Tras pedir disculpas por las décadas de violencia y hostigamientos que vivió el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el presidente Gustavo Petro firmó un decreto que ordena desclasificar los archivos del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Con esta orden, las víctimas del colectivo y de otros casos podrán acceder a información que por años recopiló el DAS para hacer perfilamientos y amenazar a los abogados y abogadas del colectivo, a defensores de derechos humanos, periodistas e, incluso, a magistrados de las altas cortes.
“La desclasificación de los archivos del DAS comienza ahora”, anunció Petro, y procedió a leer el objeto del decreto: “Por el cual se desclasifica y levante la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)”.
El presidente señaló que antes de hacerse pública la información, las 57.544 cajas de documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación, en Bogotá, deberán pasar por comité que hará un proceso de anonimización de datos, “porque hay nombres que no deben aparecer. Pero no deben ser los nombres de los culpables, sino por otras razones que están regidas”.
Los archivos del antiguo DAS recopilan las distintas entidades que, en su momento, asumieron sus funciones de inteligencia, entre ellas el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), la Unidad Nacional de Protección (UNP) y Migración Colombia. Es el Archivo General de la Nación el responsable de custodiar y preservar tanto la documentación administrativa como la información relacionada con inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados.
Petro señaló que los siguientes archivos que serán conocidos son los de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), “la más poderosa”, según el presidente. Mencionó que el proceso llevará también un tiempo, “pero la próxima entidad en desclasificar sus archivos con los requisitos de cuidado, de norma y de ley, se llama Dipol. Y seguiremos, no se acaba mi gobierno sin que haya una política de desclasificación de archivos”, aseguró el mandatario.
Desde la tarima, Petro dijo que todos estos procesos tienen que ver con la verdad. El jefe de Estado mencionó que “la verdad es lo que puede garantizar la no repetición, pero el hecho fundamental para garantizar no repetición es la decisión del pueblo colombiano sobre qué gobiernos quiere tener: si gobierno asesinos o gobiernos democráticos”.
El Archivo General de la Nación no solo conserva miles de cajas con documentos del antiguo DAS, sino también 47.829 soportes tecnológicos, entre ellos computadores, disquetes, discos duros, casetes, cintas VHS y otros equipos.
Actualmente, el acceso tanto a los documentos físicos como a los medios informáticos solo es posible mediante orden judicial, debido a que su contenido está protegido por las normas sobre inteligencia y contrainteligencia, además de varios fallos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ha manifestado su interés en garantizar el acceso de las víctimas y de la sociedad a esa información.
Hasta 2023, según recordó Francisco Javier Flórez, director del Archivo General, la entidad no tenía autorización para abrir ni una sola caja o carpeta, limitándose únicamente a su conservación. Sin embargo, a partir de un auto emitido por la JEP, el Archivo quedó facultado para realizar un diagnóstico que permita definir la ruta hacia la intervención, clasificación y posterior consulta de estos fondos documentales.
En diálogo con El Espectador, Flórez reconoció que Colombia se encuentra rezagada frente a países como Estados Unidos, Chile y Argentina en materia de desclasificación de archivos de inteligencia, lo que constituye —según dijo— una deuda histórica con las víctimas del conflicto armado.
En contexto: Gobierno Petro apuesta por la desclasificación de archivos del DAS y ya tiene una ruta
Los desafíos, no obstante, no son únicamente legales. La subdirectora encargada de Entidades Liquidadas, Gloribel Rodríguez, explicó que existen importantes limitaciones técnicas, especialmente en lo relativo a los medios tecnológicos.
“Por ejemplo, si queremos revisar lo que tienen los computadores, debemos tener en cuenta que son equipos que han estado desenergizados desde hace 10 años. En el momento que los conectemos, puede que prendan o se quemen. Si encienden y nos piden contraseñas, el Archivo General no las tiene. Y si aparecen las contraseñas y todo funciona perfectamente, la fecha se va a actualizar y entonces de ser una posible prueba judicial, pasa a ser algo modificado”, advirtió Rodríguez.
En la actualidad, la entidad está en la etapa de catalogación, proceso que implica abrir las cajas, identificar los temas de los documentos y elaborar un inventario preliminar. Esta labor es esencial para facilitar el acceso de las víctimas, muchas de las cuales buscan entre miles de cajas sin clasificar alguna hoja que les permita reconstruir la historia de sus familiares o identificar a los responsables de los hechos que las afectaron.
Pero la tarea enfrenta un obstáculo adicional: la falta de recursos. Solo en 2024 el Archivo destinó COP 2.542 millones para el diagnóstico inicial, y se estima que las fases posteriores requerirán al menos COP 12.700 millones más.
Aunque la entidad recibió un presupuesto de COP 44.000 millones para funcionamiento e inversión, su director advirtió que en 2025 todo el sector Cultura sufrirá un fuerte recorte presupuestal, como anticipó el entonces ministro Juan David Correa, tras el hundimiento de la ley de financiamiento.
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