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La defensa de Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, le pidió a la Fiscalía que investigue un supuesto plan que hay para atentar contra su vida en la cárcel de Cómbita (Boyacá), donde permanece recluido por supuesta corrupción. En la denuncia presentada este martes 10 de noviembre, también piden que se investiguen llamadas supuestamente intimidatorias e intentos de extorsión contra la esposa de Miguel Quintero.
Las supuestas llamadas intimidatorias
De acuerdo con la denuncia conocida por este diario, desde que Quintero Calle fue trasladado a esa prisión desde el pasado 30 de octubre, han ocurrido distintos hechos que ponen en riesgo su seguridad y su vida, así como la de su esposa. De hecho, sobre las llamadas que ha recibido, le dijeron al ente investigador que iniciaron desde el pasado 5 de noviembre por hombres que supuestamente se trataron de hacer pasar como funcionarios judiciales.
Uno de ellos, como se lee en el documento, se presentó como Andrés Sanguinetti, supuestamente funcionario del Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín. Sin embargo, cuando se consultó por aplicaciones para identificar llamadas, el número aparecía a nombre de otra persona. Lo mismo ocurrió con otra llamada recibida días después por otro hombre que supuestamente "le formuló exigencias económicas para cumplir con sus aparentes funciones. En específico hizo referencia a la suma aproximada de COP 8 millones, mediante la expresión ‘ocho galones’, dinero que presuntamente debía entregarse para que rindiera el informe de arraigo y que este sirviera para la decisión que debía tomar el Tribunal Superior" sobre el caso contra Quintero Calle.
Según la denuncia, ante la negativa de Saldarriaga de realizar pagos, enviaron mensajes amenazantes contra ella y contra el abogado que los representa. "Ante la negativa de cancelar cualquier valor, y durante esta llamada, el individuo que previamente se había identificado como funcionario judicial adoptó una actitud abiertamente hostil y agresiva, profiriendo insultos y amenazas directas de muerte en mi contra", se lee en la denuncia radicada este martes en la Fiscalía.
El supuesto plan para atentar contra Miguel Quintero en Cómbita
De acuerdo con lo dicho en la demanda, distintas fuentes han asegurado que hay un supuesto plan criminal en contra de Quintero Calle. Se lee que hay "información relacionada con rumores que circulan entre diferentes personas privadas de la libertad en Combita, sobre la presunta preparación de un atentado contra su vida". El propósito, según dicen, tendría fines políticos contra Daniel Quintero.
En lo que le dijo la defensa a la Fiscalía es que el traslado de Miguel Quintero a la cárcel de Cómbita puso en riesgo su seguridad, pues no se hizo una valoración adecuada que, a su parecer, le diera las garantías suficientes de que estaría protegido. "En ese contexto, disponer el traslado del señor Quintero Calle al establecimiento penitenciario de Cómbita no constituye una simple decisión administrativa, sino una medida que podría comprometer gravemente su seguridad personal y poner en riesgo real su vida e integridad física".
La defensa sostuvo en su denuncia que "ejecutar dicho traslado sin una valoración previa, seria, objetiva y exhaustiva del riesgo supondría exponerlo innecesariamente a un escenario de vulnerabilidad que podría derivar en consecuencias irreparables, frente a las cuales el Estado tendría una responsabilidad especial por su posición de garante respecto de las personas privadas de la libertad".
¿Por qué Miguel Quintero está en prisión?
Quintero Calle fue vinculado formalmente en septiembre a una investigación por el presunto direccionamiento irregular de seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, en los que, según el ente acusador, se habría causado un detrimento patrimonial superior a COP 2.481 millones. Por estos hechos fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
El pasado 2 de octubre, el juez 27 de control de garantías de Medellín impuso a Quintero detención preventiva en su domicilio, tras unas audiencias preliminares que se prolongaron durante varias semanas. La medida fue solicitada por la representación del AMVA y la Procuraduría, que coincidieron en que existía riesgo de que Quintero intentara obstruir el proceso o no compareciera ante la justicia.
La medida domiciliaria fue revocada el pasado 30 de octubre por un juez penal del circuito de Medellín. La nueva decisión, tomada en segunda instancia, ordenó que fuera recluido en un establecimiento carcelario y resolvió el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con la Fiscalía, el presunto direccionamiento de contratos del AMVA al Cuerpo de Bomberos de Itagüí para la entrega de elementos de protección y kits de bioseguridad ocurrió durante la pandemia de covid-19. Los proyectos sumaban COP 17.656 millones, distribuidos en contratos suscritos entre 2020 y 2023. De ese monto, se habrían desviado más de COP 2.400 millones hacia terceros mediante comisiones que inicialmente fueron del 20 % y luego del 15 %.
A Miguel Quintero se le atribuye la presunta apropiación de COP 1.387 millones. Según el ente investigador, Quintero habría liderado, durante la alcaldía de su hermano, un entramado para utilizar la estructura administrativa del AMVA en favor del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, con el fin de adjudicarle directamente esos proyectos. La Fiscalía aclara que Quintero no firmó ni aprobó ningún contrato, pero sostiene que habría dado la orden para que lo hicieran los funcionarios imputados, como parte de un “acuerdo de favorecimiento” pactado por él.
Según la tesis de la Fiscalía, el mecanismo operaba así: el AMVA giraba los recursos al Cuerpo de Bomberos de Itagüí y, posteriormente, la unidad que dirigía Misael Alberto Cadavid emitía cheques de COP 50 millones a nombre de personas de confianza, entre ellas Germán Osorio, conductor de la institución. La comisión pactada inicialmente era del 20 %.
En junio de 2020, Quintero se habría reunido con Cadavid y Álvaro Alonso Villada para renegociar el acuerdo y reducir la comisión al 15 %, porque el porcentaje inicial “resultaba excesivamente gravoso” para el contratista. Según la imputación, fue entonces cuando se habría alcanzado el nuevo pacto sobre contratos cuyo valor total ascendía a COP 17.656 millones.
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