El presidente Gustavo Petro no baja de criminales a los dueños del conglomerado español Keralty, dueños de la EPS Sanitas. Según su versión de los hechos, la empresa se habría quedado con miles de millones de pesos de la salud pública, pero ninguna autoridad judicial ha probado esos hechos. Lo que sí ha quedado claro en los estrados judiciales es que el gobierno intervino a Sanitas de manera inconstitucional y que esa decisión abre la puerta a otro tipo de recursos que ya alista la EPS. El abogado Juan David Riveros, defensor en Colombia del conglomerado, responde al presidente y se pronuncia sobre la reciente decisión de la Corte Constitucional.
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Sanitas ya denunció al presidente Petro ante la Comisión de Acusación por discriminación y calumnia. ¿Por qué acudir a la justicia como respuesta ante los señalamientos del presidente?
Es el único camino legítimo en un Estado de derecho para resolver las controversias, más cuando de por medio se presentan presuntas violaciones a los derechos de terceros. Y no se trata solo de una compañía. Es el respeto que las autoridades del Estado deben reconocerle a los particulares. Así son las reglas de juego y nosotros respetamos la institucionalidad. Estamos convencidos de nuestros argumentos jurídicos y esperamos que la Comisión, en un estudio juicioso, evidencie lo que para nosotros es claro que es la violación de los bienes jurídicos penalmente tutelados.
¿Qué instituciones de la justicia internacional pueden ayudar a la compañía tras estas críticas del alto gobierno?
Acudiremos a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
¿Qué mensaje deja el presidente ante los inversionistas?
Es un mensaje que infunde temor o por lo menos genera múltiples inquietudes en aquel extranjero que piense invertir en el país.
La decisión de la Corte Constitucional protege el derecho de Sanitas al debido proceso. ¿Qué tan afectados resultaron económicamente?
La decisión de la Corte Constitucional va en la dirección correcta: reconoce que el Gobierno no respetó el debido proceso. Se nos intervino sin argumentos técnicos sólidos, sin oportunidad para la defensa y bajo un discurso altamente estigmatizante. Eso, por supuesto, no solo vulneró derechos fundamentales, sino que generó consecuencias económicas graves. Durante la intervención, se alteraron las dinámicas financieras de la EPS. Los tiempos de pago a los prestadores se triplicaron, la red de atención se desorganizó y el valor de la compañía se erosionó.
A falta de acceso directo a la información completa, que sigue en poder del interventor, hemos tenido que apoyarnos en datos externos, que advierten una caída operativa importante. Esta pérdida de valor, reputación y equilibrio financiero es precisamente una de las razones por las que seguimos adelante con el arbitraje internacional, en defensa del patrimonio de una empresa que lleva décadas sirviendo en Colombia.
Keralty inició un arbitraje de inversión en el que solicitó una indemnización por hasta US $1.200 millones ante la justicia internacional. ¿Siguen adelante y aportarán esta decisión de la Corte como prueba?
El proceso arbitral sigue en curso. Lo que buscamos es la reparación del daño causado por medidas que consideramos arbitrarias y desproporcionadas, contrarias al derecho internacional. El tribunal arbitral internacional será el encargado de valorar los hechos y las pruebas, incluyendo la decisión de la Corte Constitucional. El arbitraje no es un acto de confrontación con el país, sino de una defensa legítima de nuestros derechos como inversionistas y de la preservación del Estado de derecho en Colombia.
Después de 14 meses de intervención gubernamental, en términos generales, ¿cómo están recibiendo la EPS?
Sanitas sigue bajo el control del interventor designado por la Superintendencia, así que no tenemos acceso directo a la administración ni a la información detallada sobre el estado real de la EPS. Lo que sí hemos podido constatar, a partir de datos parciales y reportes de terceros como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) o algunos informes de la Contraloría, es un deterioro notable en la operación. Ha habido afectaciones en la red prestadora, demoras en pagos y deterioro en los tiempos de respuesta. Sabemos que hay fallas en la atención, pero hasta que no se restituya la administración, no podremos tener un diagnóstico completo desde dentro.
Explíquele a los lectores, ¿de qué manera la Superintendencia tomaba las decisiones de la EPS?
Durante la intervención, las decisiones estratégicas y operativas fueron tomadas por el interventor bajo lineamientos del Gobierno, sin participación alguna de la administración legítima. Esto generó una desconexión entre quienes conocen el funcionamiento cotidiano de la EPS y quienes ejercían el control. El resultado fue una gestión lenta e ineficiente. Así lo reflejan informes de actores externos, que dan cuenta de retrasos en pagos y debilitamiento de redes de atención. Las consecuencias de esta dinámica se han sentido especialmente en los usuarios.
¿Cómo resultaron afectados los usuarios con esas decisiones?
Las afectaciones se reflejan en hechos concretos: aumento de tutelas, quejas por demoras y dificultades en el acceso a servicios básicos. Esto no lo decimos únicamente desde Keralty, sino que ha sido señalado por gremios del sector como la ANDI y reconocido por entes de control. La atención perdió fluidez y calidad porque se interrumpieron prácticas que venían funcionando bien. No es una opinión, es una realidad que se ha evidenciado desde distintos frentes.
Usted ha mencionado que la intervención fue el movimiento más fuerte en un contexto de tres años de malas decisiones gubernamentales. ¿Cuáles han sido esas decisiones?
Desde hace años vemos una política de debilitamiento del sistema de aseguramiento. Las decisiones han sido desarticuladas, improvisadas, y muchas veces más ideológicas que técnicas. El ambiente hostil hacia el sector privado, y las declaraciones del propio presidente contra personas y empresas, refuerzan esa percepción. No entendemos que motiva esa actitud, pero hemos optado por responder con acciones legales y no con confrontaciones personales. Es necesario volver a un debate técnico, basado en hechos, no en calificativos.
¿Qué esperan de la sentencia de la Corte Constitucional?
Es un precedente histórico en el marco de las intervenciones estatales a las empresas. Esperamos que la Corte aclare de forma definitiva los alcances del fallo y restituya el debido proceso que fue vulnerado. Hasta que no haya un pronunciamiento oficial y se conozcan los efectos del fallo, la administración sigue bajo intervención. Esta decisión marcará un precedente sobre los límites del poder de intervención del Estado, no solo en el caso de Sanitas, sino en general frente al sector productivo.
¿Con esta decisión sería posible decir que la intervención obedeció a decisiones políticas por encima de técnicas y administrativas?
El componente político ha estado presente desde el principio. Cuando se hacen señalamientos públicos sin pruebas, y se generaliza la acusación contra una organización completa, lo que se pone de manifiesto no es un criterio técnico, sino una intención de deslegitimar. Esto no se ha respaldado con evidencia objetiva. Ni los entes de control han señalado delitos, ni hay procesos en firme. Lo que sí existe es una campaña pública de estigmatización.
¿Esto le permitirá a otras empresas intervenidas tener un soporte para librarse de la intervención gubernamental?
Todo depende de la situación particular en la que se encuentren las empresas intervenidas. Otras entidades en situaciones similares podrán apoyarse en este precedente para exigir respeto a sus garantías. Lo importante aquí es que se reafirmen las reglas del juego, independientemente de las diferencias políticas que puedan existir.
¿Qué decirles a los usuarios de EPS Sanitas? ¿Qué viene a futuro?
A los usuarios les decimos que seguimos aquí, que no nos vamos y que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para recuperar la calidad que siempre nos ha caracterizado. Keralty tiene una trayectoria de más de 40 años en Colombia y un compromiso profundo con sus afiliados. A pesar de los obstáculos, mantenemos intacta nuestra voluntad de contribuir al sistema de salud del país. La confianza que los usuarios han depositado en nosotros es nuestra mayor motivación para seguir adelante
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