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La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el último director de la Sociedad de Activos Especiales del gobierno de Iván Duque: Andrés Alberto Ávila, jefe de la entidad que administra los bienes confiscados a la mafia entre el 2020 y 2022.
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Según la pesquisa, Ávila será investigado por posibles irregularidades en la modificación del presupuesto del Fondo para la Rehabilitación, Inversión y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), el cual estaba bajo su administración.
“Al parecer, el directivo ordenó gastos de funcionamiento, avaló el pago de bonificaciones, autorizó el pago de indemnizaciones a directivos por cambio de gobierno, entre otras partidas que no estaban autorizadas para la vigencia 2022 ni por el Comité Técnico de Frisco, ni del Consejo Nacional de Estupefacientes”, señala la Procuraduría.
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Al parecer, como lo encontró la entidad, no habría si quiera claridad sobre la legitimidad de las decisiones adoptadas al interior de la SAE. Esto podría desencadenar en una falta disciplinaria, dado que los hechos que motivaron la solicitud de cambio presupuestal no habrían sido hechos cumplidos.
