Sobre la calle 49 #50-94 del centro de Bello (Antioquia), a sólo dos cuadras del parque principal, hay un gran edificio negro de cuatro pisos, terraza y cimientos para una quinta planta, que ocupa toda la esquina con bodegas y dos locales comerciales.
Hasta la última semana de julio de este año allí atendía abierto al público un negocio de diseño y publicidad llamado “Spazi Diseño y Construcciones”, donde según información aportada por una veeduría del municipio, se coordinan reuniones políticas y la impresión de propaganda para favorecer la candidatura de Lorena González, afiliada al Centro Democrático, quien aspira a reemplazar al recién condenado exalcalde Óscar Andrés Pérez, del mismo partido.
Pero lo interesante de esta historia tiene que ver con el pasado del edificio, que había sido incautado en octubre de 2008 a José Leonardo Ortega Gil.
Ortega Gil fue señalado como testaferro del narcoparamilitar Vicente Castaño en el marco de un gran proceso de extinción de dominio contra 40 bienes avaluados en más de 80 mil millones de pesos de la época, según publicaron medios como Caracol Radio en aquel momento. Las propiedades pertenecían a Castaño Gil, fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien se encontraba prófugo y desaparecido desde hacía dos años, tras desertar del acuerdo de Justicia y Paz.
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En ese mismo proceso de extinción de dominio resultó envuelto Hugo Albeiro Quintero, “El Patrón de Bello”, gerente de la Empresa Bellanita de Transportes, una poderosa empresa de buses del Valle de Aburrá, quien a la postre purgó una condena de varios años y en su expediente terminaron involucrados otros paramilitares como Iván Roberto Duque alias “Ernesto Báez”, también los entonces senadores Óscar Suárez Mira y Luis Alfredo Ramos.
Desde su incautación el edificio estuvo primero en poder de la Dirección Nacional de Estupefacientes, cuando esa entidad fue liquidada pasó a ser manejado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que lo dio por varios años al contratista Jaime Ruíz Acevedo, uno de los grandes tenedores de bienes arrebatados a la mafia, para que lo administrara.
Pero en noviembre de 2021, la SAE removió a Ruiz Acevedo como depositario del inmueble y se lo entregó a la alcaldía de Bello, en cabeza de Óscar Andrés Pérez, mediante la resolución 2339.
Dicha resolución, firmada por Andrés Ávila, anterior presidente de la SAE, determinó que aquella propiedad se le daba a la alcaldía “de conformidad con la iniciativa de la Vicepresidencia de la República y la Consejería Presidencial para la Equidad de las Mujeres, para la implementación de las Casas de las Mujeres Empoderadas”.
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La Casa de la Mujer empoderada es un programa que fue impulsado inicialmente por la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez durante el gobierno de Iván Duque, con el propósito de adecuar en diferentes municipios casas de atención y acogida que brindan apoyo a mujeres víctimas de violencias, migrantes y víctimas del conflicto armado. Al menos 17 de estas casas funcionarían en bienes que fueron aportados por la Sociedad de Activos Especiales y que antes habían sido incautados a paramilitares o narcos.
Durante este gobierno aquella ha sido la orden expresa del presidente Gustavo Petro con relación a las propiedades de la mafia: que se utilicen para agilizar transformaciones sociales como la reforma agraria y la reparación de las víctimas del conflicto armado.
Las Casas de la Mujer Empoderada, han sido exitosas en otras zonas del país e incluso continuaron durante la gestión de la vicepresidenta actual Francia Márquez. Este programa recibió durante el gobierno Duque importantes recursos de cooperación internacional y también dineros de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) acordados en el Acuerdo de Paz de La Habana.
Un documento de la Vicepresidencia con fecha del 14 de julio de 2021, al que este diario tuvo acceso mediante un rastreo fuentes abiertas, estimó una cifra de 4,5 millones de dólares para implementar el programa con fecha límite en agosto del 2022.
Entre los aportantes figuran agencias como USAID, los Emiratos Árabes Unidos, la cooperación de Turquía y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. En el documento, además, se contempla a Bello (Antioquia) como uno de los lugares escogidos para desarrollar la estrategia.
Aunque la Alcaldía de Bello sí recibió el edificio y tuvo posesión sobre él por lo menos hasta agosto del 2022, en el municipio nunca se adecuó, ni funcionó la Casa de la Mujer Empoderada, como confirmó a Colombia+20 una persona relacionada con los procesos de víctimas en Bello.
El 11 de agosto de 2022, en una nueva resolución, Andrés Ávila ordenó que el inmueble regresara a la SAE toda vez que la alcaldía “manifestó la necesidad de devolver el inmueble asignado por no existir viabilidad para operar el proyecto”.
Alejandro Henao, quien fuera gerente regional de la SAE en Antioquia en esa época, aseguró que él no tuvo ninguna incidencia en estas decisiones, pues no tenía atribuciones legales para ello, lo que es cierto. De acuerdo con Henao la destinación de esos inmuebles “se hacía a través de un comité nacional y las destinaciones las firmaba el presidente de la entidad [Andrés Ávila]”.
Henao, quien es muy cercano al senador John Jairo Roldán, también oriundo de Bello, salió de la entidad en los mismos días en que la alcaldía devolvió el inmueble y aseguró en entrevista con este diario que él no recibió la propiedad mientras estuvo en la gerencia regional, ni conoció un acta de entrega de la misma.
Alejandro Henao se desempeña desde su salida de la SAE como secretario de planeación de la alcaldía de Bello, por invitación del exalcalde Pérez, según él mismo contó a Colombia+20.
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¿Quién ocupa el edificio?
Desde hace varios meses el predio está en poder de la empresa Spazi Diseño y Construcciones, que de acuerdo con los registros de inscripción de la Cámara de Comercio de Medellín pertenecía a Sebastián Tobón Pérez y quien sería su compañera Laura Victoria Cardona Arredondo.
En el último formulario de renovación inscrito ante la Cámara de Comercio en marzo de este año Spazi reportó activos por 1.492 millones de pesos e ingresos de actividad ordinaria por más de 3.295 millones. En ese formulario sólo figura como representante legal Laura Victoria Cardona, aunque sigue apareciendo el correo de Sebastián Tobón.
Tobón es un hombre muy cercano a Óscar Andrés Pérez, electo alcalde de Bello en 2019 por el partido Centro Democrático. Este diario obtuvo fotografías donde aparecen junto, incluso en algunos eventos de campaña.
Durante el mandato de Óscar Andrés Pérez se otorgaron millonarios contratos con recursos públicos desde la alcaldía y la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Bello, una empresa descentralizada del Estado creada e impulsada precisamente por la administración de Pérez. Esos recursos terminaron en manos de Sebastián Tobón y Laura Victoria Cardona, bien fuera a título personal, a través de la misma empresa Spazi o de una corporación llamada Semillas de Bienestar, que es presidida por Cardona.
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Los contratos que este diario pudo rastrear en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública suman más de 7.700 millones de pesos e incluyen objetos a ejecutar tan variados como atender a víctimas del conflicto, remodelar oficinas, comprar mobiliario, promocionar la gestión de la alcaldía, imprimir publicidad en gran formato o implementar programas con la tercera edad en el municipio.
En conversación con este diario Tobón negó que él fuera el dueño de la empresa Spazi diciendo “eso no es mío, yo trabajo allá”, pero cuando se le explicó que en el acta de constitución ante la Cámara de Comercio de Medellín él figuraba como socio accionista simplemente, guardó silencio.
Negó que Spazi estuviera imprimiendo publicidad electoral y que el edificio donde funciona la empresa fuera usado para reuniones políticas, como señala la veeduría: “allá trabajan un tema de impresión, pero reuniones políticas no, no está permitido, eso es imposible”, dijo Tobón.
No obstante, argumentó que no existe ninguna irregularidad o conflicto de intereses sí la empresa Spazi, que se ha beneficiado con jugosos contratos públicos, llega a imprimir publicidad para candidatos, pues “es una empresa privada que puede vender impresión a cualquier persona. Si es regalada, ahí ya cambia la cosa, pero esto es venta”.
“Allá se trabaja privado, en campaña lamentablemente no me ha llegado nada [para imprimir], pero si llega trabajito ojalá me llegara, es que la empresa entre su objeto está con ese tema: impresión digital gran formato”, agregó Sebastián Tobón.
Lorena González, la candidata por el Centro Democrático a la alcaldía supuestamente apoyada por el contratista Tobón, dio una versión contraria. Reconoció que Spazi sí ha imprimido publicidad suya aunque explicó que aquello ocurrió porque ella ha solicitado esos servicios y “las facturas serán reportadas en [el portal] cuentas claras”.
Además aceptó haber estado en el edificio, como señalan las denuncias que conoció este diario, diciendo que el motivo de su presencia allí es: “me hicieron un video en una de sus locaciones, que cumple los requerimientos que se necesitaban”. González apuntó que tiene una amistad con Sebastián Tobón y Laura Victoria Arredondo desde hace cuatro años y negó categóricamente que el edificio fuera usado para reuniones de su campaña política.
Sobre la ocupación del edificio, que debió destinarse para construir la Casa de la Mujer Empoderada, Sebastián Tobón dijo: “El tema es con la SAE, está en arriendo con la SAE”. No obstante, no respondió cuánto paga de arriendo por ocupar el inmueble.
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La respuesta de la Alcaldía de Bello
El 15 de junio, un mes después de que Colombia+20 iniciara con esta investigación, Óscar Andrés Pérez, alcalde de Bello, fue enviado a la cárcel tras ratificarse en su contra una condena por hechos de corrupción que ocurrieron durante otra alcaldía suya a mediados de la década del 2000.
Apenas dos semanas antes de la captura El Espectador había conversado con él, antes de revelar un presunto tráfico de influencias que lo salpica en otro escándalo, esta vez por el supuesto nombramiento irregular de Susana Palacios en la Contraloría de Bello y posteriormente en la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Bello, donde hay sospechas de corrupción en contratos por más de 70 mil millones de pesos, según la Procuraduría.
Colombia+20 no pudo conversar con el exalcalde Pérez para que ofreciera su versión en este reportaje, pues cuando se habían recabado todas las pruebas Pérez ya había sido enviado a prisión. Sin embargo, consultamos a Yenia Rivas, secretaría de seguridad y convivencia del municipio, la dependencia que tiene a su cargo los programas con víctimas.
Rivas no contestó llamadas, ni mensajes, pero remitió a la oficina de prensa de la alcaldía, que respondió lo siguiente: “Luego de la revisión por parte de la secretaría de Servicios Administrativos, basada en los informes emitidos por las secretarías de Gestión del Riesgo y Obras Públicas, en cuanto al estado de este bien, la Alcaldía de Bello hizo devolución de la entrega oficial según acta de recepción y/o entrega de inmuebles expedida por la SAE, esto porque se determinó por parte de la administración municipal que este inmueble no cumplía los requisitos para lo que estaba planteado y que requería de una serie de mejoras y adecuaciones de base, las cuales el municipio de Bello no tenía contempladas en su presupuesto. La SAE, con base en sus competencias, dispuso de este inmueble para otros efectos. La Alcaldía de Bello no tiene injerencia en esto”.
Al cierre de esta edición y después de haber conocido la versión de todos los involucrados en la trama, en la calle 49 #50-94 del centro de Bello seguían funcionando las oficinas de las plantas superiores, curiosamente ya no había atención al público en los locales del primer piso, que permanecen clausurados desde hace tres semanas, cuando se hicieron las primeras entrevistas con los implicados.
Mientras tanto las mujeres de Bello siguen sin contar con su propia Casa de la Mujer Empoderada y esta propiedad, que debería emplearse para reparar a las víctimas del conflicto, sólo le sirve a los negocios del contratista Sebastián Tobón.