La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas de protección a favor del consejero de Estado Juan Enrique Bedoya Tovar. La petición fue presentada tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro por la decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de COP 5 billones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones.
El origen de la petición está en la decisión del Consejo de Estado del 11 de mayo, cuando suspendió el decreto 415 de 2026, expedido el 23 de abril y con el cual el Ejecutivo ordenó a los fondos de pensiones transferir a Colpensiones más de COP 27 billones. El pasado 28 de abril, la Sección Segunda de ese tribunal suspendió una parte del decreto que ordenaba el traslado del ahorro de quienes se habían pasado de fondos privados al público, pero no se han pensionado.
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La más reciente decisión es puntualmente sobre los ahorros de quienes se trasladaron de fondos privados a Colpensiones y que ya cumplieron con todos los requisitos para pensionarse. La demanda que estudia el Consejo de Estado pide tumbar todo el decreto. Sostiene que las medidas de Gobierno van en contra de reglamentaciones previas, pues el Ejecutivo habría incurrido en una extralimitación de funciones y habría violado el principio de confianza legítima de los ciudadanos.
Tras esa decisión, el presidente Gustavo Petro no tardó en pronunciarse. En una de sus publicaciones en la red social X, el pasado 11 de mayo, escribió: “Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente”.
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En ese sentido, la petición de la CEJ señala que las manifestaciones del jefe de Estado comprometen principios fundamentales como la separación de poderes y el derecho a un juicio justo. La organización también expresó que la independencia judicial se ve “seriamente comprometida” cuando el presidente de la República utiliza su poder de comunicación para deslegitimar decisiones judiciales y sugerir acciones penales contra magistrados que adoptan decisiones contrarias a sus intereses.
En su solicitud, la CEJ advirtió que las amenazas de demandas, así como la presión pública ejercida sobre los magistrados, pueden generar un efecto “amedrentador” sobre los jueces, afectando su capacidad de actuar de manera imparcial y conforme a la ley, sin temor a represalias. Además, la organización señaló que las actuaciones del presidente Gustavo Petro debilitan el principio de separación de poderes, al intentar influir en las decisiones judiciales o cuestionarlas públicamente.
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Por ello, la CEJ solicitó a la CIDH que se otorguen medidas cautelares para “proteger la independencia judicial” y, de forma particular, al consejero Bedoya Tovar. Asimismo, pidió información al Estado sobre las acciones adoptadas tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, así como sobre las medidas implementadas para garantizar la independencia judicial.
La CEJ también le pidió a la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados que se pronuncie sobre las declaraciones públicas del presidente y sus señalamientos. Además, solicitó que se exija al Estado “la adopción de medidas inmediatas para garantizar la independencia judicial, particularmente en lo que respecta a las amenazas y presiones públicas dirigidas a los magistrados, con el fin de prevenir cualquier forma de interferencia en sus decisiones”.
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