Proceso contra Roberto Prieto en Procuraduría sigue abierto

La investigación disciplinaria contra Roberto Prieto en la Procuraduría, por un supuesto conflicto de intereses en el que habría podido incurrir, está en firme. Así lo determinó el organismo de control ante una petición del abogado de Prieto, Bladimir Cuadro, quien había solicitado “la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 14 de agosto” del año pasado, es decir, desde el día en que se abrió investigación contra el exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos.

(Vea: “Al parecer gestionó intereses particulares”: Procuraduría sobre Roberto Prieto)

Lo que indaga la Procuraduría es si Prieto, cuando era director ejecutivo del BID para Colombia, realizó gestiones irregulares para lograr que la empresa de su familia, Marketmedios, fuera la beneficiaria de contratos con el Ministerio de Transporte que se soportaban con recursos del BID.

“Se advierte que el señor José Roberto Prieto Uribe, quien fungió como director ejecutivo por Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo, al parecer gestionó intereses particulares mediante servicios de asistencia, representación y/o asesoría en asuntos relacionados con la contratación adelantada por entidades del Estado y especialmente en aquellas que suscribieron contratos de empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo”, señaló la Procuraduría en el auto de apertura de la investigación.

Hace poco se supo que Prieto envió unas comunicaciones al BID pidiendo que fuera su comité de ética el que evaluara su desempeño, argumentando que él, como exfuncionario del BID, estaba protegido por una especie de inmunidad diplomática pues no había sido empleado del Estado. La respuesta del BID fue un aviso en medios en el que expresaba que esa inmunidad invocada por Prieto sólo operaba durante el periodo que los directores se mantenían en su cargo “y en el ejercicio legítimo de sus funciones”.

Ayer, precisamente, se conoció además que la Fiscalía investigará formalmente a Prieto por, al parecer, haber recibido un soborno de $650 millones a través de una empresa fantasma, a cambio de hacer lobby ante la ANI para favorecer a Yuma Concesionaria, la cual tiene a cargo la construcción de la Ruta del Sol III. Según la Fiscalía, el lobby de Prieto llevó a que la ANI aprobara otrosí para construir un puente en Plato (Magdalena) que costó más de $5.780 millones.  Los representantes legales de Yuma y de Impregilo, su principal socio, fueron llamados a interrogatorio.

La investigación disciplinaria contra Roberto Prieto en la Procuraduría, por un supuesto conflicto de intereses en el que habría podido incurrir, está en firme. Así lo determinó el organismo de control ante una petición del abogado de Prieto, Bladimir Cuadro, quien había solicitado “la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 14 de agosto” del año pasado, es decir, desde el día en que se abrió investigación contra el exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos.

(Vea: “Al parecer gestionó intereses particulares”: Procuraduría sobre Roberto Prieto)

Lo que indaga la Procuraduría es si Prieto, cuando era director ejecutivo del BID para Colombia, realizó gestiones irregulares para lograr que la empresa de su familia, Marketmedios, fuera la beneficiaria de contratos con el Ministerio de Transporte que se soportaban con recursos del BID.

“Se advierte que el señor José Roberto Prieto Uribe, quien fungió como director ejecutivo por Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo, al parecer gestionó intereses particulares mediante servicios de asistencia, representación y/o asesoría en asuntos relacionados con la contratación adelantada por entidades del Estado y especialmente en aquellas que suscribieron contratos de empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo”, señaló la Procuraduría en el auto de apertura de la investigación.

Hace poco se supo que Prieto envió unas comunicaciones al BID pidiendo que fuera su comité de ética el que evaluara su desempeño, argumentando que él, como exfuncionario del BID, estaba protegido por una especie de inmunidad diplomática pues no había sido empleado del Estado. La respuesta del BID fue un aviso en medios en el que expresaba que esa inmunidad invocada por Prieto sólo operaba durante el periodo que los directores se mantenían en su cargo “y en el ejercicio legítimo de sus funciones”.

Ayer, precisamente, se conoció además que la Fiscalía investigará formalmente a Prieto por, al parecer, haber recibido un soborno de $650 millones a través de una empresa fantasma, a cambio de hacer lobby ante la ANI para favorecer a Yuma Concesionaria, la cual tiene a cargo la construcción de la Ruta del Sol III. Según la Fiscalía, el lobby de Prieto llevó a que la ANI aprobara otrosí para construir un puente en Plato (Magdalena) que costó más de $5.780 millones.  Los representantes legales de Yuma y de Impregilo, su principal socio, fueron llamados a interrogatorio.