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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acaba de solicitarle a la Corte Constitucional que revise la más reciente decisión del escándalo de corrupción de Agro Ingreso Seguro, relacionada con la condena de los hermanos empresarios Juan Carlos y Alfonso Dávila Abondano. Ambos fueron condenados por esa Sala por, supuestamente, haber intentado apropiarse de dineros del Estado destinados a pequeños campesinos. Sin embargo, la Sala Laboral de ese alto tribunal resolvió una tutela presentada por su defensa y determinó que debía anular la condena y reverzar el proceso hasta sus primeras etapas. Lo que busca la Sala Penal es que el otro alto tribunal revise si la anulación fue correcta o debe quedar en firme la condena.
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La petición fue hecha por el presidente de la Sala Penal, el magistrado Carlos Roberto Solórzano, quien señaló que aunque es respetuoso de las decisiones que tome cualquier sala de la Corte Suprema de Justicia, considera necesaria la revisión constitucional del caso. A través de un comunicado, la Sala Penal señaló que en julio de 2025 dejó en firme la condena impuesta por el Juzgado 25 Penal del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá en contra de Alfonso Dávila Abondano y Juan Carlos Dávila Abondano.
Esa condena tuvo como pilar un preacuerdo en el que los empresarios habían aceptado su responsabilidad penal en el delito de peculado en el caso de corrupción. Sin embargo, en la tutela que presentaron a la Sala Laboral, argumentaron vulneraciones al debido proceso y la presunción de inocencia, pues la defensa consideró que todo el sistema judicial había valorado erróneamente las pruebas y le había dado validez a un preacuerdo que, supuestamente, estuvo mal construido. Esa tesis fue la que determinó la Sala Laboral como cierta en su más reciente decisión.
En la decisión se lee que el preacuerdo que se hizo en primera instancia no debió haber sido avalado y que hubo una “inaplicación o aplicación deficiente del control judicial integral por parte de los jueces de instancia”. Para esa sala, “las autoridades accionadas incurrieron en la lesión de los derechos invocados al exhibir, en realidad, una anomalía con trascendencia constitucional desde el preciso instante en el cual se verificó y aprobó un preacuerdo sin tomar en cuenta las verdaderas razones que rodearon el desistimiento“.
La Sala Laboral dijo que “el juez eludió su función de control, la que pudo enmendar en la audiencia de individualización de la pena recalcando que el delito preacordado u objeto de aceptación de responsabilidad era abiertamente atípico“. Asimismo, que los hermanos Dávila Abondano no recibieran el dinero ”hace que el actuar de los encartados sea imposible para defraudar el erario“. Por eso, se lee en la decisión, es ”imposible era pensar en una lesión al bien jurídico siquiera bajo una conducta imperfecta (tentada); no obstante, aflora el componente del desistimiento que tiene soporte cognitivo a partir del oficio de declinación, independientemente de si eran o no elegibles".
Esa sala determinó que “básicamente los ciudadanos serían destinatarios de una pena que desde sus albores subyace en una contradicción y detrimento de sus derechos fundamentales”. Por eso, le ordenó al juzgado 25 penal de Bogotá retomar el caso a la mayor brevedad para definir si es necesario o no rehacer todo el proceso penal en contra de ellos, a pesar de ya haber recorrido todo el sistema judicial durante más de una década.
Sin embargo, para el presidente de la Sala Penal los hermanos Dávila Abondano aceptaron el preacuerdo “de manera libre, consciente y voluntaria, suscribieron un preacuerdo con la Fiscalía en el que decidieron aceptar el delito de peculado por apropiación, agravado y tentado bajo la premisa de que les sería impuesta una pena de 24 meses de prisión”. Por eso, dice el comunicado, “carecían de legitimación en la causa para elevar sus reproches y también los motivos que enseñaban por qué la conducta que cometieron, en el marco del denominado caso Agro Ingreso Seguro, sí debía ser penalmente sancionada”.
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