Lo que empezó el 3 de diciembre de 1971 como un proyecto para explotar hidrocarburos en Colombia por parte de una compañía anglofrancesa, terminó abriendo un capítulo judicial por financiamiento a grupos paramilitares. La multinacional del sector mineroenergético llegó al país en ese año bajo el nombre de Aquitaine Colombie S.A. y luego se transformó en Perenco. El nombre de esta compañía no es nuevo para autoridades judiciales, pues, desde inicios de 2000, se conocieron sus presuntos movimientos para financiar al frente Héroes de San Fernando del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 1996 y 2006, en Casanare. Esos hechos, que son investigados desde hace dos décadas y que han sido narrados por exparamilitares ante Justicia y Paz, volvieron a poner el nombre de la empresa en el ojo de la justicia esta semana.
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El pasado 8 de julio se conoció que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión de poder a dos oficinas en Bogotá, avaluadas en US$10 millones, según la Fiscalía, pertenecientes a la multinacional Perenco. ¿La razón? Según el Tribunal, con base en pruebas expuestas por la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, la compañía habría logrado incrementar su patrimonio en el país gracias a los apoyos de las autodefensas de los hermanos Carlos y Vicente Castaño en el oriente de Colombia. Esas ayudas, según señalaron ante Justicia y Paz exparamilitares como Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, se dieron a cambio de “servicios de seguridad” en los pozos operados por Perenco, pues existían riesgos de que la guerrilla se quedara con el control de los oleoductos.
Las oficinas embargadas fueron entregadas al fondo de reparación que maneja la Unidad de Víctimas, entidad que las va a administrar y entregar a quienes sufrieron los horrores del paramilitarismo en Casanare, luego de que termine el proceso judicial. Esto quiere decir que Perenco, como empresa, tiene en su contra una investigación patrimonial por supuestamente haber ejercido un rol determinante en la financiación a las AUC. Fuentes cercanas al proceso le dijeron a este diario que, según la ley, las personas jurídicas deben reparar a las víctimas del conflicto cuando hayan financiado a grupos paramilitares y para ello se adoptan este tipo de medidas de embargo y extinción de dominio. Quienes siguen de cerca el caso explicaron que las pesquisas de carácter patrimonial van en contra de la compañía y no buscan individualizar y judicializar a personas naturales, como empleados de la empresa.
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Pero en el caso de Perenco también hay investigaciones penales andando en contra de tres de sus exdirectivos. Se trata de Antenor Sarmiento Delgado, exgerente de Distrito; Ramiro Pinzón Suárez, exsupervisor de Tierras y Luis Felipe Castillo Santos, exgerente de Relaciones Públicas. Los tres fueron acusados por la Fiscalía el 19 de diciembre de 2022 por el delito de concierto para delinquir agravado por presuntamente haber promovido y financiado grupos armados ilegales en un expediente que fue declarado de lesa humanidad. Los dos primeros apelaron la decisión, pero la acusación fue confirmada el 9 de septiembre de 2024 y están a la espera del inicio del juicio que, aún bajo reserva, este diario conoció que continuará en septiembre de este año.
El caso de Castillo Santos, en cambio, tomó otra ruta. El extrabajador de la petrolera solicitó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) “como tercero vinculado a un proceso penal por señalamiento de participación en el conflicto como colaborador o financiador”, según se lee en su solicitud. Su sometimiento fue aceptado por la jurisdicción especial en agosto de 2024 y se espera que cuente todo lo que sabe sobre la financiación de la empresa a las autodefensas. Además de haber dicho que está dispuesto a colaborar con la justicia transicional, en Justicia y Paz ya hay otras versiones que apoyarían esta historia de supuesta financiación de grupos armados ilegales. Según testimonios de exparamilitares, Perenco habría entregado alimentos, combustible y habría apoyado económicamente para que, incluso, el grupo ilegal pudiera comprar un helicóptero.
Alias “Don Mario”, quien fue jefe de finanzas del Bloque Centauros, tras su captura en 2009 y antes de su extradición a Estados Unidos en 2018, le contó a Justicia y Paz que Perenco les entregó “30 barriles de combustible, 20 de gasolina y 10 de ACPM”. Además, el exparamilitar relató que, cuando tomó las riendas financieras del bloque en 2002, se dio cuenta de que la petrolera les pagaba $20 millones al mes por la seguridad de los pozos, lo cual le pareció que no era suficiente. “Yo le manifesté al gerente (Luis Felipe Castillo Santos) que era muy poquito (...) Acordamos que nos daban $25 millones y 15 tambores de combustible mensual”, señaló el exparamilitar. “Don Mario” también aseguró que sus hombres durmieron en las instalaciones de los pozos de Perenco y utilizaron avionetas de la compañía como medio de transporte.
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Las investigaciones de la Fiscalía han puesto en evidencia que Perenco, además, habría financiado a las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), al mando de Héctor Buitrago, más conocido como “Martín Llanos”. Según registros del ente investigador, Walter Flórez, alias “Mikima”, miembro de las ACC, señaló que Castillo Santos sostuvo, junto a “un francés de la empresa”, una reunión con Buitrago, de donde salió un acuerdo para garantizar la seguridad de la compañía y evitar daños a la tubería de petróleos. De igual manera, un jefe de estación de uno de los pozos de Perenco narró ante la Fiscalía que hombres armados llegaban a sus instalaciones para dormir y comer. En su declaración, agregó que comunicó la situación a los exdirectivos ahora procesados Castillo y Sarmiento, quienes le dijeron que, por directriz de la empresa, debía dejarlos pasar.
Los señalamientos en contra de la empresa europea con sede principal en Londres (Inglaterra) no pararon allí. En 2011, otro capturado exmiembro de las ACC, Nelson Florentino Vargas Gordillo, alias “Azulejo”, le contó a la Fiscalía que entre las cuentas de la organización criminal figuraban varios aportes de la petrolera internacional, pues dijo que les entregaron más de 100 canecas mensuales con gasolina y hasta $100 millones en efectivo. El exparamilitar también habló de pagos de hasta $500.000 por cada camión con crudo que fuera escoltado por las ACC. Vargas Gordillo recordó que la compañía, incluso, ayudó con el arreglo de vías de interés del grupo armado y que, en una ocasión, aportaron una camioneta para transportar materiales de guerra.
El Espectador trató de comunicarse con la empresa para conocer su posición sobre estos proceso judiciales, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, se conoció un video en el que aseguró que no tenía conocimiento del proceso de embargo en la Fiscalía. “Nos oponemos de manera tajante al involucramiento en el pago de cualquier tipo de reparación, considerando la absoluta falta de relacionamiento de Perenco con cualquier actividad ilícita”, agregó Gaël Piardet, mánager general de la empresa en Colombia. Sin embargo, autoridades judiciales tendrían como demostrar que la compañía del sector hidrocarburos habría aportado de diferentes maneras al crecimiento y la expansión paramilitar en el Casanare, donde las autodefensas, a sangre y fuego, establecieron su dominancia a finales de los 90. Por ahora, las oficinas de Perenco en Bogotá pasarían a manos de las víctimas.
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Por Santiago Díaz Gamboa
