En medio de la situación presupuestal que preocupa cada vez más a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al punto de acudir ante la Corte Penal Internacional, el expresidente Álvaro Uribe se pronunció tras las declaraciones que el magistrado Alejandro Ramelli entregó en una entrevista con El Espectador en las que explicó los motivos para poner en evidencia la situación ante esa instancia judicial.
A través de un comunicado de su abogado Jaime Granados, el exmandatario habló sobre la gestión, los resultados y la ejecución de los recursos públicos de la jurisdicción que le han sido asignados a través de los años y que hoy por hoy están sujetos a un posible recorte de COP 170.000 millones que, en palabras del magistrado Ramelli, provocarían que la JEP deje de funcionar.
El togado, y presidente de la JEP, explicó las cuentas así: "En la solicitud de presupuesto que hizo la entidad para 2027 requerimos COP 947.643 millones. Según el proyecto de ley radicado en agosto por el actual Gobierno el total del presupuesto previsto fue de COP 821.803 millones. Es decir, ya había una reducción sustancial de COP 125.840 millones. Hoy en día, la ponencia aprobada en primer debate en comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara implica otra reducción adicional de COP 170.000 millones frente al monto radicado. Ello quiere decir que hay una disminución total de COP 295.840 millones respecto del monto que necesitamos para operar".
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El centro del debate que plantea Ramelli es que si el Congreso aprueba la propuesta del Ejecutivo, presentada por el senador Enrique Gómez, entonces que se mantenga, por lo menos, el monto de COP 821.803. En este contexto, y ante la preocupación del recorte presupuestal, el magistrado acudió ante la CPI para solicitar un respaldo a la independencia fiscal y judicial de la JEP, así como la protección de las garantías de las víctimas.
En una carta dirigida a los fiscales adjuntos Nazhat Shameen Khan y Mame Mandiaye Niang, el presidente de la JEP fue enfático en que ese recorte provocaría "un incumplimiento de los compromisos expresamente asumidos por el Gobierno de Colombia en el Acuerdo de Cooperación suscrito con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el 28 de octubre de 2021″.
En entrevista con este diario, el magistrado Ramelli explicó de qué se trata ese incumplimiento de compromisos con la CPI. "La condición para que en 2021 se cerrara provisionalmente el examen preliminar que venía haciendo la Corte respecto de Colombia desde el año 2004 era que el Estado asegurara el adecuado funcionamiento de la JEP. Al desfinanciarnos se está incumpliendo este compromiso internacional y la CPI debe saberlo para que decida si retoma dicho análisis. Cabe advertir que de llegar a reabrirse el examen preliminar y eventualmente abrirse una investigación formal sobre Colombia, la fiscalía de la CPI podría emitir diversas órdenes de captura internacionales contra máximos responsables sin que pudiera alegarse ningún tipo de fuero constitucional", apuntó el presidente de la JEP.
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Sobre esa declaración fue que el expresidente Álvaro Uribe se pronunció puntualmente en su comunicado. Para el exmandatario es preocupante que Ramelli señale que la desfinanciación de la jurisdicción podría conducir a la reactivación de actuaciones ante la Corte Penal Internacional. Para Uribe, esa afirmación desconoce el contexto de la CPI.
"La Fiscalía de la CPI cerró en 2021 el examen preliminar sobre Colombia, sin abrir investigación formal y manteniendo únicamente un marco de cooperación. Por ello, resulta improcedente presentar la financiación de la JEP como presupuesto para activar competencias internacionales frente a personas ajenas a dicha jurisdicción especial", se lee en el comunicado del expresidente.
Sin embargo, la Corte Penal Internacional cerró ese examen preliminar sobre Colombia en 2021, tras 17 años de seguimiento, debido a la creación y los resultados de la Jurisdicción Especial para la Paz. La investigación inició en el año 2004 y buscaba determinar si en el país había voluntad y estructuras judiciales para investigar, juzgar y condenar los crímenes de guerra que se cometieron en el marco del conflicto armado. En efecto, el seguimiento se terminó tras tres años de trabajo de la JEP al mostrar en el escenario internacional que era un órgano competente para esclarecer esos crímenes.
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El entonces fiscal de la CPI, Karim Khan, determinó que Colombia tenía las herramientas y los mecanismos para investigar y juzgar los crímenes del conflicto armado a través de la JEP, aplicando el principio de complementariedad. Tras darle cierre al examen preliminar, entre las partes se firmó un acuerdo de cooperación y un plan de trabajo para revisar que se de el cumplimiento.
En el marco de esa decisión se establecieron una serie de compromisos entre el Estado colombiano y la Corte Penal Internacional que se extienden a todos los gobiernos. El primer compromiso precisamente indica que se debe mantener la estructura constitucional y legal de la JEP, esa es la principal garantía para que no intervenga la CPI. "Si hay un cambio en esa circunstancia, que es precisamente el estatus constitucional y la actual estructura de la JEP, inmediatamente intervendrá el Fiscal de la Corte Penal Internacional", explicó la jurisdicción sobre el acuerdo que además señala que la asignación de un presupuesto suficiente a la JEP es un deber fundamental.
Así reza textualmente el primer punto del acuerdo entre Colombia y la CPI. "El Gobierno continuará: salvaguardado su marco constitucional y legislativo establecido y su estructura; asignando el presupuesto necesario para su implementación; previniendo cualquier interferencia con sus funciones".
Asimismo, el punto 6 de ese mismo acuerdo dice: "Conforme al Estatuto de Roma, la Fiscalía podrá reconsiderar su evaluación de la complementariedad a la luz de cualquier cambio significativo de las circunstancias, incluyendo toda medida que pueda obstaculizar significativamente el progreso y la autenticidad de los procedimientos pertinentes y su aplicación efectiva".
En su momento, el entonces presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes fue enfático en que si existía alguna interferencia que afecte la misión de la JEP, entonces solicitarían intervención inmediata de la Corte Penal Internacional.
En efecto, eso es lo que está haciendo Ramelli ante la CPI. En su carta a los fiscales adjuntos, el magistrado añadió: "Las consecuencias no serían únicamente presupuestales. De concretarse el recorte propuesto, quedarían comprometidos componentes indispensables para el funcionamiento de la justicia transicional". Por eso le pidió a la CPI un seguimiento concreto sobre el alcance de esa decisión que podría alterar el funcionamiento de la JEP.
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