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Delegados de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz (CSIVI), entre los que se encuentran el activista Jairo Estrada y dos excombatientes de las Farc, solicitaron a la Corte Constitucional la revisión de 11 expedientes en los que se pide que se protejan "los derechos fundamentales a la vida, seguridad e integridad de excombatientes de la guerrilla”. Aunque estas acciones de tutela han llegado hasta tribunales, denuncian que las decisiones tomadas por los entes judiciales resultaron insuficientes.
“Desde la firma del Acuerdo Final de Paz han sido asesinados 227 excombatientes, todas, personas en proceso de reincorporación, cumpliendo cada uno de los puntos de los compromisos derivados de lo pactado. Muchos de los homicidios se cometieron en contra de quienes se desempeñaban como líderes sociales, defensores de Derechos Humanos en sus territorios, en labores de implementación o sustitución de cultivos de uso ilícito”, acusan los delegados que elevaron su solicitud a la Sala de Selección de la Corte.
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Los firmantes, primero, exponen una lista de las 11 acciones de tutela que fueron interpuestas para garantizar la seguridad de los excombatientes. Los expedientes están radicados en Meta, Nariño, Tolima, Guaviare y Norte de Santander, departamentos afectados por el crimen contra líderes sociales y exmiembros de la guerrilla de las Farc. Solo un caso llegó al Consejo de Estado, mientras que los demás fueron objeto de decisión en los diferentes Tribunales Superiores de Distrito.
Agregan que estos fallos agrupan, además, a diversos miembros del partido FARC que se encuentran en riesgo como consecuencia de su condición de exmilitantes y liderazgo sociopolítico. "Les fueron vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, seguridad e integridad personal, debido a que, a pesar del riesgo y la urgencia de la protección necesaria, la respuesta estatal era nula, tardía o deficiente”, aseguran en el documento conocido por El Espectador.
El punto central de las denuncias, por el cual quieren que la Corte Suprema revise las acciones de tutela, es la omisión en las medidas de protección por parte del Estado para garantizar la seguridad de personas en riesgo inminente. “Se trata de unas personas que la Mesa Técnica de Seguridad y Protección había aprobado medidas de protección y estas no habían sido implementadas, también personas cuyos estudios de riesgo para ser sujetos de protección no avanzaban en sede de la UNP, en algunos casos, incluso, con varios meses de retraso”, afirman.
Dicen, también, que han solicitado a los jueces la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional, es decir, se de avance a un mecanismo que ampare los derechos fundamentales de una población, que en este caso se encuentra en un panorama de desprotección y riesgo inminente. Para sostener este punto, subrayan que han sido asesinados más de 200 firmantes del Acuerdo de Paz, sin contar homicidios contra familiares, simpatizantes y militantes de la FARC.
Los argumentos de los delegados del partido FARC
Para seleccionar acciones de tutela para revisión, la Corte Constitucional dice en su reglamento que se guía por criterios objetivos, subjetivos y complementarios. Los delegados del partido FARC, en los primeros criterios, aseguran que hay un riesgo a la dignidad e integridad de los firmantes de paz. También hablan sobre problemas estructurales del Estado para materializar principios y aspiraciones constitucionales. Cierran exponiendo que todo esto se debe a la "no implementación de buena fe del AFP -Acuerdo Final de Paz- en temas de seguridad y protección.
Siguiendo con los criterios objetivos, argumentan que la intervención de la Corte Constitucional es fundamental para llevar a cabo, con integridad, el Acuerdo Final de Paz. Además, plantean el debate sobre la configuración de un Estado de Cosas Inconstitucional “ante la latencia de vulneraciones masivas, sistemáticas y repetidas de derechos fundamentales de una multitud de personas, cuya solución demanda una intervención conjunta y armónica de la institucionalidad pública”, dicen.
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En los criterios subjetivos, inician reiterando la cifra de asesinatos contra firmantes del Acuerdo Final porque no hay “nada más urgente como criterio subjetivo que la protección de la vida y la paz”. Para alimentar este argumento, los delegados citan el propio documento de la negociación de 2016, indicando que los miembros del nuevo partido político FARC tienen presunción de riesgo extraordinario.
“En segundo lugar, un elemento adicional que corrobora la afectación a derechos subjetivos es el elevado volumen de medidas de protección y seguridad aprobadas por la Unidad Nacional de Protección, que no han sido implementadas por obstáculos administrativos internos”, denuncian en el documento. Cierran este apartado, en relación con el Gobierno Duque, exigiendo que la nueva estrategia “Paz con Legalidad” no pase por alto la implementación de los acuerdos pactados en La Habana.
Sobre los criterios complementarios, afirman que las acciones de tutela han sido de conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, que también ha hecho llamados a las entidades del Estado para que asuman la responsabilidad en la protección de los exguerrilleros. También recogieron palabras de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia que, según ellos, ha expresado serias preocupaciones sobre los crímenes contra la población excombatiente. “Exmiembros de las FARC-EP han recurrido a medidas judiciales para acelerar sus solicitudes de protección”, citaron.
De acuerdo con datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), un total de 47 excombatientes de las Farc, firmantes del Acuerdo Final de la Habana, han sido asesinados en Colombia en lo que va corrido de 2020. El último de ellos es Cristian Sánchez, quien fue reportado muerto ayer 27 de septiembre, tras ser encontrado dentro de una fosa en la zona rural de Suarez (norte del Cauca).