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“De la manera más comedida, me dirijo a su Honorable Despacho con el fin de solicitar que, en el menor tiempo posible, se brinde a la Fiscalía la información detallada y precisa sobre las investigaciones que adelanta la justicia penal militar, con ocasión de los posibles excesos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en el marco de la jornada de paro nacional, con la indicación del lugar y fecha de los hechos, asó como los nombres de los posibles indiciados”.
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Esas son las primeras palabras con las que, a través de una carta, el fiscal general Francisco Barbosa le solicitó al ministro de Defensa Diego Molano que le envié información detallada sobre la actuación de la Justicia Penal Militar, en el marco del Paro Nacional. En especial, el jefe de la Fiscalía le pidió a Molano la remisión inmediata de los procesos que la justicia castrense haya iniciado por posibles homicidios, lesiones personales dolosas y delitos sexuales.
Asimismo, el fiscal Barbosa pidió a Molano que la Justicia Penal Militar entregue los documentos relacionados con la participación de civiles armados en las manifestaciones del barrio Ciudad Jardín de Cali, cuando personas al parecer ajenas a la Policía Nacional atacaron con arma de fuego a manifestantes durante el fin de semana pasado. Incluso, el ente investigador tendría conocimiento de hechos similares desde el pasado 9 de mayo.
El fiscal general Francisco Barbosa recordó, durante la carta, que la Justicia Penal Militar no es competente para conocer graves violaciones a los derechos humanos, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto indica que la Fiscalía tienen indicios de que, en ciertos casos, miembros de la Policía habrían sobrepasado el marco de sus funciones y podrían ser sujetos de sanciones. De hecho, ayer 31 de mayo, en una rendición de cuentas, el Ministerio de Defensa aseguró que hay 11 investigaciones penales contra uniformados por presuntos homicidios.
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“En caso de duda dentro de la investigación, siempre prevalecerá la justicia penal ordinaria, con independencia del posterior juicio acerca de la materialidad de la conducta y la responsabilidad penal del indiciado. Este criterio cobra mayor relevancia cuando se trata de posibles vulneraciones del derecho a la vida (…) los excesos de la Policía Nacional, en el marco del control de disturbios y despeje de vías con ocasión de la protesta social, son competencia de la justicia penal ordinaria”, explicó la Fiscalía.
Sin embargo, a pesar de los argumentos que mencionó Barbosa al ministro de Defensa Molano, sobre los excesos de la Policía en manifestaciones, no tendría sentido entonces que el expediente de Dilan Cruz esté en manos de la Justicia Penal Militar, a pesar de que se investiga un disparo con munición bean bag que terminó con la vida de un joven estudiante en el Paro Nacional 2019 y que tiene bajo investigación disciplinaria al uniformado Manuel Cubillos. El pasado 24 de marzo, Human Rights Watch pidió a la Corte Constitucional dejar el caso en la justicia ordinaria, así como lo expone Barbosa.
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El interés explicado por la Fiscalía en la presente carta también podría constatarse cuando, el pasado 11 de mayo, el ente investigador anunció que solicitará ante un juez conocer la investigación por la muerte del joven de 19 años Santiago Murillo, quien habría sido baleado en Ibagué, el pasado 1 de mayo, presuntamente por el mayor Jorge Mario Molano y el teniente Pablo Andrés Parra. Ambos policías fueron capturados por orden de un juez de instrucción penal militar, ante lo cual se opuso la misma Fiscalía y el representante de la familia de Murillo, el abogado Miguel Ángel del Río.