El Espectador envió una serie de preguntas al ente investigador para conocer detalles de la investigación, pero hasta el momento no ha habido respuesta.

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No es la primera vez que el gobierno de Iván Duque señala como responsables de graves alteraciones del orden público a las disidencias de las Farc o al Eln. En septiembre de 2020, cuando 68 CAI de la Policía en Bogotá fueron atacados, luego de que el estudiante de derecho Javier Ordóñez fuera asesinado por hombres de la Policía en el occidente de la capital del país. Estas protestas dejaron al menos 13 personas muertas y cientos de heridos con arma de fuego. El entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, como el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, señalaron que estos hechos no fueron espontáneos, sino que eran dirigidos por el Eln y las disidencias de las Farc de manera “sistemática y organizada”.

Ese mismo año, pero a principios de marzo y de las medidas más agresivas para contener el contagio de COVID-19, ocurrió un motín en la cárcel La Modelo de Bogotá que dejó un lamentable saldo de 24 personas privadas de la libertad muertas y más de 100 heridas. Organizaciones como Human Rights Watch dicen que hubo excesos por parte de miembros del Inpec y la Fuerza Pública. Los reclusos se tomaron el penal reclamando mayores medidas para evitar el contagio del virus, pero para las autoridades todo se trató de un plan orquestado por una de las cabezas de las disidencias, alias Romaña, y que las protestas en distintos centros de reclusión obedecían a ese mismo plan.

Sin embargo, luego de más de un año del motín, el fiscal Barbosa no ha informado públicamente avances sobre esta investigación. Entre 2019 y 2020, la minga indígena realizó varios bloqueos viales en el Cauca y marchas hasta Bogotá para pedir mayor inversión social en el departamento, pero que, según la comunidad nativa, nunca les han cumplido los pactos. Tanto en marzo de 2019 como en octubre de 2020 los ministros de Defensa Guillermo Botero y Trujillo dijeron que la movilización indígena estaba infiltrada por las disidencias, una acusación que la minga indígena niega tajantemente y que es un intento del Gobierno por estigmatizar la protesta social.

Duque no ha sido el único

Solo es cuestión de echarle una mirada a la historia reciente del país. Durante el paro nacional agrario de 2013, que puso en jaque al gobierno de Juan Manuel Santos, el entonces primer mandatario dijo que ese “tal paro no existe” y, posteriormente, dijeron que identificaron que las Farc infiltraron la protesta de los campesinos en varios sectores del país, pero en especial en el Catatumbo. César Pachón, entonces líder del paro, también negó las acusaciones. En septiembre de 2020, en medio de las protestas por el homicidio de Ordóñez, cuestionó los pronunciamientos del gobierno de Iván Duque: “Cambian los gobiernos, pero no cambia el libreto”, dijo el ahora congresista.

Dos años antes, al inicio de su gestión, Juan Manuel Santos fue presionado por el movimiento estudiantil que salió a marchar en varias zonas del país, luego de que anunciara un proyecto de reforma a la educación y que no fue bien vista por los gremios estudiantiles y de profesores. “Sabemos muy bien que la estrategia de las Farc va a ser la de estimular la protesta social y la de infiltrar esa protesta social para producir violencia, producir caos”, comentó el presidente Santos unos días antes de que los estudiantes salieran a marchar y se produjeran fuertes choques con el Esmad de la Policía en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín.

Durante los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, también fueron señalados los movimientos estudiantiles, de profesores, organizaciones sociales y centrales obreras de estar infiltradas o financiadas por los grupos subversivos como el Eln o las Farc. Este sector de la población, por el contrario, advirtió que era un intento de estigmatizar la protesta pacífica y de silenciar las voces más críticas a su gestión. El punto más álgido de confrontación pública entre Uribe y estos sectores se dio en marzo de 2008, cuando fue convocada la marcha en homenaje a las víctimas de crímenes de Estado, movilización que fue señalada por el uribismo de estar patrocinada por la guerrilla y el chavismo.

En los últimos días, desde varias entidades del Estado colombiano como la Fiscalía, el Ministerio de Defensa y la propia Presidencia han dicho que las protestas del paro nacional fueron infiltradas por grupos al margen de la ley como el Eln, las disidencias de las Farc y el narcotráfico. El primero en dar esta versión fue Diego Molano, quien llegó a esa cartera ministerial luego de que el exministro Carlos Holmes Trujillo falleciera en enero de 2021 tras contagiarse de COVID-19. Molano, citando información de inteligencia militar, aseguró el sábado pasado desde Cali que tenía pruebas de que en los hechos vandálicos en esa ciudad participaron grupos disidentes de la extinta guerrilla.

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El segundo que atribuyó los desmanes en la capital del Valle del Cauca a esos grupos criminales fue el presidente Iván Duque el lunes pasado, luego de que un día antes anunciara que retiraría el proyecto de reforma tributaria que provocó las multitudinarias marchas ciudadanas en distintas ciudades del país. Por último, el fiscal general, Francisco Barbosa, señaló el pasado martes también desde Cali que el Eln y las disidencias tuvieron que ver en los choques con la Fuerza Pública. El Espectador envió una serie de preguntas al ente investigador para conocer detalles de la investigación, pero hasta el momento no ha habido respuesta.

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No es la primera vez que el gobierno de Iván Duque señala como responsables de graves alteraciones del orden público a las disidencias de las Farc o al Eln. En septiembre de 2020, cuando 68 CAI de la Policía en Bogotá fueron atacados, luego de que el estudiante de derecho Javier Ordóñez fuera asesinado por hombres de la Policía en el occidente de la capital del país. Estas protestas dejaron al menos 13 personas muertas y cientos de heridos con arma de fuego. El entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, como el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, señalaron que estos hechos no fueron espontáneos, sino que eran dirigidos por el Eln y las disidencias de las Farc de manera “sistemática y organizada”.

Ese mismo año, pero a principios de marzo y de las medidas más agresivas para contener el contagio de COVID-19, ocurrió un motín en la cárcel La Modelo de Bogotá que dejó un lamentable saldo de 24 personas privadas de la libertad muertas y más de 100 heridas. Organizaciones como Human Rights Watch dicen que hubo excesos por parte de miembros del Inpec y la Fuerza Pública. Los reclusos se tomaron el penal reclamando mayores medidas para evitar el contagio del virus, pero para las autoridades todo se trató de un plan orquestado por una de las cabezas de las disidencias, alias Romaña, y que las protestas en distintos centros de reclusión obedecían a ese mismo plan.

Sin embargo, luego de más de un año del motín, el fiscal Barbosa no ha informado públicamente avances sobre esta investigación. Entre 2019 y 2020, la minga indígena realizó varios bloqueos viales en el Cauca y marchas hasta Bogotá para pedir mayor inversión social en el departamento, pero que, según la comunidad nativa, nunca les han cumplido los pactos. Tanto en marzo de 2019 como en octubre de 2020 los ministros de Defensa Guillermo Botero y Trujillo dijeron que la movilización indígena estaba infiltrada por las disidencias, una acusación que la minga indígena niega tajantemente y que es un intento del Gobierno por estigmatizar la protesta social.

Duque no ha sido el único

Solo es cuestión de echarle una mirada a la historia reciente del país. Durante el paro nacional agrario de 2013, que puso en jaque al gobierno de Juan Manuel Santos, el entonces primer mandatario dijo que ese “tal paro no existe” y, posteriormente, dijeron que identificaron que las Farc infiltraron la protesta de los campesinos en varios sectores del país, pero en especial en el Catatumbo. César Pachón, entonces líder del paro, también negó las acusaciones. En septiembre de 2020, en medio de las protestas por el homicidio de Ordóñez, cuestionó los pronunciamientos del gobierno de Iván Duque: “Cambian los gobiernos, pero no cambia el libreto”, dijo el ahora congresista.

Dos años antes, al inicio de su gestión, Juan Manuel Santos fue presionado por el movimiento estudiantil que salió a marchar en varias zonas del país, luego de que anunciara un proyecto de reforma a la educación y que no fue bien vista por los gremios estudiantiles y de profesores. “Sabemos muy bien que la estrategia de las Farc va a ser la de estimular la protesta social y la de infiltrar esa protesta social para producir violencia, producir caos”, comentó el presidente Santos unos días antes de que los estudiantes salieran a marchar y se produjeran fuertes choques con el Esmad de la Policía en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín.

Durante los dos períodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, también fueron señalados los movimientos estudiantiles, de profesores, organizaciones sociales y centrales obreras de estar infiltradas o financiadas por los grupos subversivos como el Eln o las Farc. Este sector de la población, por el contrario, advirtió que era un intento de estigmatizar la protesta pacífica y de silenciar las voces más críticas a su gestión. El punto más álgido de confrontación pública entre Uribe y estos sectores se dio en marzo de 2008, cuando fue convocada la marcha en homenaje a las víctimas de crímenes de Estado, movilización que fue señalada por el uribismo de estar patrocinada por la guerrilla y el chavismo.