En Sardinata (Norte de Santander), la familia de Víctor María Afanador, integrada por él y sus dos hijos, recibió una de las 582 cartas de indemnización que buscan mejorar las condiciones de vida de quienes son víctimas del conflicto armado en la región. Las compensaciones económicas, que en total ascienden a $4.032 millones, fueron entregadas en cumplimiento de la estrategia de atención prioritaria en el Catatumbo.
Las cuatro jornadas de reparación integral, encabezadas por la Unidad para las Víctimas, beneficiaron a pobladores de los municipios de Cúcuta, Ocaña, El Zulia y Sardinata. Desde mediados de enero, el Catatumbo se mantiene en una disputa entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el ELN que ha provocado hasta ahora más de 59.586 desplazamientos y 94 muertes.
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Estas entregas hacen parte de las medidas que buscan garantizar la atención de la población, principal afectada por el conflicto armado. El subdirector general de la Unidad para las Víctimas, Ómar Fernández Obregón, destacó que este proceso responde a la necesidad de agilizar las acciones de reparación en la región.
Fernández detalló que se viene adelantando “un proceso de priorización del Catatumbo en el marco de la estrategia que el presidente Gustavo Petro nos ha indicado a las distintas entidades del Gobierno nacional de concentrar nuestros esfuerzos y respondamos a este proceso generado en el marco de los decretos de conmoción interior”.
La entrega de estas indemnizaciones se suma a otras estrategias diseñadas para aliviar la situación de las víctimas en el Catatumbo. La Unidad ha gestionado la distribución de ayuda humanitaria, enviando por vía aérea y terrestre 10.349 kits de alimentos, cocina y aseo, así como 33.722 elementos de hábitat, que incluyen cobijas, colchonetas, juegos de sábanas, toallas, linternas y velas.
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El proceso de indemnización individual continuará esta semana en el municipio de Tibú, donde se entregarán 77 cartas de indemnización por un monto total superior a $542 millones. Además de la compensación económica, desde el Grupo de Retornos y Reubicaciones, se adelantan gestiones para contactar a 3.786 hogares en situación de desplazamiento forzado, con el fin de identificar su intención de retornar a sus territorios, reubicarse o integrarse localmente.
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