La jornada electoral de este 8 de marzo transcurrió con normalidad, sin embargo, la Defensoría del Pueblo reportó más de 800 incidentes en todos los departamentos del país. Si bien las quejas presentadas por la ciudadanía fueron atendidas de manera oportuna por las autoridades, la entidad realizó un monitoreo en los territorios para identificar los restos estructurales con respecto a la prevención y garantías en la democracia.
En total, la entidad registró 864 incidentes. El más repetitivo fueron los puestos con jurados incompletos con 286 quejas, así como las limitaciones para personas con discapacidad con 79 incidentes reportados. Los incidentes relacionados con el censo electoral también estuvieron dentro del balance con un total de 47 quejas, seguido de los puestos afectados por ola invernal.
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Pero a esa lista se le sumó un contexto complejo. La Defensoría obtuvo el reporte de varias capturas por presunta compra de votos, comparendos por la realización de publicidad política el día de las elecciones y denuncias por toma de fotografías al interior de los cubículos de votación. Respecto a la compra de votos, las autoridades incautaron COP 3.760 millones presuntamente destinados a esa actividad.
En la frontera con Venezuela, la entidad reportó trasteo de votos, particularmente en la ciudad de Cúcuta, así como episodios de votación masiva y posibles esquemas de movilización irregular de votantes en algunos territorios.
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“Estos casos representaron una característica general de la jornada, y si bien se destaca la oportuna intervención de las autoridades, esto muestra que aún enfrentamos un reto importante como sociedad en términos de cultura política democrática. Igualmente, este tipo de prácticas deben investigarse con rigor, porque afectan la transparencia del proceso y la confianza ciudadana en la democracia”, destacó la Defensoría.
Por otro lado, si bien se garantizó en general el buen funcionamiento de los puestos de votación, la entidad reportó incidentes en relación a aspectos logísticos como retrasos en apertura de algunos puestos, confusión entre votantes para acceder a su lugar de votación, la falta de papelería en braille, la insuficiente señalización interna y externa de los puestos, errores en la recepción de las firmas de la ciudadanía y fallas en la accesibilidad de algunos puestos para personas con discapacidad.
En ese mismo contexto, hubo traslados en puestos de votación en San Antero, Córdoba, debido a protestas de la comunidad por el mal estado de la vía, deteriorada por la ola invernal.
En el seguimiento que realizó la Defensoría a nivel nacional, se identificaron irregularidades por parte de integrantes de las mesas de votación, que habrían sugerido el sentido del voto en algunos casos, realizado preguntas improcedentes a votantes o emitido opiniones de carácter político sin el debido respeto ni neutralidad que exige la función electoral.
En términos de seguridad, la Defensoría alertó algunos incidentes relacionados con el conflicto armado y manifestaciones ciudadanas, como enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados y la destrucción de material electoral en Calamar (Bolívar). En Valdivia (Antioquia), un hostigamiento armado contra la fuerza pública en la vereda La Paulina ocurrió cerca de dos puestos rurales de votación; en Yondó (Antioquia), se informaron enfrentamientos en la zona rural de San Francisco; y en Bajo Calima, Buenaventura (Valle del Cauca), también se dieron combates entre fuerza pública y disidencias de las FARC.
También hubo un hostigamiento armado el 6 de marzo en Aracataca, Magdalena, en el resguardo indígena Serankua, por enfrentamientos entre el EGC y las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
En los territorios de Antioquia, Caquetá, Valle del Cauca, Guaviare, Meta, Urabá, Huila, Nariño y Norte de Santander hubo denuncias por presiones de grupos armados a favor de ciertas candidaturas.
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