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Pierre García, exdirector encargado del Departamento de Prosperidad Social (DPS) durante el gobierno de Iván Duque, rompió su silencio durante las audiencias en las que la Fiscalía pide enviarlo a la cárcel. El exfuncionario del Gobierno de Iván Duque le solicitó a la juez permitirle defenderse de estas acusaciones en libertad y dijo que el presidente Gustavo Petro lo condenó anticipadamente. Este hombre es investigado por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.
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García aseguró que las pruebas en su contra se basan en un testimonio falso de Pablo Herrera, entonces director de Proyecta, empresa hacia la que se habrían direccionado varios contratos de infraestructura a favor de una presunta red criminal de la que haría parte. Agregó que tiene las pruebas para demostrar que es inocente y dijo que el presidente, Gustavo Petro, lo condenó anticipadamente. “El Presidente (Gustavo Petro), sin conocer nada sobre este asunto, ya me condenó por adelantado, el mismo presidente que reclama un debido proceso para su hijo ante la misma Fiscalía”, dijo el exfuncionario.
El exfuncionario del Departamento de Prosperidad Social agregó que su padre, el exsenador Carlos García, ya fue víctima de los falsos testigos al ser condenado inicialmente por parapolítica y luego fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia. Por todo lo anterior pidió poder defenderse en libertad y no acoger la solicitud de la Fiscalía que pidió enviarlo a la cárcel.
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La Fiscalía pidió enviar a la cárcel a García para asegurar su comparecencia en el proceso y para proteger a las víctimas. Además, la fiscal del caso dijo que pedirán a Interpol que emita una circular roja en su contra, porque, supuestamente, habría mentido a la justicia sobre su actual ubicación, y estaría realmente en París, Francia.
En diciembre del año pasado, García fue imputado por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. De acuerdo con el ente investigador, García habría aprovechado su cargo y participación en los comités de contratación del DPS, en 2021, para orientar irregularmente la celebración del contrato interadministrativo 670 de 2021, suscrito entre el DPS y Proyecta Quindío, por $48.660 millones; y otros 27 proyectos relacionados, que contemplaba la financiación de obras de infraestructura en Tolima, Quindío y Valle del Cauca.
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El ente investigador, además, sostuvo que García argumentó que siendo director del DPS, García habría recibido varias veces en 2022 a Katherine Rivera, quien para la época era asesora en la UTL de Ciro Ramírez, y quien ya fue imputada por estos hechos. Asimismo, el ente investigador resaltó la importancia de Pablo César Herrera Correa, entonces director de Proyecta, empresa hacia la que se habrían direccionado varios contratos. Además de la visita del senador Miguel Ángel Barreto.
Igualmente, la Fiscalía expresó que García, aparentemente, no solo cumplía un rol al servicio de los senadores, sino que también obedecía a Pablo César Herrera. “Usted cumple no solamente un rol de subordinación con los senadores dentro de esta estructura criminal, porque obedece a esas instrucciones de indicarle en últimas al funcionario público que direcciona la contratación, cómo debe darse este direccionamiento, sino que adicionalmente entrega directrices en ese marco de una instrumentalización para finiquitar ese direccionamiento de la contratación estatal”, dijo la fiscal del caso.
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