4 Dec 2020 - 5:24 p. m.

Procuraduría abre investigación a directivas de la cárcel La Modelo por matanza de marzo

Aunque, al parecer, había varias alertas dentro de la misma entidad y llamados a prepararse para un motín, el director de la prisión se fue de descanso el sábado 21 de marzo. El Ministerio Público busca establecer si diseñaron un plan para atender un eventual desorden y si los reclusos lograron robar armas en medio del amotinamiento.

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra Carlos Augusto Hincapié Franco y el mayor Jorge Gama Doza, quienes para la noche del 21 de marzo pasado eran el director y subdirector de la cárcel La Modelo de Bogotá. Ese día, en hechos que aún están por esclarecerse, una protesta de los reclusos exigiendo medidas del Gobierno por la pandemia del COVID-19 se tornó violenta y 24 internos resultaron muertos. La decisión del Ministerio Público, en poder de El Espectador, también cobija a la comandante de vigilancia del penal, la teniente Elizabeth Vergara.

(En contexto: Lo que cuentan las necropsias de los 24 muertos del motín en la cárcel La Modelo)

Tal como había revelado Human Rights Watch, las necropsias de 23 de los 24 reclusos fallecidos dan cuenta de que murieron por heridas de bala. Sin embargo, según el documento de la Procuraduría, “dada la urgencia de suministrar armamento al personal de guardia y custodia para apoyar de inmediato la novedad presentada, el armamento entregado no fue relacionado al momento de su entrega o de su devolución”. Es decir, no se sabe con certeza qué uniformado tuvo cuál arma y la disparó, “situación que hace imposible establecer la responsabilidad individual de los autores frente a las muertes ocasionadas”, según el Ministerio Público.

Además, los testimonios recopilados por la Procuraduría dan cuenta de que, como había contado El Espectador, un grupo de reclusos le arrebataron un fusil al auxiliar de guardia que custodiaba una de las garitas del penal. Y, asimismo, como contó este diario, que esa noche no se encontraban laborando todos los guardias dado que habían entrado en aislamiento por el nuevo coronavirus, aunque, dice el documento del Ministerio Público, “el déficit de guardia en la cárcel es muy alto de acuerdo a los privados de la libertad que están allí”. No obstante, en la prisión habían pedido refuerzos en caso de necesitarse y esa noche, en efecto, uniformados del Comando de Remisiones (Cores) ingresaron al penal.

(En contexto: “Muertes de detenidos en La Modelo habrían sido intencionales”, Human Rights Watch)

La apertura de investigación se basa en varias pruebas, entre las que se encuentran actas del Inpec de las reuniones que tuvieron con los directores de todas las cárceles cuando comenzaba la pandemia. En una de ellas, del 19 de marzo, dos días antes de los hechos, se lee: “Este fin de semana va a ser complicado, es importante socializar muy bien las medidas, para muchos no va a ser muy fácil de entender la situación que vive el país; este fin de semana los directores de las cárceles deben estar muy pendientes, tenemos que estar al frente de los establecimientos, por la situación crítica que se está viviendo, ya deben haber coordinado con Policía y Ejército el apoyo en caso de presentarse un amotinamiento”.

Para ese momento, en cárceles de Italia, Argentina y Brasil ya se habían presentado motines, pues los presos se rehusaban a vivir la pandemia en cárceles hacinadas y con precarios sistemas de salud. En ese contexto, el 18 de marzo el comandante de Vigilancia del Inpec les escribió a sus homólogos en cada de una de las 132 cárceles que custodia la entidad: “se requiere a los destinatarios del presente documento reunir el consejo de seguridad y diseñar un plan de contingencia con miras a atender, reducir y mitigar cualquier brote de disciplinaria”. En La Modelo, la planeación se realizó, según consta en documentos que están en poder de la Procuraduría.

No obstante, ese sábado el director Hincapié se fue de descanso y dejó en su reemplazo al subdirector Gama. Es por todo esto que la Procuraduría, “teniendo en cuenta que los directores de los establecimientos debían desplegar las gestiones necesarias frente a la situación de COVID-19 y socializar las medidas entre otros, con los privados de la libertad, y que el comando de custodia y vigilancia debía garantizar la seguridad del establecimiento carcelario, se ordenará la apertura de investigación”. Para ello, entonces, les pidió pruebas al Inpec, a la Fiscalía y a Medicina Legal.

(Lea también: El fallido motín de la cárcel Modelo que acabó en matanza)

El Inpec deberá allegar el cuadro de mando de seguridad de esa noche, así como responder a 19 interrogantes como: ¿Cuál fue el pie de fuerza disponible para el día 21 de marzo?, ¿cómo se socializaron las medidas del COVID-19 con los privados de la libertad?, ¿qué acciones tomaron respecto de los presuntos rumores que circulaban en redes sociales referente a un presunto cacerolazo y plan de fuga? Asimismo, deberá informar si los reclusos que protestaban esa noche llegaron hasta el cuarto de armamento, entre otras preguntas clave.

Como la Fiscalía también ha avanzado en sus propias investigaciones, la Procuraduría les pidió copia de los documentos y pruebas que han obtenido a la fecha. Y, por último, ordenó realizar una visita a Medicina Legal, “con la finalidad de allegar los protocolos de necropsias debidamente firmados de las personas fallecidas con ocasión de los hechos ocurridos los días 21 y 22 de marzo de 2020”, en La Modelo. Solo hasta que finalicen todas estas diligencias el Ministerio Público podrá establecer si se infringieron normas y, en caso de que sí, podría llamar a juicio disciplinario a los eventuales responsables.

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