:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/ODA1iEGt_6l0g_kaYJOkcSc1atw=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/2MR55YYHXZGGFM76GCAKSWJYKA.png)
La vida de María Jovita Osorio terminó por dos paros cardiacos. A sus 73 años, y estando en pijama, un proyectil de gas lacrimógeno lanzado por un miembro del Esmad aterrizó en su vivienda, ubicada en el barrio Paso del Comercio de Cali. Pronto el químico se dispersó por todo el lugar, causándole una dificultad respiratoria grave a la señora Jovita, lo cual desencadenó en un par de fallos de su corazón, el 1° de mayo pasado. Así como ella, Temblores ONG registra 19 presuntos homicidios atribuidos a la Policía Nacional en el Valle, en medio del pasado paro nacional.
A nivel nacional, Temblores registró 43 muertes en el paro de las cuales habría una alta probabilidad de participación de la Policía Nacional. De ese universo de víctimas, 19 sucedieron solo en el Valle del Cauca, siendo Cali el epicentro de la violencia policial denunciada. Sobre María Jovita Osorio se sabe que sus familiares interpusieron una denuncia contra la institución, sin embargo, no han ampliado su voz por miedo a ser identificados y perseguidos. La mujer de 73 años era una madre comunitaria y, además, era profesora de un centro del Bienestar Familiar en Cali.
Hay muchos cabos sueltos en Cali. Por ejemplo, por ahora se tiene un avance inicial en el expediente del joven de 17 años Marcelo Agredo Ichima, quien fue la primera víctima del paro nacional. El video del ataque en su contra fue de amplio conocimiento público, pues luego de darle una patada al patrullero Luis Ángel Piedrahita, el pasado 28 de abril, recibió un disparo por la espalda del mismo uniformado. El policía identificado fue imputado por la Fiscalía por el delito de homicidio agravado, pero no ha pasado mucho más.
Del lugar de los hechos, en el barrio Mariano Ramos, fueron extraídos dos proyectiles de bala, cuyo serial concuerda con el arma de dotación de Piedrahita, de acuerdo con la Fiscalía. El padre del joven, Armando Agredo, exige justicia: “Estoy pidiendo que vaya a la cárcel Villanueva o La Modelo, eso es lo que uno pide como ser humano y padre de familia, que un tipo de estos vaya a una cárcel de máxima seguridad. Un delincuente de estos no puede estar en la calle. Nos decían que le podrían dar de 35 a 50 años. Ojalá se coma 50”, le dijo a El Espectador.
En contexto: Paro Nacional: cinco homicidios atribuidos a la Fuerza Pública sin respuesta
Miguel Ángel Pinto, de 23 años, fue a almorzar a casa de su madre el pasado 29 de abril. Por esos días no podía ir a trabajar, pues el local en el centro comercial Miami, donde vendía zapatillas, estaba cerrado por el inicio de las manifestaciones por el paro nacional. A las 3:00 p.m., la víctima se dirigió a Puerto Rellena, o mejor llamado Puerto Resistencia, epicentro de las movilizaciones en Cali. Los marchantes se habían hecho con el tránsito en el sector, no obstante, la retoma de las autoridades contó con el apoyo del Esmad, policías motorizados y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES).
Funcionarios de la alcaldía -cascos azules- recuerdan, como le explicaron a El Espectador, que las autoridades entraron disparando sus armas de fuego indiscriminadamente. Ahí cayó Miguel Ángel Pinto, quien según su padre, Luis Eduardo Pinto, buscaba un cambio social profundo, ante la escasez de oportunidades para la juventud. “No era un vándalo”, repite hasta que quede claro. Una bala, la cual según testigos provino de la Policía, impactó el abdomen del joven. Su investigación está en ceros.
En contexto: “Disparo provino de donde estaban policías”: Fiscalía sobre asesinato de Santiago Murillo
Un caso similar es representado por John Erick Larrahondo, asesinado el pasado 22 de mayo en el barrio Calipso o, mejor dicho, “Apocalipso” como lo explicó Gerardo Larrahondo, padre de la víctima al Canal 2. No se tiene certeza de quien habría sido el uniformado que le disparó, sin embargo, los testigos coinciden en que disparos con armas de fuego se desprendieron desde el sector donde la institución fue a cubrir una manifestación. Uno de los amigos de Larrahondo, entrevistado por Rutas del Conflicto, manifestó de manera anónima que miembros de la Policía dispararon contra los manifestantes.
“Era un pelao que se ganaba la gente. Él sabía llegarle a todo el mundo. Era no más conocerlo para tener feeling con él. Un pelao alegre, le gustaba el fútbol, amaba su América. Amoroso con sus hermanas y su ñaña, su abuela. El año pasado le habían pagado un tiquete para llevárselo, porque él quería darle un mejor futuro al hijo. Destruyeron una familia grande. Era un hijo bien, un buen muchacho. Le atribuyo eso a la Policía ¿Quién más? Los sicarios del Estado”, explicó Gerardo Larrahondo. Por ahora la Fiscalía está investigando, pero no se ha logrado individualizar al responsable.
El misterio también se ha apoderado del homicidio de Camilo Andrés Arango, un joven estudiante de derecho de tan solo 18 años, baleado a pocas cuadras del Palacio de Justicia de Tuluá, la noche que ese mismo edificio ardió en llamas durante el paro. Recabando información pública, solo hay una pista: los gritos desesperados de la comunidad. “Nos está matando la Policía”, gritó un hombre, mientras intentaba atender al joven.
Video: CIDH reconoce uso excesivo de la fuerza pública en Paro Nacional
De acuerdo con Temblores ONG, el “ESMAD arremetió de manera violenta contra manifestantes. Camilo resultó herido y fue trasladado al hospital San Francisco, pero llegó sin vida”. Según la base de datos de la organización, la Fiscalía confirmaría que el victimario del joven fue un miembro de la Fuerza Pública. Y la noche era un caos en Tuluá. Esa jornada de protestas, por el paro nacional, terminó con 18 establecimientos públicos y privados vandalizados, saqueos y el mismísimo Palacio de Justicia en llamas. Dos civiles, desconocidos, atacaron con piedras la Alcaldía.
Para recordar queda la frase que la víctima publicó en su Facebook tres días antes de su muerte: “Cuantos más tendrán que morir para lograr el cambio, cuántos más”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.