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La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín tumbó por cuarta vez el proceso en contra de la empresa CIJ Gutiérrez, por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado. Una jueza de la capital antioqueña ratificó en segunda instancia la decisión más reciente sobre el caso.
En su concepto, la Fiscalía no ha logrado estructurar un caso sólido en torno a la acusación de que 13 miembros de la compañía habrían lavado $2,4 billones a través de proveedores ficticios. Con este último pronunciamiento del tribunal se ratifica la decisión tomada el 4 de agosto de 2023, cuando el Juzgado Segundo Penal Especializado del Circuito de Medellín decretó la nulidad de la actuación desde la audiencia de imputación del caso.
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Los enredos del caso CIJ Gutiérrez
Esta es la acuarta oportunidad en la que la administración de justicia le tumba el proceso a la Fiscalía por falta de pruebas y argumentos. Todo comenzó cuando en 2019 las autoridades allanaron las instalaciones de CIJ Gutiérrez porque presuntamente 13 directivos y proveedores de la empresa estarían exportando oro ilegal a Estados Unidos y Suiza, y lavando las ganancias de esa actividad ilícita.
Los procesados por este caso eran Andrés Viera Gutiérrez, representante legal de la empresa; Margarita Escobar, su exgerente; Juan Muñoz Zapata, el exrevisor fiscal; y Guillermo Antonio Rojas, contador de la empresa.
También fueron llamados a juicio Sebastián Vélez Flórez, Henry Hernández Remolina, Adolfo Olano León, Marisela Sanes Olmos, Elkin Pérez Yepes, Saúl Rojas Arroyave, José Ortiz Olarte, Joaquín Pérez Yepes y Enrique Tejada Segundo, proveedores de CIJ Gutiérrez.
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En las tres oportunidades en las que el proceso no ha dado resultado los jueces han señalado que las acusaciones son confusas. En octubre de 2020 una jueza especializada de Medellín argumentó que faltó claridad en la hipótesis final de la pesquisa de la Fiscalía.
Luego, en febrero de 2023, otra juez señaló que no era claro qué rol jugaban las personas implicadas en el presunto caso de lavado de dinero. En la decisión de agosto de ese mismo año se anuló de nuevo, argumentando que la imputación y la acusación eran confusas, sumado a que no se había ido a fondo en la investigación sobre el billonario enriquecimiento ilícito.
En esta cuarta oportunidad, la magistrada Claudia Patricia Vásquez argumentó que la imputación de la Fiscalía fue incompleta y ambigua, a pesar de tener las herramientas para hacer un trabajo que le permita consolidar la información. Esto pondría en condición de desventaja a los implicados.
“La formulación de imputación incompleta afecta gravemente las garantías fundamentales de los procesados, como el derecho de defensa y el debido proceso, en la media en que, al no ser informados de manera clara y precisa sobre los hechos en punto de la calificación jurídica, se dificulta en gran medida la preparación adecuada de su defensa, y el recaudo probatorio para refutar la acusación, incluso, limita una eventual aceptación de cargos”, se argumenta en la decisión.
Ahora el proceso regresa a su punto inicial, sin ser resuelto y con escasas posibilidad de que se consoliden los argumentos necesarios sacarlo adelante.
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