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El fiscal Francisco Barbosa anunció en agosto pasado que tenía toda la intención de imputarle cargos al general en retiro, Mario Montoya, por al menos 100 ejecuciones extrajudiciales ocurridas mientras fue comandante del Ejército. La noticia acaparó la atención de la opinión pública, no solo porque podía ser el militar de más alto rango en ser vinculado oficialmente a una investigación por falsos positivos, sino porque el general (r) ha comparecido ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en donde ha dicho estar dispuesto a contar toda la verdad, a cambio de beneficios en sus procesos.
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El anuncio de fiscal quedó sin ningún fundamento, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá aclarara que Barbosa no tenía ninguna competencia en esa imputación. Ahora, la investigación que el mismo quería que fuera suya, tendrá que conocerla en su integridad la JEP. Pese a que desde 2018 fiscales de la Unidad de Investigación y Acusación (más conocida como la Fiscalía de la JEP), habían intentado acceder al expediente, un auto de esa jurisdicción y fuentes cercanas al proceso, dan cuenta que nunca pudieron hacerlo.
Al menos nunca en su totalidad. Luego de que el Tribunal definiera que era la JEP la encargada de investigar al general Montoya, la Sala de Reconocimiento de Verdad de esa jurisdicción emitió un documento en el que confirma su competencia en el caso y en el que dio una serie de órdenes que deberá cumplir la Unidad de Investigación. Puntualmente, la Sala le ordenó a la Unidad de Investigación adelantar una inspección judicial del expediente que tiene la Fiscalía en contra de Montoya y a todos sus elementos materiales probatorios.
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Además, los investigadores deberán entregarle a la Sala una copia digital “integra del mismo”. Para lograrlo, los magistrados que firmaron el documento, Catalina Díaz Gómez y Óscar Parra Vera, les dieron 20 días hábiles para que ubiquen y tomen la copia del expediente. Se trata de un auto clave, señaló una fuente cercana al proceso, pues hasta hoy la Fiscalía había puesto una serie de trabas para conocer todas las carpetas y la JEP no había tenido acceso a todo el expediente.
Montoya es compareciente ante la JEP desde 2019, jurisdicción que ordenó acogerlo para que aporte verdad plena sobre el conflicto armado, como comandante del Ejército entre 2006 y 2008. Se trata de un hombre clave en la investigación de la JEP sobre “falsos positivos”, pues en el periodo entre 2002 y 2008 se presentaron, al menos, 6.402 casos de ejecuciones. Aunque la jurisdicción especial ya anunció las primeras imputaciones de cargos en este macrocaso, Montoya no es uno de ellos.
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Según la JEP, “la contrastación de la información relativa a su eventual participación en los hechos sigue en curso y por lo tanto la Sala de Reconocimiento continúa ejerciendo competencia e investigando los respectivos expedientes de la justicia ordinaria” incluyendo el caso por el que quería imputarle la Fiscalía. Montoya, desde que estalló el escándalo de los falsos positivos hace más de una década, ha dicho que es inocente y, pese a que ha visto desfilar a tres fiscales diferentes y ahora a una jurisdicción especial, hasta ahora no le han imputado ni un solo cargo.
Frente a esa situación, uno de los abogados de víctimas de este macrocaso, Germán Romero, criticó el hecho de que la JEP no haya podido acceder al expediente contra Montoya y que tampoco haya imputado cargos, pese a que lleva tres años en esa investigación. “Lo que hay en el expediente de la jurisdicción especial son beneficios sin aportes a la verdad, indeterminación en relación con el avance del juicio de responsabilidad de este excomandante del Ejército y un universo de víctimas que no tendrán avance alguno en sus casos frente a este máximo responsable”, agregó Romero.
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