25 Aug 2021 - 2:00 a. m.

Imputación al general (r) Mario Montoya: ¿choque de trenes o justicia eficiente?

Este miércoles la Fiscalía planea imputarle cargos por ejecuciones extrajudiciales al excomandante del Ejército general (r) Mario Montoya, quien está en la JEP. Su defensa y las víctimas anunciaron que asistirán, aunque probablemente la discusión sobre si la audiencia puede realizarse o no pasaría a la Corte Constitucional.
Felipe Morales Sierra

Felipe Morales Sierra

Periodista. Intereses: justicia y derechos humanos.

La Fiscalía considera que el general (r) Mario Montoya está detrás de al menos 104 homicidios de civiles presentados como bajas en combate entre 2007 y 2008. Más de una década después de ocurridos, el ente investigador le imputará cargos este miércoles 25 de agosto en una audiencia que no tiene precedentes. Por un lado, porque la imputación se refiere a actuaciones de Montoya mientras fue comandante del Ejército, lo que lo hace el militar de más alto rango en ser formalmente vinculado a un proceso por falsos positivos. Y, además, porque el oficial en retiro puede convertirse en la primera persona a quien le imputan cargos en la justicia ordinaria, a pesar de ser compareciente en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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La Fiscalía ha dicho que, mientras Mario Montoya “se desempeñó como comandante del Ejército, habría desconocido una directiva emitida por el entonces comandante de las Fuerzas Militares, en noviembre de 2007, en la que ordenó a todas las unidades privilegiar las desmovilizaciones colectivas e individuales, así como las capturas, sobre las muertes en combate”. Esta hipótesis no es nueva. Desde 2016 se anunció una imputación contra Montoya por falsos positivos cometidos bajo su comandancia. La diligencia fue suspendida y luego, con la llegada de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía y la firma del Acuerdo de Paz, quedó en el limbo.

Mientras su proceso siguió su curso en la Fiscalía, el mismo Montoya pidió pista en la JEP y, con esa aparición en el sistema especial de justicia, el militar retirado quedó con dos procesos en dos jurisdicciones diferentes. Sobre este doble expediente, en 2018, la Corte Constitucional aclaró que los procesos que estuvieran en la justicia ordinaria (Fiscalía) contra personas que se acogieron a la JEP quedaban suspendidos, pero que el ente investigador debía continuar con las investigaciones. Esa aclaración del alto tribunal generó todo tipo de interpretaciones que se volvieron polémica. Una de ellas fue la del entonces exfiscal encargado Fabio Espitia.

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En una circular que mandó en 2019 a todos los funcionarios de la entidad, Espitia les informó que no podían imputar o llevar a juicio a personas que estuvieran en la JEP. Solo podían recaudar evidencias. Sin embargo, según ha dicho en medios el hoy fiscal Francisco Barbosa, la Corte Constitucional expidió un auto el año pasado que, según él, cambió la interpretación que había manejado hasta ahora la Fiscalía y expidió su propia circular. Y ese documento es el que permitió que hoy Montoya esté citado a una audiencia de imputación de cargos.

Esta diligencia, que las víctimas de falsos positivos han exigido por años, es eclipsada ahora por un debate jurídico: ¿puede la Fiscalía imputarle al general (r), teniendo en cuenta que la competencia de la JEP es prevalente? Barbosa cree que sí. Juristas de la talla de Yesid Reyes tienen otra opinión. En este periódico, el exministro explicó en una columna y una entrevista que considera que la imputación es ilegal. Además, señaló que el debate ya fue zanjado cuando el Congreso negó las objeciones presidenciales a la JEP, pues cerró la puerta a que la Fiscalía pueda citar a interrogatorios y otras diligencias a los comparecientes.

Para Sebastián Escobar, abogado de víctimas de falsos positivos y miembro del Colectivo José Alvear Restrepo, “si bien hay varias opiniones cuestionando esta imputación, pasan por alto que ha sido la propia JEP la que le ha pedido insistentemente a la Fiscalía que no abandone las investigaciones, sino que las adelante hasta su perfeccionamiento”. Escobar se refiere a fallos de la Sección de Apelaciones y de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la propia JEP, que han reiterado la obligación de la justicia ordinaria de continuar con las pesquisas, ya que entienden que lo prohibido es: dictar sentencia, citar a una diligencia judicial o definir responsabilidades.

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De allí nace otro punto de discusión. En su circular, Barbosa subrayó que los fiscales deben “invitar” (y no citar) al investigado a las audiencias de imputación. Para voces consultadas, ese giro en el lenguaje no es suficiente. El abogado del general (r) Mario Montoya, Andrés Garzón, le dijo a este diario: “Es llamativo que se hable de ‘invitar’. Las diligencias judiciales no son de invitación, son citaciones de obligatorio cumplimiento y el uso de ese verbo muestra el corto de la Fiscalía sobre sus competencias”. Aunque aclaró que él y Montoya estarán en la audiencia de este miércoles, ya radicó una solicitud a la JEP para que pida un conflicto de competencias.

De aceptarse ese recurso, la discusión pasaría a la Corte Constitucional, que tendría que zanjar este debate, que en buena medida se ha dado, dijeron varios abogados, porque el alto tribunal no fue claro sobre hasta dónde podía avanzar la Fiscalía. Sebastián Bojacá, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, que también defiende a víctimas de falsos positivos, comentó que, a su juicio, la imputación no excede los límites del ente investigador y en cambio celebró que se llenó un vacío: “Los fiscales nos respondían que no podían avanzar porque los hechos eran competencia de la JEP y allí nos decían que los hechos todavía no estaban priorizados en un macrocaso”.

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Los hechos investigados

Una de las preocupaciones que manifestaron exfuncionarios de la Fiscalía consultados es que se llevarán dos investigaciones por separado. La exfiscal Ángela María Buitrago escribió en una columna que esta duplicidad puede vulnerar los derechos del general (r) Montoya e incluso limitar la capacidad de la JEP. Sin embargo, el propio presidente de la justicia especial, Eduardo Cifuentes, ha dicho que no hay un choque de trenes, sino que “ambas instituciones tenemos la madurez para trabajar en el objetivo común de luchar contra la impunidad”. Pero el caso construido contra Montoya es uno en la justicia transicional y otro más específico en la ordinaria.

Por su forma de investigar, la JEP analiza patrones de conducta a partir de informes, lo que dicen los comparecientes, y otras fuentes. Así ha imputado ya a dos decenas de militares por cerca de 250 falsos positivos ocurridos en Catatumbo y Cesar. Pero el fiscal tercero delegado ante la Corte, al frente del caso Montoya, eligió otra ruta: le imputará 104 casos, porque es sobre esa cantidad que ya hay condenas en la justicia ordinaria contra militares, reclutadores y otros involucrados. Así se ahorra, por ejemplo, subir al estrado a todos los peritos que practicaron las autopsias de las más de 2.000 víctimas que podrían ser falsos positivos de la era Montoya.

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Para los juristas consultados, lo más probable es que el asunto pase a la Corte Constitucional. Sin embargo, el abogado Garzón dijo que él y su defendido asistirán a la audiencia de este miércoles en el Tribunal de Bogotá “Montoya no le rehúye a ninguna diligencia judicial. Aun a esta iremos, así sea a decirle al magistrado que creemos que no es competente”. El abogado Bojacá, por su parte, señaló: “Más allá de esta discusión, muchas víctimas esperan justicia hace años y ven esta imputación con esperanza. Por eso se reunirán en un plantón en la Fiscalía (al frente del Tribunal)”. Cualquiera que sea el desenlace, este caso traerá respuestas para militares y exguerrilleros que siguen colaborando en la JEP, y también para los alcances de este sistema como órgano de cierre.

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