Piden audiencia en la Corte sobre estudio de decreto de la Unidad de Búsqueda de Personas

Varias organizaciones de víctimas y de derechos humanos le enviaron una carta al magistrado de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, solicitándole una audiencia pública en el proceso de revisión del decreto ley que organiza el funcionamiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Udpd). (Le podría interesar: La Fiscalía entregará 17 informes sobre el conflicto armado a la JEP)

En la misiva, las 35 organizaciones manifestaron el tránsito que ha tenido la petición al interior del alto tribunal. La solicitud fue presentada por primera vez el 22 de agosto de 2017 y nuevamente reiterada el 4 de diciembre del mismo año. Sin embargo, aunque el 12 de enero les informaron que sería resuelta en un mes, y que entró al despacho del magistrado el 12 de enero, a la fecha no han recibido una respuesta.

Estas organizaciones igualmente manifestaron importante esta solicitud por cuatro motivos. El primero, porque consideran que esta unidad cumplirá una labor esencial en la reparación integral de las víctimas en el marco de la implementación de los acuerdos de paz. “El derecho fundamental a la reparación integral está íntimamente ligado con la dignidad y la realización de las medias de carácter humanitario de atención a las víctimas como las que dispone la Udpd”, precisó la carta. (Lea también: Consejo de Estado da recomendaciones para búsqueda de personas desaparecidas)

El segundo motivo tiene que ver con la regla, según las organizaciones, de la participación de las víctimas en todas las instancias de decisión que garanticen sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Otro de los motivos es que las observaciones y consideraciones que las víctimas realicen pueden “enriquecer” el análisis de los problemas jurídicos de esta norma. “Esto, pues, recogen voces de un universo heterogéneo de víctimas y ciudadanos, incluyendo a las víctimas de crímenes de Estado que han sido especialmente marginadas”, explicaron en la carta.

Por último, las organizaciones expresaron ese espacio es de “vital importancia” para proteger y garantizar la participación democrática. “Justamente, la posibilidad de intervenir como ciudadanos en la Corte Constitucional para conceptuar sobre la adecuación de las normas a la carta magna, es una materialización de este principio estructural de la ciudadanía democrática”, finalizó. Organizaciones que, de acuerdo con la carta enviada esta semana, aún siguen esperano una respuesta. (Le sugerimos: Las inconsistencias en la búsqueda de restos de personas dadas por desaparecidas)

Varias organizaciones de víctimas y de derechos humanos le enviaron una carta al magistrado de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero, solicitándole una audiencia pública en el proceso de revisión del decreto ley que organiza el funcionamiento de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Udpd). (Le podría interesar: La Fiscalía entregará 17 informes sobre el conflicto armado a la JEP)

En la misiva, las 35 organizaciones manifestaron el tránsito que ha tenido la petición al interior del alto tribunal. La solicitud fue presentada por primera vez el 22 de agosto de 2017 y nuevamente reiterada el 4 de diciembre del mismo año. Sin embargo, aunque el 12 de enero les informaron que sería resuelta en un mes, y que entró al despacho del magistrado el 12 de enero, a la fecha no han recibido una respuesta.

Estas organizaciones igualmente manifestaron importante esta solicitud por cuatro motivos. El primero, porque consideran que esta unidad cumplirá una labor esencial en la reparación integral de las víctimas en el marco de la implementación de los acuerdos de paz. “El derecho fundamental a la reparación integral está íntimamente ligado con la dignidad y la realización de las medias de carácter humanitario de atención a las víctimas como las que dispone la Udpd”, precisó la carta. (Lea también: Consejo de Estado da recomendaciones para búsqueda de personas desaparecidas)

El segundo motivo tiene que ver con la regla, según las organizaciones, de la participación de las víctimas en todas las instancias de decisión que garanticen sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Otro de los motivos es que las observaciones y consideraciones que las víctimas realicen pueden “enriquecer” el análisis de los problemas jurídicos de esta norma. “Esto, pues, recogen voces de un universo heterogéneo de víctimas y ciudadanos, incluyendo a las víctimas de crímenes de Estado que han sido especialmente marginadas”, explicaron en la carta.

Por último, las organizaciones expresaron ese espacio es de “vital importancia” para proteger y garantizar la participación democrática. “Justamente, la posibilidad de intervenir como ciudadanos en la Corte Constitucional para conceptuar sobre la adecuación de las normas a la carta magna, es una materialización de este principio estructural de la ciudadanía democrática”, finalizó. Organizaciones que, de acuerdo con la carta enviada esta semana, aún siguen esperano una respuesta. (Le sugerimos: Las inconsistencias en la búsqueda de restos de personas dadas por desaparecidas)