Piden a la justicia suspender audiencia virtual sobre aspersión aérea con glifosato

La disputa judicial entre las organizaciones sociales y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Policía Nacional alrededor de una audiencia pública en la que se debería discutir el plan de manejo ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato (Pecig), entre otros, no cesa. La diligencia fue suspendida por orden de un juez en mayo pasado luego de que, por la pandemia de COVID-19, esta fuera programada para hacerse de forma virtual, por un hecho clave: que esto impedía el acceso de las comunidades directamente afectadas. Luego de otro intento en septiembre, la diligencia fue reprogramada para el 19 diciembre.

Este miércoles, 2 de diciembre de 2020, las organizaciones sociales y comunidades rurales que se ven afectadas por el uso del herbicida pidieron formalmente al Juzgado Segundo Administrativo de Pasto que suspenda nuevamente la diligencia. Su argumento es que el Gobierno está desconociendo el fallo que frenó las audiencias para el reinicio de las aspersiones aéreas con glifosato en 104 municipios teniendo en cuenta que no están dadas las condiciones reales para que las comunidades puedan participar en la audiencia pública virtual. En su petición, recogieron alertas de personerías sobre las implicaciones de la audiencia y supuestas presiones indebidas alrededor de esta, falta de una propuesta metodológica para la misma y necesidad de hacer una consulta previa.

(En contexto: Ordenan suspender audiencia virtual decisiva para retomar aspersión con glifosato)

Por ejemplo, se cita que el personero del municipio de Novita, Chocó, envió un correo el 9 de noviembre de 2020 a la ANLA informando que esa entidad “no cuenta con los medios idóneos que nos permita hacer llegar el video enviado a cada una de los habitantes, sobre todo a los de la zona rural de este municipio, los cuales son los más afectado con el tema de cultivos ilícitos y la aspersión de estos, ya que las comunidades no cuentan con fluido eléctrico y mucho menos con los medios tecnológicos que les permita acceder a la información. Por lo tanto, les transmito la observación que estas personas me han manifestado, la cual consiste en que, dada la importancia del tema, se hace necesario que se adelanten estas reuniones de manera presencial”.

Y la Policía, dice el recurso, informó a la ANLA el 23 de septiembre pasado que peticiones similares fueron hechas por las personerías municipales de Suarez, Balboa y Bolívar (Cauca); Zaragoza (Antioquia); y en Sardinata (Norte de Santander). “Consideramos que estas alertas deben ser examinadas en el contexto de las fuertes presiones que desde el Ministerio de Defensa y el alto Gobierno se ejercen para que la decisión sobre el retorno de las aspersiones no se de en un contexto democrático y fundado en la mejor evidencia científica disponible para asegurar los derechos a la salud, ambiente, paz y derechos humanos, sino que parten de una imposición arbitraria y autoritaria que pretende quebrantar el orden constitucional”, dice la petición.

(En contexto: Una vez más, la ANLA convoca a audiencia virtual para aspersión aérea)

El documento firmado por 18 organizaciones sociales añade que “que el gobierno presiona y difunde información que distorsiona la realidad dando prácticamente por hecho que es una decisión ya está tomada, asegurando por ejemplo que llego “la hora cero” del regreso de las aspersiones y que ya están listos los aviones con los que se reactivarán las fumigaciones. A su vez, preocupan las declaraciones del Ministro de Defensa, en las que de manera ligera y sin ningún sustento sostiene que las aspersiones con glifosato sirven para detener el aumento reciente de las masacres”.

De otro lado, la petición dice que la propuesta de la Policía de hacer solo audiencia presencial en Florencia (Caquetá) y virtual en el resto del país, así como hacer retransmisiones por redes sociales y medios comunitarios no cumple con los estándares de participación para este asunto. “Una única audiencia pública sin presencia en los territorios que se verían afectados con las aspersiones continua sin otorgar plenas, adecuadas y apropiadas garantías para el ejercicio de los derechos a la participación e información. En particular porque no es una medida acorde con un enfoque diferencial territorial, étnico y campesino al que tienen derecho las comunidades sujetas de especial protección constitucional que se verían directamente perjudicadas con la decisión de reanudar las aspersiones”, señala la petición.

“La nueva convocatoria a una audiencia virtual por parte de la ANLA replica las mismas actuaciones violatorias de los derechos fundamentales que fueron tutelados lo que representa un evidente incumplimiento de las sentencias de tutela proferidas. Esta audiencia virtual continua sin otorgar plenas, adecuadas y apropiadas garantías para el ejercicio de estos derechos. En particular porque no es una medida acorde con un enfoque diferencial territorial, étnico y campesino al que tienen derecho las comunidades sujetas de especial protección constitucional que se verían directamente perjudicadas con la decisión de reanudar las aspersiones”, agrega la petición.

La solicitud fue firmada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, la Fundación WAKI, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina-(Anzorc), la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), Asociación MINGA, Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, Representante de la Asociación Campesina del Catatumbo, Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda y el Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP, entre otros.

La disputa judicial entre las organizaciones sociales y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Policía Nacional alrededor de una audiencia pública en la que se debería discutir el plan de manejo ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato (Pecig), entre otros, no cesa. La diligencia fue suspendida por orden de un juez en mayo pasado luego de que, por la pandemia de COVID-19, esta fuera programada para hacerse de forma virtual, por un hecho clave: que esto impedía el acceso de las comunidades directamente afectadas. Luego de otro intento en septiembre, la diligencia fue reprogramada para el 19 diciembre.

Este miércoles, 2 de diciembre de 2020, las organizaciones sociales y comunidades rurales que se ven afectadas por el uso del herbicida pidieron formalmente al Juzgado Segundo Administrativo de Pasto que suspenda nuevamente la diligencia. Su argumento es que el Gobierno está desconociendo el fallo que frenó las audiencias para el reinicio de las aspersiones aéreas con glifosato en 104 municipios teniendo en cuenta que no están dadas las condiciones reales para que las comunidades puedan participar en la audiencia pública virtual. En su petición, recogieron alertas de personerías sobre las implicaciones de la audiencia y supuestas presiones indebidas alrededor de esta, falta de una propuesta metodológica para la misma y necesidad de hacer una consulta previa.

(En contexto: Ordenan suspender audiencia virtual decisiva para retomar aspersión con glifosato)

Por ejemplo, se cita que el personero del municipio de Novita, Chocó, envió un correo el 9 de noviembre de 2020 a la ANLA informando que esa entidad “no cuenta con los medios idóneos que nos permita hacer llegar el video enviado a cada una de los habitantes, sobre todo a los de la zona rural de este municipio, los cuales son los más afectado con el tema de cultivos ilícitos y la aspersión de estos, ya que las comunidades no cuentan con fluido eléctrico y mucho menos con los medios tecnológicos que les permita acceder a la información. Por lo tanto, les transmito la observación que estas personas me han manifestado, la cual consiste en que, dada la importancia del tema, se hace necesario que se adelanten estas reuniones de manera presencial”.

Y la Policía, dice el recurso, informó a la ANLA el 23 de septiembre pasado que peticiones similares fueron hechas por las personerías municipales de Suarez, Balboa y Bolívar (Cauca); Zaragoza (Antioquia); y en Sardinata (Norte de Santander). “Consideramos que estas alertas deben ser examinadas en el contexto de las fuertes presiones que desde el Ministerio de Defensa y el alto Gobierno se ejercen para que la decisión sobre el retorno de las aspersiones no se de en un contexto democrático y fundado en la mejor evidencia científica disponible para asegurar los derechos a la salud, ambiente, paz y derechos humanos, sino que parten de una imposición arbitraria y autoritaria que pretende quebrantar el orden constitucional”, dice la petición.

(En contexto: Una vez más, la ANLA convoca a audiencia virtual para aspersión aérea)

El documento firmado por 18 organizaciones sociales añade que “que el gobierno presiona y difunde información que distorsiona la realidad dando prácticamente por hecho que es una decisión ya está tomada, asegurando por ejemplo que llego “la hora cero” del regreso de las aspersiones y que ya están listos los aviones con los que se reactivarán las fumigaciones. A su vez, preocupan las declaraciones del Ministro de Defensa, en las que de manera ligera y sin ningún sustento sostiene que las aspersiones con glifosato sirven para detener el aumento reciente de las masacres”.

De otro lado, la petición dice que la propuesta de la Policía de hacer solo audiencia presencial en Florencia (Caquetá) y virtual en el resto del país, así como hacer retransmisiones por redes sociales y medios comunitarios no cumple con los estándares de participación para este asunto. “Una única audiencia pública sin presencia en los territorios que se verían afectados con las aspersiones continua sin otorgar plenas, adecuadas y apropiadas garantías para el ejercicio de los derechos a la participación e información. En particular porque no es una medida acorde con un enfoque diferencial territorial, étnico y campesino al que tienen derecho las comunidades sujetas de especial protección constitucional que se verían directamente perjudicadas con la decisión de reanudar las aspersiones”, señala la petición.

“La nueva convocatoria a una audiencia virtual por parte de la ANLA replica las mismas actuaciones violatorias de los derechos fundamentales que fueron tutelados lo que representa un evidente incumplimiento de las sentencias de tutela proferidas. Esta audiencia virtual continua sin otorgar plenas, adecuadas y apropiadas garantías para el ejercicio de estos derechos. En particular porque no es una medida acorde con un enfoque diferencial territorial, étnico y campesino al que tienen derecho las comunidades sujetas de especial protección constitucional que se verían directamente perjudicadas con la decisión de reanudar las aspersiones”, agrega la petición.

La solicitud fue firmada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, la Fundación WAKI, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina-(Anzorc), la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), Asociación MINGA, Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, Representante de la Asociación Campesina del Catatumbo, Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda y el Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP, entre otros.