8 Jun 2021 - 1:32 a. m.

Presidenta de CIDH hizo un llamado a al diálogo en medio de protestas

Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, quien hace parte de la Comisión que llegó a Colombia para adelantar la visita de trabajo en materia de derechos humanos aseguró que se deben buscar alternativas a nivel nacional y local para avanzar con el diálogo.
Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, quien hace parte de la Comisión que llegó a Colombia para adelantar la visita de trabajo en materia de derechos humanos aseguró que se deben buscar alternativas a nivel nacional y local para avanzar con el diálogo.
Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH, quien hace parte de la Comisión que llegó a Colombia para adelantar la visita de trabajo en materia de derechos humanos aseguró que se deben buscar alternativas a nivel nacional y local para avanzar con el diálogo.

Bogotá, Cali, Popayán y Tuluá son las ciudades que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará durante los próximos tres días con el fin de verificar la situación de derechos humanos en el país por cuenta de las manifestaciones que se adelantan desde el pasado 28 de abril como negativa a las directrices dadas por el gobierno actual. Antonia Urrejola, presidenta del organismo internacional y quien lidera la inspección hizo un llamado al Estado para propiciar entre las partes el diálogo y concluir con soluciones que sirvan para llegar consensos.

“Hemos insistido que cualquier situación de derechos humanos se debe arreglar es a través de diálogo. Se deben buscar alternativas a nivel nacional y local”, aseguró Urrejola quien junto con su equipo sostuvo varias reuniones durante el primer día en el territorio nacional. La Comisión recibió informes de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y la Procuraduría en el que entregaron los reportes sobre cómo han afrontado la crisis que padece el país por cuenta de las manifestaciones.

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La Comisión estará en Colombia durante el 8 y 10 de junio y se reunirá con sectores representativos de la sociedad, así como también con entidades gubernamentales de los poderes ejecutivos, legislativos y judicial. Agrupaciones, colectivos, sindicatos y representantes gremiales que han visto sus derechos afectados. “No hay persona u organización que estén vetadas. Debo resaltar especialmente que durante la visita la CIDH buscará escuchar a las víctimas de violación de derechos humanos y a sus familiares para poder recibir sus denuncias y testimonios”.

Durante la visita, la CIDH también se reunirá con la canciller y vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, así como con los dignatarios de las altas cortes, la Jurisdicción Especial para la Paz, la presidencia del Senado de la República, la Comisión de Paz y la Comisión de Derechos Humanos del Senado. En cuanto a las autoridades locales Urrejola dijo que avanzará con reuniones que vinculen a la Policía Nacional y las metropolitanas de Bogotá y Cali.

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Habrá reuniones con la alcaldesa de Bogotá Claudia López y la delegación en Cali tendrán encuentros con la alcaldía de la capital vallecaucana, el consejo municipal, el gobierno local de Popayán, la Gobernación del Valle del Cauca, la Oficina de Alto Comisionado en Cali y Bogotá, así como también Medicina Legal, periodistas, sociedad civil y con distintas personas vinculadas en la protesta como policías y víctimas civiles.

La visita se produjo por cuenta de los múltiples llamados que hicieron organizaciones de derechos humanos desde Colombia tras presenciar la crisis que padece el país en materia de orden público tras las movilizaciones convocadas desde el pasado 28 de abril. El arribo de la comisión especializada al país tuvo inicialmente una negativa por parte del gobierno nacional que consideró que no era pertinente una intervención de tal magnitud, sin embargo, cuatro días después de esa negación el Estado a través de la vicepresidente Ramírez elevó unas misivas en las que ponían de presente información sobre lo ocurrido y pedía con total énfasis revisar los bloqueos por parte de la ciudadanía. Se espera que una vez culmine la visita, el órgano internacional eleve recomendaciones para garantizar los derechos humanos y recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones.

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