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10 Oct 2022 - 3:25 p. m.

Por chuzadas a pilotos de Avianca, Laude Fernández fue condenado a más de cuatro años

Laude José Fernández fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación de comunicaciones y violación de datos personales por haber interceptado conversaciones del sindicato de Avianca, así como de políticos e incluso menores de edad. El juez del caso compulsó copias para que la Fiscalía investigue posibles perfilamientos a magistrados y otros jueces por parte de BRG y Laude Fernández.
Ex Jefe de Inteligencia del DAS en audiencia.
Ex Jefe de Inteligencia del DAS en audiencia.
Foto: Cristisan Garavito

El exjefe de contrainteligencia del DAS, Laude José Fernández, fue condenado a cuatro años y un mes de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación de comunicaciones y violación de datos personales por haber interceptado conversaciones del sindicato de Avianca, así como de políticos e incluso menores de edad. La condena llegó luego de que un juez avaló un preacuerdo en el que el exfuncionario aceptó responsabilidad en los hechos.

El fallo de 99 páginas emitido por el juzgado 45 penal de conocimiento también le impuso una multa de 80 salarios mensuales mínimos vigentes y compulsó copias contra el exfuncionario por las conductas en las que pudo incurrir en contra de jueces y magistrados. “Considera este despacho que la misma es procedente, pues ciertamente de los elementos materiales probatorios que fueron trasladados a esta judicatura y de la declaración de Renato Covelo Frutos vicepresidente legal de Avianca Holdings S.A., se observa que BRG oficinas de Colombia al mando del hoy condenado realizó investigación sobre jueces y magistrados”, resaltó el juzgado.

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Laude Fernández Arroyo, era el representante en Colombia de Berkeley Research Group (BRG) una multinacional que presta servicios de seguridad a grandes empresas. En su momento, la hipótesis de la Fiscalía es que Avianca y GEB (Grupo de Energía de Bogotá) contrataron a BRG para que les prestara servicios de “inteligencia corporativa” en momentos de crisis. BRG habría interceptado las comunicaciones de los capitanes Julián Pinzón, Jaime Hernández y Jorge Mario Medina, miembros del sindicato (Acdac).

La determinación judicial además ordenó que se investigara otras posibles acciones ilegales contra magistrados y jueces. Una solicitud hecha por las víctimas del caso y que se basa en las declaraciones entregadas a las autoridades por Renato Covelo Frutos vicepresidente legal de Avianca. “Se compulsen copias ante la Fiscalía para que se investiguen las conductas penales en que Fernández Arroyo hubiese podido incurrir en contra de jueces y magistrados, considera este despacho que la misma es procedente, pues ciertamente de los elementos materiales probatorios que fueron trasladados a esta judicatura y de la declaración de Renato Covelo Frutos vicepresidente legal de Avianca”, señala la sentencia.

Y agregó el fallo: “Se observa que BRG oficinas de Colombia al mando del hoy condenado realizó investigación sobre jueces y magistrados en el marco de las acciones de tutela y acciones legales que fueron promovidas por algunos integrantes de ACDAC, en las que se indicaba se acudió a fuentes humanas confidenciales de información no determinadas, y se expusieron situaciones personales de los consultados frente a las cuales no se descarta se haya podido incurrir en maniobra fraudulenta para obtenerla”, dice el fallo conocido por este diario.

Por estos hechos, Fernández presentó disculpas públicas. “Le ofrezco disculpas a las víctimas que se vieron involucradas en los hechos que yo estoy aceptando en el día de hoy, porque los lesioné al haber cometido esas conductas”, manifestó el exdirector de inteligencia del DAS quien añadió que las excusas las extendía a “las personas que confiaron en mí en los sitios donde trabajé y a las personas con las cuales trabajaba”, explicó en abril de este año.

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El juzgado tuvo en cuenta las excusas y profirió fallo por su responsabilidad en los hechos que, según la Fiscalía, tuvieron lugar en 2017, cuando intervino ilegalmente, como parte de una red de chuzadas, las conversaciones del sindicato de pilotos de Avianca (Acdac) en el paro que hicieron los trabajadores de esa empresa.

El juzgado estimó que “de manera fraudulenta Laude José Fernández Arroyo, si obtuvo información privilegiada que vulneró la intimidad de las personas, a través de las interceptaciones ilegales” que realizó en compañía con Fabio Augusto Martínez Lugo y Luis Carlos Gómez Góngora, exfuncionarios de la Fiscalía General.

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A juicio del despacho, la actuación de Fernández no solamente afectó las garantías constitucionales y legales de los sindicalistas de ACDAC, Julián Pinzón Saavedra y Jaime Hernández Sierra, el director de ENEL Lucio Rubio y el abogado Felipe Jaramillo (entre otros), sino al mismo Estado al convalidar el uso de las salas de interceptación de la Fiscalía para lograr sus propósitos.

Reprochó que Fernández no tuvo en cuenta que compañías como Avianca y del Grupo De Energía De Bogotá creyeron en BRG al ser una empresa de investigación de talla internacional. La consideraron como una entidad “confiable, sería, con filiales y representación a nivel mundial” y con su actuar puso en riesgo no solo a sus dirigentes que contrataron los servicios de BRG por cada una de estas corporaciones, sino en suma el nombre y la reputación de Avianca y GEB a nivel nacional e internacional”.

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Para el juzgado, está claro que Laude Fernández al acceder a las llamadas en tiempo real de manera ilegal, era la forma más fácil de apropiarse de la información de terceros, ahorrando tiempo y recursos, situación que es “reprochable”, al afectarse con su accionar no solo la buena reputación de las compañías que le contrataron sino inclusive de la misma BRG de la que él era representante en Colombia.

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De acuerdo con el juzgado, “ese comportamiento lesionó los bienes jurídicos tutelados de la seguridad pública y la protección de la información y de los datos, y por lo mismo, se estableció para ellas la pena de prisión”, dijo el juez en el fallo y añadió que, para el momento de los hechos, Fernández no padecía trastorno mental o inmadurez psicológica que le impidiera comprender la ilicitud de su comportamiento.

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En este proceso, en abril pasado, otra de las fichas claves de este caso, el exfiscal Fabio Martínez Lugo, también le fue avalado un preacuerdo por este mismo caso y pidió disculpas públicas. “Con mi actuar irresponsable y desfasado, lesioné la confianza depositada por la sociedad en sus órganos investigativos, judiciales y de juzgamiento. Con mi aceptación de cargos, la justicia colombiana demostró que alejarse de la legalidad, aun para funcionarios encargados de la investigación criminal, tiene consecuencias penales. Por ello, mi proceso debe ser tema de reflexión para todos los funcionarios judiciales e investigadores sobre las consecuencias de salir del límite de la ley”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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