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Han pasado seis fiscales generales desde que la empresa de entrenamiento deportivo Bodytech denunció a un antiguo auxiliar contable, Nilson Lamuel Gómez, por el delito de hurto agravado por confianza. Tal ha sido la demora en la resolución del caso, que la organización interpuso una tutela contra la Fiscalía 8 Especializada de Bogotá. El expediente llegó a la Corte Constitucional, la cual regañó al ente investigador por carecer de estructura para superar la congestión judicial.
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“La Sala (Octava de Revisión de Tutelas) encuentra que existen razones que le impidieron a la Fiscalía accionada obrar con celeridad. Dicha mora no se deriva de una conducta negligente o desinteresada. Por el contrario, surge de la carencia de una estructura interna en el despacho, ante la imposibilidad humana, física y material en la que está el ente accionado. Sin embargo, se hace necesario realizar una advertencia sobre la congestión judicial que afecta el oportuno y eficaz funcionamiento del aparato jurisdiccional”, señaló la alta corte.
Todo este enredo inició hace un buen tiempo, en octubre de 2011. Entonces, Bodytech denunció a su trabajador, quien era parte del personal desde 2006. Al parecer, Gómez se habría aprovechado de su cargo para crear pargos inexistentes a proveedores. Presuntamente utilizó su número de cédula y sus cuentas bancarias personales. Tal habría sido el robo que el auxiliar contable se quedó con la suma de $359 millones.
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Y desde entonces, Bodytech aseguró no tener noticias alentadoras por años. La empresa aseguró que recién hasta 2018 el proceso fue reasignado y cayó en las manos de la Fiscalía 8. Un año después, en 2019, esa dependencia habría convocado a una audiencia de conciliación que resultó fallida, según el denunciante. Ante la dilación y el tiempo corriendo a favor de Gómez, Bodytech presentó tutela.
En primera instancia, el Tribunal Superior de Bogotá negó las pretensiones de la empresa, pero invitó a la Fiscalía a meterle acelerador para que no prescribiera la investigación contra Gómez. La Fiscalía 8 se defendió asegurando que en 2018 llegó al caso por una reestructuración. Incluso, que años antes había registro de una imputación contra el auxiliar contable, pero que el trámite no se desarrolló por supuesta inasistencia de la defensa
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“La fiscal (8) advirtió que, si bien la Fiscalía era una sola institución, solamente después de siete años de la denuncia recibió el asunto y, pese a que le fueron entregadas más de tres mil carpetas, emitió órdenes a la policía judicial el 13 de febrero de 2019. En consecuencia, considera que no es cierto que no haya realizado actuaciones. Finalmente indicó que, pese a la alta carga laboral con la que cuenta, ha tratado de adelantar en lo posible las indagaciones”, se registra en el expediente de tutela.
En segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia le dio la derecha a la Fiscalía. Si bien advirtió que había transcurrido un buen tiempo desde que se interpuso la denuncia, no es posible afirmar que la demora se debía a actitudes negligentes. La causa fundamental, para esa Corte, era la congestión en los diferentes despachos judiciales del país. La Fiscalía no cuenta con personal suficiente para que se evacuen con prontitud los procesos, concluyó.
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El expediente de tutela llegó a revisión de la Corte Constitucional. La Sala Octava encontró que el 10 de febrero de 2021, casi 10 años después de la denuncia, la Fiscalía avisó al auxiliar contable que estaba acusado. De tal manera que se “interrumpió la prescripción de la acción penal”. Incluso, que el proceso se encuentra en espera de realización de audiencia de aceptación de cargos del procesado. Va a declararse culpable.
Sin embargo, aunque todo indica que Bodytech saldrá ganador tras su antigua denuncia, a la Corte Constitucional no deja de llamarle la atención la demora de la Fiscalía. “Se advierte que la congestión judicial que enfrenta la Fiscalía se traduce en una dificultad estructural. Esta puede afectar el eficaz funcionamiento del aparato jurisdiccional y causar una posible afectación a las garantías de los usuarios del sistema judicial. Por lo tanto, la Sala instará al fiscal general de la Nación y al director seccional de Fiscalías de Bogotá a que adopten las medidas que consideren necesarias para superar la congestión que presentan las Fiscalías especializadas de Bogotá”, concluyó la Sala.
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