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El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2477 de 2025 y, con ello, dejó en firme la reforma a la justicia propuesta por su gobierno y aprobada hace poco más de un mes por el Congreso de la República. La iniciativa, que además contó con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, trae un cambio en puntos clave del Código Penal, buscando una justicia más célere y priorizando los acuerdos.
¿Qué dice la nueva reforma a la justicia?
La reforma a la justicia tiene cuatro puntos centrales. El primero es incluir la indemnización integral como causal para extinguir la acción penal. Es decir, busca la reparación integral de las víctimas por el daño causado, ya sea con dinero, disculpas o acciones específicas. El objetivo es que el acusado repare el daño causado a la víctima de manera efectiva y evitar procesos prolongados, facilitando la restitución de los bienes afectados.
El segundo punto de la reforma busca ampliar la aplicación de los incentivos de rebaja de pena para quienes admitan sus delitos. En otras palabras, pretende fomentar que los acusados acepten su responsabilidad penal a cambio de una reducción en su condena. Esto, para incentivar la colaboración y agilizar los procesos judiciales.
Asimismo, la reforma a la justicia propone que la Fiscalía General de la Nación pueda pausar una investigación si el procesado colabora de manera eficaz y aporta evidencia. Esto, además de fomentar nuevamente la colaboración, buscaba preservar las pruebas importantes para asegurar su utilidad en un futuro.
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Por último, la reforma pretende que cuando un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá toma decisiones en el papel de juez de control de garantías de procesos de la Corte Suprema de Justicia y estas determinaciones son apeladas, sea la siguiente sala la encargada de resolver esos reclamos. Esto, buscando una resolución imparcial y evitando un desgaste entre salas.
Dentro de la norma, señala la Fiscalía, está contemplado que el plazo para que el procesado cumpla los compromisos adquiridos sea de un año y tendrá la posibilidad de prorrogarse por el mismo tiempo, es decir, el periodo será de dos años a lo máximo.
Aunque esta reforma a la justicia busca la agilidad y la colaboración de la reparación integral, la aplicación de sus puntos claves solo se contemplan en las acusaciones por delitos menores y no aplica para delitos graves como crímenes contra menores de edad, donde los beneficios son inexistentes, así como en el hurto violento o la extorsión. El objetivo de la reforma, dicen el gobierno y las autoridades judiciales, es el de agilizar el sistema, sin permitir la impunidad.
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