Por advertencias de la Procuraduría se suspende adjudicación del PAE en el Cesar
Las alertas que encendió la Procuraduría por las posibles irregularidades en la licitación de los contratos por más de $48.000 millones del Programa de Alimentación Escolar en el Cesar, llevaron a que se suspendiera su adjudicación.
Después de que la Procuraduría anunciara una serie de inquietudes y advertencias frente a varias posibles irregularidades en el proceso de licitación en la elección del operador del Programa de Alimentación (PAE) del departamento del Cesar, se suspendieron los procesos de adjudicación de estos millonarios contratos.
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Los reclamos que realizaron los funcionarios del Ministerio Público se fundamentaron en las inconsistencias que fueron encontradas en la evaluación y calificación de las únicas dos empresas que participaron en el concurso para ganar esta millonaria licitación para administrar la alimentación de los centros educativos del departamento.
Además, a través de diligencias adelantadas por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, se establecen posibles inhabilidades y conflictos de intereses que se pudieron presentar en el mismo proceso de selección para adjudicar estos contratos del PAE.
Lea aquí: PAE: 453 mil estudiantes no están recibiendo alimentos
“El contrato para la vigencia 2023 y que tiene como objetivo suministrar las raciones alimentarias para instituciones educativas oficiales en zonas urbanas y rurales del departamento, y que sería adjudicado en pocos días, tiene un presupuesto asignado de $ 48.739.961.016″, aseguró el Ministerio Público a través de un comunicado.
Otros líos en el PAE del Cesar
Sobre los contratos que rodean el Programa de Alimentación del Cesar, ya se han presentado varias irregularidades que salpican a fuertes gamonales del departamento. Así es el caso del actual gobernador del departamento, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, contra quien en noviembre del año pasado se dictó la medida de casa por cárcel por su presunta participación en un sobrecosto de $2.983 millones en los contratos del PAE.
Lea también: Dictan medida de aseguramiento contra Luis Alberto Monsalvo Gnecco, gobernador de Cesar
De acuerdo con la Fiscalía, Monsalvo Gnecco habría dirigido la contratación, lo que habría generado un sobrecosto de aproximadamente $3.000 millones. Esto, en un contrato suscrito en el 2015 que se celebró entre el secretario general del departamento y un consorcio integrado por tres empresas que tenía como finalidad prestar el servicio de alimentación a los menores del departamento por un costo de $23.538 millones. Este contrato terminó con un costo de $34.632 millones.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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Además, a través de diligencias adelantadas por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, se establecen posibles inhabilidades y conflictos de intereses que se pudieron presentar en el mismo proceso de selección para adjudicar estos contratos del PAE.
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“El contrato para la vigencia 2023 y que tiene como objetivo suministrar las raciones alimentarias para instituciones educativas oficiales en zonas urbanas y rurales del departamento, y que sería adjudicado en pocos días, tiene un presupuesto asignado de $ 48.739.961.016″, aseguró el Ministerio Público a través de un comunicado.
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Sobre los contratos que rodean el Programa de Alimentación del Cesar, ya se han presentado varias irregularidades que salpican a fuertes gamonales del departamento. Así es el caso del actual gobernador del departamento, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, contra quien en noviembre del año pasado se dictó la medida de casa por cárcel por su presunta participación en un sobrecosto de $2.983 millones en los contratos del PAE.
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De acuerdo con la Fiscalía, Monsalvo Gnecco habría dirigido la contratación, lo que habría generado un sobrecosto de aproximadamente $3.000 millones. Esto, en un contrato suscrito en el 2015 que se celebró entre el secretario general del departamento y un consorcio integrado por tres empresas que tenía como finalidad prestar el servicio de alimentación a los menores del departamento por un costo de $23.538 millones. Este contrato terminó con un costo de $34.632 millones.
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