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Llevar ante la justicia a los financiadores del proyecto paramilitar se convirtió en un nuevo desafío para la Fiscalía. Así lo dejó ver el pasado 23 de julio la titular de la entidad, Luz Adriana Camargo, durante la conmemoración de los 19 años de la Ley de Justicia y Paz, donde anunció que busca depurar cerca de 700 archivos que llegaron al búnker desde las salas de Justicia y Paz de todo el país, relacionados con las millonarias sumas de dinero que civiles entregaron a grupos de autodefensas para garantizar sus operaciones financieras o políticas. El Espectador accedió al listado de los primeros presuntos responsables que analiza la Fiscalía y que, además, están señalados de costear la expansión paramilitar, la cual perpetró más de 205.000 homicidios y hasta 63.000 víctimas de desaparición forzada, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (Cnmh). Ese listado le sirvió al ente de control para acusar a 57 personas fuera de los grupos ilegales y judicializar a otras 77, entre febrero de 2016 y julio de 2024.
El número de copias al que alude Camargo es solo una parte de un extenso universo de 19.075 documentos de todo tipo que aterrizaron en la Fiscalía y fueron remitidos por las salas de Justicia y Paz durante las investigaciones que le sirvieron para emitir sentencias en contra de jefes paramilitares. Esa jurisdicción que impulsó la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no tiene competencia para juzgar a civiles y por eso fue necesario enviar a la Fiscalía todo lo que encontraron sobre agentes externos a las filas contrainsurgentes. Sin embargo, es imposible hablar de paramilitarismo sin mencionar a quienes durante décadas llenaron sus arcas. Así pues, la Dirección de Justicia Transicional del ente investigador revisa al menos 6.597 copias que están relacionadas únicamente con financiadores de ese fenómeno criminal, de donde salen los 700 archivos priorizados por el búnker.
No obstante, no es sencillo limpiar esa base de datos de buenas a primeras. Por eso, el primer ladrillo es la revisión de al menos 17 hechos principales que ya cuentan con acusación y en su mayoría están en etapa de juicio; algunos conocidos y otros hasta ahora mencionados. Con la priorización de la Fiscalía sobre estos casos se pretende evitar acumular procesos y agilizar lo más rápido posible el pedido de condenas durante los juicios. Fuentes que conocen de cerca el proceso le dijeron a este diario que lo ideal para cumplir ese objetivo es centrarse en los responsables con mayor músculo financiero: empresarios y agentes del Estado. “Lo que nos indican los índices de priorización es que debemos ubicar a los presuntos máximos responsables. Estamos en ese filtro; no cobijar los mínimos responsables, aunque eso no quiere decir que la Fiscalía no los vaya a investigar”, le dijo a este diario una fuente enterada del proceso que prefiere no ser citada.
Financiación del Bloque Bananero
El pasado 11 de marzo, el ente investigador destrabó una parte del expediente que lleva adelantando hace años sobre los financiadores del Bloque Bananero de las Autodefensas. Un total de 14 empresarios fueron acusados por el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción y financiación de grupos armados organizados al margen de la ley; una conducta que, como en todos los casos señalados en este artículo, fue declarada de lesa humanidad. De igual manera, el mismo mes precluyeron cuatro investigaciones en contra de otros productores bananeros señalados.
Este proceso judicial se origina con los testimonios del paramilitar Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito, comandante del frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las AUC. Según su declaración surtida en versión libre ante Justicia y Paz, algunas comercializadoras y productoras de banano concertaron pagar US$0,30 por cada caja de banano exportada con el fin de apoyar la creación y financiación del Bloque Bananero a través de la Convivir Papagayo, con el objetivo de garantizar la seguridad y continuidad de la operación de exportación de banano en Colombia. Estas declaraciones han sido confirmadas, entre otros, por Salvatore Mancuso, excomandante de las AUC, quien recuperó su libertad el pasado 10 de julio. “Según consta en el proceso judicial, se logró establecer que la cuantía de los aportes patrimoniales efectuados por las empresas productoras y comercializadoras de banano a través de la Convivir Papagayo fue de $33.292′044.111″, señala una fuente conocedora del caso.
Algunos de los nombres vinculados al expediente tras la acusación de marzo pasado son los de Diego Andrés Restrepo Londoño, miembro de la junta directiva de Proban; Alberto León Mejía Zuluaga, expresidente de Uniban entre 1996 y 1999; Santiago Antonio Uribe López, expresidente de Proban; Javier Francisco Restrepo Girona, miembro de la junta directiva de Augura; Jaime Restrepo Marulanda, exrepresentante legal de Bagatela y miembro de la junta directiva de Augura; Carlos Sergio Nicolás Echavarría Mesa, exrepresentante legal de Banafruit; Rosalba Zapata Cardona, miembro de la junta directiva de Uniban, entre otros nombres que, según el ente investigador, llenaron los bolsillos de los paramilitares para garantizar la producción de fruta, a costa de la sangre y muerte en Córdoba y Urabá.
Conozca los nombres de los 14 acusados y los cuatro procesos precluidos por financiaron paramilitar por parte de productores bananeros:
Financiación del Bloque Calima
José Everth Veloza García, más conocido como alias HH, fue comandante del Bloque Bananero de las AUC y luego aterrizó en el Bloque Calima, que operó entre 1999 y 2004 en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, y algunos municipios de Huila y Quindío. Antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2009, Veloza habló ante Justicia y Paz sobre los recursos de esa división paramilitar, y señaló a narcotraficantes, ganaderos y empresarios azucareros de pagar millonarias cuotas a cambio de “seguridad”. De acuerdo con los hallazgos de la Fiscalía, entre 1996 y 2003 los narcotraficantes que se movían en la zona de operación del bloque pagaban una suma de $50 millones y los empresarios cerca de $20 millones.
Entre quienes financiaron esta estructura están los ya condenados narcotraficantes Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo, y Diego León Montoya Sánchez, alias don Diego, quien fue extraditado en 2008 a Estados Unidos por narcotráfico. No obstante, la Fiscalía emitió resolución de acusación del 30 de octubre de 2020 al 28 de noviembre de 2022 en contra de los terceros que ayudaron a fortalecer económicamente al Bloque Calima, responsable de más de 100 masacres. En ese listado se encuentran Luis Fernando Castro Botero, dueño de terrenos de Incauca; Carlos Alfonso Spath García, ganadero de Córdoba; Mario Fernando Prado López, periodista, y Hernán Íñigo de Jesús Gómez Hernández, asesor de la casa Castaño. “En firme la acusación, se iniciará la etapa de juicio en los próximos días”, le dijo una fuente cercana al expediente a El Espectador.
Alcaldes en Nariño
En un hecho desconocido hasta ahora, la Fiscalía también busca darle cierre a un asunto que, desde las esferas de la política local, fortaleció a una subestructura del Bloque Central Bolívar de las AUC conocida como Bloque Libertadores del Sur, que operó entre 1999 y 2005 en el departamento de Nariño. Responsables de más de 40 homicidios selectivos y tres masacres en ese territorio que dejaron cerca de 21 víctimas, esa división paramilitar nariñense recibió apoyo en el suministro de combustible, medicamentos, alimentos y conexiones con la fuerza pública por cuenta de tres mandatarios locales y un comerciante, sobre quienes se emitió resolución de acusación entre marzo de 2018 y agosto de 2020.
Los señalados por el ente investigador son José Javier España Martínez, exalcalde de El Rosario; Domingo Edgardo Palacio Quiñonez, exalcalde de Magüi; Juan Carlos Rueda Cortés, exalcalde de Barbacoas, y Vicente Eduardo Benavides Melo, comerciante de la región. “Los procesos judiciales se encuentran en etapa de juicio por el delito de concierto para delinquir agravado”, precisó la Fiscalía.
Financiación de Perenco
El pasado 9 de septiembre, un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó, en segunda instancia, la resolución de acusación en contra de dos exfuncionarios de la petrolera anglofrancesa Perenco, que opera en la cuenca de los Llanos Orientales, por su presunta financiación al frente Héroes de San Fernando del Bloque Centauros de las AUC y a las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), entre 1996 y 2006. Se trata de Antenor Sarmiento Delgado, exgerente de distrito de Perenco, y Ramiro Pinzón Suárez, exsupervisor de tierras de esa misma petrolera; ambos acusados desde el 19 de diciembre de 2022 por los delitos de concierto para delinquir agravado, conducta que fue declarada de lesa humanidad. Las investigaciones de la Fiscalía indican que ambos exdirectivos y Luis Felipe Castillo, gerente de relaciones con la comunidad de la petrolera, les habrían asegurado beneficios a esas divisiones de las Autodefensas en busca de “seguridad”.
Según conoció este diario, la financiación de Perenco fue en dos vías, al tratarse de dos grupos paramilitares diferentes. Nelson Florentino Vargas Gordillo, alias Azulejo, exmiembro de las ACC, le dijo a la Fiscalía en 2011 que entre las cuentas de la organización criminal estaban varios aportes de la petrolera internacional, pues, al parecer, les entregaban más de 100 canecas mensuales con gasolina y hasta $100 millones en efectivo. Además, el exparamilitar también habló de pagos de hasta $500.000 por cada camión con crudo que fuera escoltado por las ACC y declaró que incluso la compañía habría arreglado vías de interés de los paramilitares.
Por su parte, Daniel Rendón Herrera, alias don Mario, jefe de finanzas del Bloque Centauros de las AUC, extraditado en 2018 por narcotráfico, le dijo a Justicia y Paz, tras su captura en 2009, que Perenco les entregaba combustible para sus vehículos. En sus declaraciones ante la justicia, Rendón Herrera afirmó que la petrolera les dio cerca de 30 barriles de combustible, 20 de gasolina y 10 de ACPM, todo entre 2002 y 2005. Según la Fiscalía, la compañía dedicada a la extracción de hidrocarburos también habría suministrado alimentos y transporte a miembros del Bloque Centauros, todo con intenciones de solicitar seguridad a paramilitares para rodear los pozos de extracción de crudo. Luis Felipe Castillo, señalado en este escenario, solicitó acogerse a la JEP, pedido que sigue en estudio.
Maderas del Darién
Este proceso judicial tiene sus inicios a partir de versiones libres ante Justicia y Paz, rendidas por exparamilitares del Bloque Elmer Cárdenas, entre ellos el de Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, y Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, quienes revelaron que la empresa Maderas del Darién realizó aportes mensuales para garantizar la operación comercial de la empresa en el Urabá antioqueño, entre 1999 y 2005. Siete personas adscritas a la empresa, desde gerentes hasta asistentes, fueron imputados por el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promover y financiar grupos armados ilegales, crimen declarado de lesa humanidad. El proceso también se encuentra en etapa de juicio y la Fiscalía busca acelerarlo.
El 27 de noviembre de 2019, el ente de control emitió resolución de acusación contra estos siete integrantes de la compañía: Jorge García Amézquita, gerente general de Maderas del Darién; Jaime Guillermo Hernández Truten, gerente administrativo; Saúl Buriticá Cifuentes, gerente de Operaciones; Iván de Jesús Aguirre Luján, gerente de Recursos Humanos; Ronal Palacios Romaña, asistente administrativo; Ricardo Franco Ospina, director de Transporte, y Néstor Cayetano Vergara Molina, colaborador de la compañía.
Financiación de la Drummond
Uno de los casos más nombrados es la presunta financiación de la empresa de explotación y procesamiento de carbón Drummond Ltd al Bloque Norte de las AUC entre 1991 y 2006. Investigaciones de la Fiscalía llegaron a la conclusión de que la compañía soportó su proyecto de extracción en la zona carbonífera del departamento del Cesar gracias a sus vínculos con las autodefensas lideradas por los Castaño. Según las pesquisas, los pagos desde la empresa minera al aparato paramilitar se habrían generado por cuenta de sobrecostos en contratos de cafetería, dejando ese exceso de gasto en los bolsillos del frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, esa financiación “no fue solo para neutralizar las acciones armadas contra sus activos, sino también para favorecer la ampliación de la explotación del carbón en la región”.
Desde 2020, el ente investigador ha señalado tener un grueso material probatorio que daría cuenta de cómo la empresa norteamericana se benefició del accionar paramilitar. Entre los testimonios que ha aceptado está el de Jaime Blanco Maya, representante de la empresa Servicios y Alimentos Ltda, la cual se vio beneficiada con el contrato de los sobrecostos. Condenado a 38 años de cárcel por ser el autor intelectual de los asesinatos de dos sindicalistas de la minera a manos del frente Juan Ándres Álvarez, Blanco Maya se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como un tercero civil en el caso 08 y señaló que, efectivamente, la compañía sí generó una alianza con el Bloque Norte. Sus testimonios, sumados a otras pruebas durante la investigación, llevaron a la Fiscalía a acusar en diciembre de ese año al expresidente de Drummond Augusto Jiménez Mejía (1989 – 2019) y a su actual cabeza, José Miguel Linares Martínez, por el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promover y financiar grupos ilegales, conducta que fue declarada de lesa humanidad.
Esa decisión fue apelada por la defensa de los ejecutivos de la minera, pero, en mayo de 2023, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la acusación contra ambos. Por su parte, la minera ha negado durante años los vínculos con estructuras paramilitares, dice que nunca ha prestado apoyo económico a grupos ilegales y que las declaraciones de Blanco Maya a la justicia transicional son mentiras carentes de evidencia. El juicio contra ambos directivos de Drummond se encuentra en pausa casi cuatro años después de la acusación. Quienes conocen de cerca ese proceso judicial desde la orilla de la empresa minera le dijeron a este diario que la compañía también cuenta con un paquete de pruebas que demostrarían que nunca financiaron a grupos al margen de la ley y que tampoco hubo sobrecostos en los contratos de cafetería.
Espere una nueva entrega de los 17 hechos de financiadores del paramilitarismo que tiene bajo la lupa la Fiscalía.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
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