2 Aug 2022 - 11:45 p. m.

Paro nacional: Fiscalía investiga a 160 presuntos miembros de primeras líneas

La Fiscalía ha imputado a 147 personas por los hechos ocurridos durante el Paro Nacional de 2021. En total, hay 32 procesos activos por los hechos de violencia que tuvieron lugar durante estas manifestaciones.
En esos procesos están vinculadas 160 personas.
En esos procesos están vinculadas 160 personas.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Actualmente, hay 32 procesos penales activos contra supuestos miembros de primeras líneas, los colectivos que en el Paro Nacional del 2021, colectivos de jóvenes que tuvieron un papel controversial en las manifestaciones. Hasta ahora, la Fiscalía ha vinculado a 160 personas por presuntamente hacer parte de estos grupos. Las investigaciones a que se imputen cargos contra 147 personas y en 94 casos ya se han presentado escritos de acusación. En general, el ente investigador reporta un esclarecimiento del 78.8% en estos hechos.

En contexto: Envían a la cárcel a nueve integrantes de la Primera Línea en Cali

En el Valle del Cauca, epicentro de las manifestaciones del paro de 2021, actualmente hay un proceso contra 17 integrantes de la primera línea La Y, del municipio de Bugalagrande. A los 17 jóvenes se les señala de ser los responsables de retener a tres uniformados de la Policía, a los que posteriormente les habrían rociado gasolina y les habrían prendido fuego, en hechos ocurridos el 26 de mayo de 2021.

Además, en Cali, un juez de control de garantías envió a la cárcel a nueve presuntos integrantes de la primera línea de Puerto Resistencia, un colectivo que se formó en el sector conocido como Puerto Rellena, en la capital valluna. Según la Fiscalía, esta primera línea estaría aliada con bandas criminales de la ciudad para confrontar a la Fuerza Pública. A los nueve procesados se les imputaron, de acuerdo a su participación, los delitos de homicidio, concierto para delinquir, secuestro, tortura, entre otros.

En Bogotá y sus alrededores también se adelantan procesos contra miembros de las primeras líneas. En concreto, contra jóvenes de Engativá, Suba y Portal Resistencia (como fue llamado el Portal Américas). A los señalados se les imputaron varios delitos dependiendo de cada caso. Entre los delitos imputados están el de secuestro, tortura, concierto para delinquir, violencia contra servidor público, tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos, entre otros.

A los investigados se les señala de distintos hechos de violencia ocurridos en las manifestaciones del 2021. Por ejemplo, a los 13 jóvenes judicializados que al parecer integraban la primera línea de Engativá los investigan por el secuestro y posterior destrucción de un bus del sistema del SITP en el sector de Suba, al norte de Bogotá, un hecho que fue difundido en redes sociales y que tuvo lugar el 20 de julio.

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En Medellín también hay casos. La Fiscalía imputó a siete personas señaladas de pertenecer a la Primera Línea Valle de Aburrá-Medellín, por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, uso de menores de edad para la comisión de delitos, y fabricación, tráfico o porte de armas. A ellos se les señala de ser los líderes de la Primera Línea en Antioquia y los responsables, según la Fiscalía, de “sabotear las jornadas de protesta en Medellín y su área metropolitana”.

Estos jóvenes son señalados de dos episodios recordados en las protestas de la capital antioqueña. Por ejemplo, se les sindica de haber instrumentalizado a niños y niñas y entrenarlos para que enfrentaran a la Fuerza Pública en el conocido parque de Los Deseos. O, por otro lado, serían los responsables de incinerar la Casa de la Cultura de Moravia, luego de que se difundiera la información, sin evidencia, de que allí la Policía había violado a una mujer.

Finalmente, en Neiva (Huila) un fiscal judicializó a ocho presuntos integrantes de la primera línea de esta ciudad. Según las investigaciones, estas personas habrían participado en 10 hechos delictivos entre mayo y junio de 2021 durante las jornadas de protesta, como la incineración de vehículos de servicio público, el CAI del barrio Cándido, en Neiva; y una estación de servicio, en Palermo (Huila). Ahora son investigados por secuestro, terrorismo, incendio agravado, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego, perturbación en el transporte público colectivo, obstrucción a las vías públicas y concierto para delinquir.

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Grupos armados y violencia en el paro

Ya tres integrantes del Eln fueron condenados por sabotear las jornadas de protesta en el país. Se trata de Yeison Lerma Castro, alias Lerma, líder de una red urbana del Frente José María Becerra del Eln, quien facilitó a las primeras líneas una serie de elementos para atacar a la Policía y vandalizar comercios y transporte público. Junto a él fue condenado su hermano Jorge Luis Lerma Castro, por los mismos hechos. Camila Botero Cardozo, alias Lucía, presunta integrante del frente Ernesto Che Guevara de ese mismo fgrupo armado, fue enviada a la cárcel porque, al parecer, sería el enlaces de la organización con las primera líneas.

De otro lado, las disidencias de las Farc también habrían participado de estos hechos. A Anderson Johan Maldonado Cáceres, alias Jacobo, señalado cabecilla de las denominadas milicias de la estructura disidente ‘Dagoberto Ramos’ de las Farc lo enviaron a la cárcel y está en juicio por ataques contra la Policía. En concreto, por atacar la sede de la Sijín en Cali, así como la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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