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En el informe de 35 páginas, tanto el fiscal general Francisco Barbosa como la vicefiscal Martha Mancera trajeron a colación que la violencia de género y sexual es una conducta que ha estado marcada durante las manifestaciones adelantadas desde el pasado 28 de abril en negativa a las directrices dadas por el actual Gobierno. Esta situación, según el organismo de control es evaluado por fiscales especializados que tienen sobre sus despachos 15 actos de violencia contra la mujer de los cuales 14 son a civiles y uno más es a una miembro de la Policía.
El reciente informe da cuenta que la Fiscalía avanza con las investigaciones sobre estos hechos. No obstante, durante los próximos días el caso que se va a mover ante los estrados judiciales es el de una menor de 17 años que se suicidó en Popayán luego de que denunciara presunto abuso sexual por parte de uniformados de la Policía. En esta ocasión el ente acusador presentará ante un juez a un miembro del Esmad. “La acción inmediata, por parte de la Delegada para la Seguridad Ciudadana, consistió en articularse con la Dirección Seccional respectiva y poner en marcha la estrategia de reacción del grupo de trabajo de género, con el desplazamiento al lugar de los hechos, junto con investigadores de apoyo”.
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En el lugar, según Barbosa y Mancera se recaudaron entrevistas, videos, información de redes públicas, extracción de información de aparatos electrónicos manipulados por la menor, reconstrucción y levantamiento en 3D del lugar de los hechos, entre otras situaciones que sirvieron para llevar al miembro del Esmad ante una audiencia de formulación de cargos.
“Es relevante mencionar que, tras el suceso en mención, se generaron graves hechos de vandalismo y ataques violentos en contra de la infraestructura de la Fiscalía General de la Nación. Estos incluyeron la toma e incineración de la Unidad de Reacción Inmediata y de la sede del Instituto Nacional de Medicina Legal, la destrucción de laboratorios forenses, de las oficinas para la atención integral de víctimas de violencia intrafamiliar, así como el saqueo de elementos materiales probatorios y la pérdida de evidencia”, aseguró la entidad en cabeza de Barbosa.
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El ataque a la infraestructura se desencadenó, según la Fiscalía, por la difusión, en redes sociales de una noticia falsa, según la cual, la joven había sido accedida carnalmente mediante violencia en las instalaciones de la URI, lo que se comprobó a través de las investigaciones que no había ocurrido.