¿Por qué la Procuraduría se opone a que Alberto Santofimio se acoja a la JEP?
El Ministerio Público dice que el nuevo sistema de justicia transicional no tiene competencia para conocer los delitos por los que fue condenado el excandidato presidencial, quien fue condenado a 24 años de prisión.
Redacción Judicial
En un documento de 17 páginas enviado a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Procuraduría General explicó sus argumentos para pedir que se niegue la solicitud de acogimiento hecha por el excandidato presidencial y exministro de Justicia, Alberto Santofimio Botero, condenado a 24 años de cárcel por el crimen del líder político Luis Carlos Galán Sarmiento. (Le podría interesar: Alberto Santofimio pide medidas cautelares ante la CIDH)
El pasado 14 de abril Santofimio Botero, quien también fue condenado por los homicidios del concejal Julio Cesar Peñaloza y el escolta Santiago Cuervo Jiménez, presentó su solicitud de acogimiento a la JEP argumentando, básicamente, que los hechos por los que fue condenado tienen relación con el conflicto armado interno. Con base en esta petición, el Ministerio Público analizó la sentencia emitida el 31 de agosto de 2011 por la Corte Suprema de Justicia.
La Procuraduría sostiene que los hechos en los que estuvo involucrado Santofimio Botero están enmarcados en un “contexto de criminalidad relacionada con el narcotráfico” de los carteles de Medellín y de Cali, y de los llamados extraditables. Estas organizaciones criminales, según el concepto del organismo de control, querían impedir que el entonces candidato llagara a la presidencia de la República. Lo que pretendían con ello era evitar la extradición por narcotráfico, entre otros delitos. (Le sugerimos: Llaman a indagatoria a Alberto Santofimio y Jairo Ortega en caso de Rodrigo Lara Bonilla)
Además de manifestar que estos hechos no tienen relación con el conflicto armado, la Procuraduría expresó, con base en la sentencia de la Corte Suprema, que Santofimio Botero tenía un especial interés al aconsejar e insistir a Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha que asesinaran a Galán Sarmiento. Con esto, explicó el concepto, tendría mayores posibilidades de llegar a la presidencia. El órgano de control también dijo que existió un interés de los extraditables para continuar con su actuar delictivo y de las Autodefensas del Magdalena Medio, brazo armado del cartel de Medellín.
El Ministerio Público también expresó que el magnicidio de Galán Sarmiento no ocurrió en el marco de operaciones militares y que existen razones de peso para entenderlo como un delito común cometido por delincuencia organizada. “La reconstrucción histórica y judicial de los hechos da cuenta de un magnicidio que pretendía beneficiar las aspiraciones políticas personales del aquí compareciente y de otro lado, facilitar y eliminar obstáculos para continuar con la actividad de narcotráfico”, concluyó el concepto. (Lea también: Los argumentos de la Procuraduría para pedir a la JEP que no acoja a Maza Márquez)
El pasado miércoles, la Procuraduría también le pidió a la JEP rechazar la solicitud de acogimiento hecha por el general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión por estos hechos.
En un documento de 17 páginas enviado a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Procuraduría General explicó sus argumentos para pedir que se niegue la solicitud de acogimiento hecha por el excandidato presidencial y exministro de Justicia, Alberto Santofimio Botero, condenado a 24 años de cárcel por el crimen del líder político Luis Carlos Galán Sarmiento. (Le podría interesar: Alberto Santofimio pide medidas cautelares ante la CIDH)
El pasado 14 de abril Santofimio Botero, quien también fue condenado por los homicidios del concejal Julio Cesar Peñaloza y el escolta Santiago Cuervo Jiménez, presentó su solicitud de acogimiento a la JEP argumentando, básicamente, que los hechos por los que fue condenado tienen relación con el conflicto armado interno. Con base en esta petición, el Ministerio Público analizó la sentencia emitida el 31 de agosto de 2011 por la Corte Suprema de Justicia.
La Procuraduría sostiene que los hechos en los que estuvo involucrado Santofimio Botero están enmarcados en un “contexto de criminalidad relacionada con el narcotráfico” de los carteles de Medellín y de Cali, y de los llamados extraditables. Estas organizaciones criminales, según el concepto del organismo de control, querían impedir que el entonces candidato llagara a la presidencia de la República. Lo que pretendían con ello era evitar la extradición por narcotráfico, entre otros delitos. (Le sugerimos: Llaman a indagatoria a Alberto Santofimio y Jairo Ortega en caso de Rodrigo Lara Bonilla)
Además de manifestar que estos hechos no tienen relación con el conflicto armado, la Procuraduría expresó, con base en la sentencia de la Corte Suprema, que Santofimio Botero tenía un especial interés al aconsejar e insistir a Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha que asesinaran a Galán Sarmiento. Con esto, explicó el concepto, tendría mayores posibilidades de llegar a la presidencia. El órgano de control también dijo que existió un interés de los extraditables para continuar con su actuar delictivo y de las Autodefensas del Magdalena Medio, brazo armado del cartel de Medellín.
El Ministerio Público también expresó que el magnicidio de Galán Sarmiento no ocurrió en el marco de operaciones militares y que existen razones de peso para entenderlo como un delito común cometido por delincuencia organizada. “La reconstrucción histórica y judicial de los hechos da cuenta de un magnicidio que pretendía beneficiar las aspiraciones políticas personales del aquí compareciente y de otro lado, facilitar y eliminar obstáculos para continuar con la actividad de narcotráfico”, concluyó el concepto. (Lea también: Los argumentos de la Procuraduría para pedir a la JEP que no acoja a Maza Márquez)
El pasado miércoles, la Procuraduría también le pidió a la JEP rechazar la solicitud de acogimiento hecha por el general (r) Miguel Alfredo Maza Márquez, condenado a 30 años de prisión por estos hechos.