Prescribe caso por calumnia contra exparamilitar Pablo H. Sierra, testigo del caso Uribe

El expresidente y senador Álvaro Uribe ha negado tener relación con grupos paramilitares. / Gustavo Torrijos - El Espectador

La Corte Suprema de Justicia definió un largo proceso judicial que enfrentaba al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al exparamilitar Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, exjefe del Bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien ha declarado que el senador tuvo nexos con el paramilitarismo. La denuncia de Uribe Vélez llevó a Sierra a juicio por calumnia, quien en dos ocasiones fue absuelto por la justicia. Al examinar el expediente, el alto tribunal anuló esas decisiones judiciales, pero determinó que el caso ya prescribió.

Alberto Guerrero señaló ante las autoridades que los hermanos Álvaro y Santiago Uribe, así como los ganaderos Juan Guillermo Villegas y Santiago Gallón Henao, tuvieron supuestamente relación con la conformación del Bloque Metro de las Autodefensas. Y lo reiteró en entrevistas que le hizo el senador Iván Cepeda Castro en prisión en 2011, que fueron recogidas para un debate contra Uribe en el Congreso que se hizo en 2014. Ese debate inició una larga disputa judicial entre Uribe y Cepeda que terminó en una investigación en contra del exmandatario por supuesta manipulación de testigos.

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Guerrero fue a juicio luego de que el abogado Jaime Granados lo denunciara, por considerar que el exparamilitar sabía que sus afirmaciones eran falsas. En mayo de 2015, Sierra fue absuelto en primera instancia y luego en junio por el Tribunal Superior de Medellín. En su fallo, el Tribunal dijo: “El declarante tiene el convencimiento de la activa participación del expresidente Álvaro Uribe en la dirección de todos los grupos de autodefensa, al punto de que lo invita a desmovilizarse al igual que él. Lo ve casi como un par”. El caso llegó a la Corte Suprema por una demanda que buscaba reversar la absolución.

Al examinar de fondo el caso, el altro tribunal encontró que hubo errores procedimentales en los procesos que se adelantaron tanto en el Juzgado Primero Penal Municipal que absolvió a Sierra García por el delito de calumnia el 12 de mayo de 2015, como en el Tribunal Superior de Medellín que confirmó esa decisión el 5 de junio siguiente. La Corte encontró que el Tribunal no tuvo en cuenta, al estudiar la apelación, ni las pruebas ni los argumentos que presentó la defensa del expresidente Uribe para insistir en que Sierra mentía.

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"Fue tal la inadvertencia de la magistratura a las alzadas, que ni siquiera se ocupó de revisar, acorde con la discusión propuesta por el apoderado de víctimas, si en realidad el acusado, cuando testificó en juicio, se ratificó en las sindicaciones hechas en la entrevista (la de Cepeda) que dio lugar a este proceso o cuál era su real percepción sobre lo allí denunciado, lo que le hubiera permitido, ya sea darle mayor fuerza a su tesis, o resolver en contrario. No obstante, se conformó simplemente con resolver amparado en lo que aquél relató en la entrevista -que obra en video-, la que, importa destacar, constituía el objeto de prueba, toda vez que fue ella la que dio origen a la actuación", señaló la Corte.

En ese sentido, la Sala Penal anuló la decisión del Tribunal que, en principio, debía hacer un nuevo fallo de fondo. No obstante, la Corte Suprema estimó que ya pasaron los tres años que fija como plazo de prescripción el Código Penal para el delito de calumnia. "Si en este caso se interrumpió la prescripción el 15 de junio de 2012, por razón del acto de comunicación, a partir de ese día comenzaba el nuevo lapso para que operara el fenómeno que extinguía la acción penal, el cual era de tres años, dada la pena máxima de 6 años de prisión prevista para el delito de calumnia, según el canon 221 del estatuto punitivo, con el incremento de la Ley 890 de 2004".

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La Corte Suprema aclaró que, ante la prescripción y los errores del Tribunal, era imposible mantener la absolución que había sido dictada en contra de Pablo Hernán Sierra. "Si, tal como sucede en esta ocasión, la responsabilidad de Sierra García está siendo debatida en sede extraordinaria por los dos recurrentes, no hay lugar a privilegiar la absolución declarada en instancias, máxime cuando el vicio advertido se contrae a un elemento que hace parte de la estructura misma del proceso penal".

En este proceso la Sala Penal aceptó el impedimento que presentó el magistrado Luis Antonio Hernández porque este caso está relacionado con otros que avanzan contra Uribe Vélez en ese alto tribunal. Hernández hizo parte de la Sala de Instrucción que archivó el 16 de febrero de 2018 la denuncia que interpuso el expresidente en contra de Cepeda, luego de ese debate en el Congreso de la República, realizado el 17 de septiembre de 2014, alegando que Cepeda habría incurrido en un supuesto abuso de función pública, fraude procesal y calumnia.

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En la decisión que archivó el proceso contra Cepeda y que ordenó abrir un caso contra Uribe Vélez, la Sala consideró que Sierra García siempre ha mantenido su versión. “Su encuentro con el doctor Iván Cepeda hizo parte de una determinación que tenía asumida de tiempo atrás, y ante los eventuales riesgos que pudiera enfrentar después de romper su silencio (…) y no ha vacilado en ningún escenario en reiterar de manera conteste y coherente los relatos que involucran al doctor Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago, Juan Guillermo Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao, con la conformación del bloque Metro de las autodefensas y la orden para cometer en la región del Nus varios homicidios", dice el fallo.

Alias Alberto Guerrero ha ratificado sus afirmaciones en contra de los hermanos Uribe Vélez, de ser los supuestos fundadores del Bloque Metro de las Autodefensas, e incluso pidió ser admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz. Guerrero fue condenado a 20 años de prisión por el delito de desaparición forzada y fue escuchado por la Sala de Instrucción del alto tribunal en octubre pasado en el marco de la investigación que se le adelanta al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno.

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El caso de Pablo Hernán Sierra es diferente al de otros comandantes paramilitares ya que el frente Cacique Pipintá, que dirigió y delinquió en Caldas, tiene una característica: no se desmovilizó como producto de las negociaciones que el gobierno de Uribe adelantó con estas estructuras ilegales. Y, por esa razón, no obtuvo beneficios judiciales del proceso de Justicia y Paz. De hecho, desde que fue detenido en 2007, ha intentado en diferentes oportunidades ingresar al mismo, sin éxito, bajo la premisa de que quiere contar la verdad.

Nacido en Barbosa (Antioquia) en 1967, Sierra era comerciante de productos agropecuarios hasta que, en 1995, su familia fue desplazada de Santo Domingo (Antioquia), por la guerrilla del ELN. Se fue a Medellín y se convirtió en informante de la Cuarta Brigada del Ejército. Por intermedio del comandante de Policía de esa localidad, conoció a alias Jota y a Carlos Mauricio García, alias 00, miembros del Bloque Metro de las Autodefensas, organización a la que se unió. Desde allí, según su relato, participó en varios hechos delictivos.

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Por eso, Alberto Guerrero afirma que conoció la finca Guacharacas, ubicada en la región del Nus, entre San Roque y Yolombó en el nordeste antioqueño, que era de propiedad de los hermanos Santiago y Álvaro Uribe. Así lo ha dicho ante la justicia y en entrevista al senador Iván Cepeda, el 19 de agosto de 2011: “Los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando el Bloque Metro son el señor expresidente Ávaro Uribe Vélez, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas”. El expresidente ha negado todo nexo con el Bloque Metro y ha insistido en que, desde 1983, dejó de ir a la hacienda. Además, ha calificado de mentiroso en reiteradas ocasiones a Sierra García.

**Nota de la Editora: el título de esta nota fue ligeramente modificado. Se agregó la palabra "calumnia" con el propósito de dar más claridad al lector sobre el proceso contra Pablo Hernán Sierra que prescribió.**