4 Mar 2020 - 5:52 p. m.

Policía sí puede usar datos de sistemas de videovigilancia (con algunas precisiones)

La Corte Constitucional señaló que el contenido de las cámaras ubicadas en espacios públicos o que sean privados pero abiertos al público se pueden usar con fines de seguridad, pero no de manera indiscriminada. Se requerirá orden judicial y no se puede violar el habeas data de las personas.

Redacción Judicial

La ley había sido demandada por Dejusticia al considerar que se vulneraba la intimidad de los ciudadanos. / Archivo El Espectador
La ley había sido demandada por Dejusticia al considerar que se vulneraba la intimidad de los ciudadanos. / Archivo El Espectador

La Corte Constitucional tenía en sus manos definir una demanda que presentó la organización Dejusticia en contra de varios artículos del Código de Policía sobre el uso de los sistemas de videovigilancia, ubicados tanto en espacios públicos, semiprivados o hasta en sistemas de transporte. En su criterio, esto representaba una vulneración al derecho a la intimidad porque no se exigía orden judicial e implicaba una recolección indiscriminada de datos sobre los ciudadanos. Después de varios debates, el alto tribunal zanjó esta discusión.

En términos generales, la Corte avaló el uso de los sistemas de videovigilancia con fines de seguridad, pero hizo varias precisiones. Para Dejusticia, el Código de Policía realmente estaba volviendo públicos y, por tanto, de libre de acceso y de consulta, todos los datos personales captados o almacenados por los sistemas de vigilancia. El alto tribunal dijo que la naturaleza de esos datos no depende realmente del lugar en donde están las cámaras sino de su contenido.

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Y la razón, según la decisión, es que la Constitución prohíbe, en general, “la existencia de sistemas de vigilancia que tengan por objeto o como efecto anular el derecho a la intimidad, desconocer el derecho al habeas data o impedir el ejercicio de las libertades constitucionalmente”. Por esa razón, la Corte precisó que las autoridades, de ahora en adelante, deben manejar los datos captados por estos sistemas de videovigilancia siguiendo “los principios de legalidad, finalidad, libertad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad y caducidad”.

En palabras sencillas, que la recopilación de los datos no debe ser de manera indiscriminada ni puede hacerse sin orden judicial. Así, dejó vivo, pero con dicho condicionamiento el artículo 237 de la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía). De otro lado, la Corte avaló el artículo 32 que establece como lugares públicos los sitios que en principio son privados pero que están abiertos al público o que son usados con fines sociales, comerciales o industriales. Esto incluye zonas de almacenamiento o estacionamientos, por ejemplo.

De acuerdo con Dejusticia, esta definición de privacidad implica que el derecho a la intimidad queda condicionado a si la persona está o no en espacio privado. La Corte dijo que ese derecho a la intimidad protege un “espacio personal ontológico” o un “espacio del libre desarrollo de la personalidad” y que, por tanto, “existe una exigencia mínima de respeto al derecho a la intimidad que se predica en todos los ámbitos y en todos los espacios (públicos, semipúblicos, semiprivados y privados)”.

La Corte Constitucional también ratificó un apartado del artículo 146 del Código de Policía que obliga a las empresas que prestan servicios de transporte masivo a implementar cámaras de vigilancia. Para el alto tribunal si bien las cámaras implican leve restricción del derecho a la intimidad de los pasajeros, la misma se justifica por el fin que busca proteger: la seguridad, el interés general y la garantía del orden público. En todo caso,  la Corte dijo que el “almacenamiento de la información, imágenes y datos (…) deberá sujetarse a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 en materia de protección de datos personales”.

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