Proceso disciplinario contra policías involucrados en la muerte del grafitero sigue en pie

El 19 de agosto de 2011, Diego Felipe Becerra fue asesinado por el patrullero de la Policía, patrullero Wilmer Antonio Alarcón, quien ya fue condenado. / Archivo

El proceso disciplinario contra seis agentes de la Policía por el asesinato de Diego Felipe Becerra, más conocido como el grafitero, pese a que la Procuraduría ya los absolvió, debe revisarse. Asi lo estableció la Corte Constitucional, el pasado 21 de julio, después de revisar una tutela que presentaron los padres del joven que murió el 19 de agosto de 2011 en Bogotá, para que el Ministerio Público los considerara parte del proceso y pudieran apelar la decisión de absolver a los uniformados. (Caso grafitero: en manos de la Corte Constitucional sanción a coroneles de la Policía)

De acuerdo con la sentencia, que tuvo como ponente a la magistrada Cristina Pardo, Liliana Lizarazo Flórez y Gustavo Arley Trejos, los padres de Diego Felipe Becerra, le pidieron a la Procuraduría en más de dos ocasiones que los considerara sujetos procesales dentro de la investigación disciplinaria. Esta figura les permitía conocer el avance del proceso, las decisiones, el fallo final y les daba la posibilidad de apelar la decisión. La familia argumentó que, al ser víctimas de lo sucedido, y el hecho de que a raíz de la muerte de su hijo recibieran toda la clase de amenazas, eran suficiente para participar del proceso. (Caso grafitero: Muerte de Diego Felipe Becerra "no fue un accidente")

Sin embargo, la Procuraduría delegada para la Policía, que está en cabeza de Jaime Mejía Ossman, negó la solicitud. Cuando el 18 de agosto del año pasado, un día antes de que se cumplieran cinco años de la muerte de Diego Felipe Becerra, el Ministerio Público anunció que iba a absolver a los agentes de la Policía involucrados en el asesinato, Liliana Lizarazo y Gustavo Trejos, insistieron en que querían conocer la decisión para poder apelar y llevar hasta la última instancia a quienes ellos consideran los responsables de la muerte de su hijo. (Crimen de Diego Felipe Becerra: cinco años de montajes, dilaciones y condenas)

Para la Corte Constitucional “resulta claro que en esta ocasión al ser las conductas investigadas faltas disciplinarias que constituyen violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los señores Liliana Lizarazo Flórez y Gustavo Arley Trejos, en su condición de padres del menor asesinado, sobrevienen víctimas o perjudicados de tales conductas y por tanto son de hecho sujetos procesales y titulares de las facultades (…) como interponer los recursos de ley”. (El rol de los coroneles que quedaron en libertad en el caso grafitero)

El alto tribunal, además de proteger los derechos al debido proceso y al acceso de justicia de la pareja, le ordenó a la Procuraduría a que, en cinco días después de la notificación del fallo, reconozca que Liliana Lizarazo y Gustavo Arley son víctimas en el proceso y a que acepte el recurso de apelación que ya habían presentado. De esta manera, el proceso disciplinario contra el coronel José Javier Vivas Báez, el teniente coronel Nelson de Jesús Arévalo, el subteniente Rosemberg Madrid Orozco, el subintendente Juan Carlos Leal Barrero, el patrullero Nelson Daniel Rodríguez Castillo y el patrullero Fredy Esneider Navarrete Rodríguez, sigue su camino hacia la segunda instancia.  

La teoría de la participación de la Policía en este caso, está todavía materia de investigación. Sin embargo, la justicia ya se ha encargado de dar algunas luces. El pasado 18 de enero, el Juzgado 48 de conocimiento de Bogotá condenó, en primera instancia, a 37 años y seis meses de prisión al patrullero Wilmer Antonio Alarcón por su responsabilidad en el homicidio.  Lo que las autoridades han logrado determinar en este caso es que el 19 de agosto de 2011, a las 10:15 p.m., el patrullero Alarcón le disparó a Diego Becerra, en inmediaciones de la calle 116 con avenida Boyacá. El joven de 16 años fue trasladado a la Clínica Shaio, pero sin signos vitales.

Horas después, en la madrugada, apareció una pistola Sterling en la escena del crimen que, según la Policía, fue usada por el joven, a quien acusaron de haber asaltado una buseta. Cinco días después, cuando circulaba en los medios el testimonio del conductor Jorge Narváez asegurando haber sido víctima del robo, se conoció el dictamen de Medicina Legal, según el cual Becerra no manipuló un arma de fuego el día de su muerte. El caso pasó a la justicia militar, pero por petición de Naciones Unidas volvió al sistema ordinario.

La Fiscalía siguió con la investigación del caso y en 2013, el CTI capturó a los coroneles José Javier Vivas y Nelson de Jesús Arévalo, subcomandante de la Policía de Bogotá y comandante de la estación de Suba, respectivamente, y en julio de ese año, un fiscal delegado ante la Corte Suprema llamó a interrogatorio al general Francisco Patiño, excomandante de la Policía de Bogotá, por estos hechos. Pero el tiempo ha jugado en contra del proceso de los vinculados. La mayoría ha quedado en libertad por vencimiento de términos, entre ellos quien asesoraba jurídicamente a la Policía, Héctor Ruiz, a quien lo acusaban de estar involucrado en el montaje.

De los casos que más avanzado, además del patrullero Alarcón, está el de sus compañeros Freddy Navarrete y Nelson Rodríguez que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y aceptaron su responsabilidad en el encubrimiento del crimen y fueron condenados a cuatro años de prisión. El patrullero Giovanny Tovar también consiguió un trato con el ente investigador. Reveló cómo consiguió el arma que se plantó en la escena del crimen y sería condenado a ocho años de cárcel. Asimismo, se logró el avance más claro en el proceso: la justicia administrativa condenó a la Policía y al Ministerio de Defensa por la muerte del grafitero y señaló que hubo un montaje en el que participaron civiles y policías.